En el marco de la conmemoración del 9 de abril, fecha en la que hace 73 años fue asesinado el caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá, también se recuerda a las víctimas del conflicto armado, de hecho, desde 2011 se decretó este día como el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado en Colombia.
Lo anterior, gracias a la ley 1448 de 2011, la cual creó en Colombia un sistema para proteger, asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas del conflicto en el país. Le apunta a que todas las instituciones del país ayuden a la víctimas a sanar las heridas que les han dejado varias décadas de conflicto armado.
La reparación integral a las víctimas implica no sólo una indemnización monetaria o la restitución de unos bienes, sino un acompañamiento del Estado en materia de educación, salud, vivienda, programas de empleo y generación de ingresos, entre otros, así como acciones para devolverles su dignidad, su memoria, recuperar la verdad y crear las condiciones para que hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse.
Esta ley ampara no sólo a quienes sufrieron desplazamiento forzado, despojo o abandono forzado de tierras sino también homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzada, reclutamiento de menores, minas antipersona y delitos contra la libertad sexual.
Así mismo, tiene en cuenta un enfoque diferencial pues reconoce que las personas que por su edad, género, grupo étnico, o situación de discapacidad han sufrido con mayor rigor los efectos del conflicto, deben recibir igualmente un tratamiento especial en materia de atención, asistencia y reparación.
De acuerdo con las cifras del Registro Único de Víctimas, se han reconocido a 9′113.500 personas que fueron violentadas, en el marco del conflicto armado que ha vivido el país por más de medio siglo.
La Ley de Víctimas, que fue promulgada en el 2011, fue en su momento una de las medidas de superación de conflictos más avanzadas en el mundo. Esta norma reconoció el conflicto armado interno en el país, definió la condición de víctimas y se propuso en diez años otorgar reparación.
En vista del débil cumplimiento de los mandatos, la Corte Constitucional solicitó al Congreso ampliarla por otros diez años para avanzar en la reparación. El 17 de noviembre de 2020, después de un año y un mes de debate, finalmente el Congreso aprobó la prórroga de la Ley de Víctimas que había ordenado la Corte, por diez años para proteger a más de nueve millones de personas que han sido acreditadas como víctimas.
La iniciativa fue autoría de la representante María José Pizarro, de la coalición Decentes, y John Jairo Hoyos García, del Partido de la U, para dar cumplimiento a la Sentencia C-588 de 2019 de la Corte Constitucional.
La aprobación también prorroga la vigencia de los Decretos Reglamentarios Ley 4633, 4634 y 4635, a través de los cuales se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución tierras a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, comunidades indígenas y gitanos.
- Le puede interesar: Hunden proyecto del Centro Democrático que buscaba proteger los páramos
Desde el año 2012 la Contraloría General de la República a los recursos de esta ley, hasta 2019 se encontraron posibles detrimentos patrimoniales por $35.941 millones de pesos.
El órgano de control ha reiterado que la Ley de Víctimas está desfinanciada. Calcula que hasta el año 2030 el Gobierno Nacional debe invertir unos $357 billones para los más de 9 millones de colombianos incluidos en el Registro Nacional de Víctimas y las mayores inversiones están relacionadas con los temas de vivienda (cerca de $24 billones) y alimentación (por un monto similar).
También ha advertido que los decretos leyes étnicos se encuentran desfinanciados y hay más de 483 sujetos étnicos, de los cuales solo el 10% ha sido reparado, manifestó el Contralor Delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón.
