En el salón Constitución del Congreso de la República se radicó formalmente la ley de sujeción a la justicia ordinaria para bandas criminales, esto luego de que obtuviera concepto favorable, aunque con observaciones, por parte del Consejo Superior de Política Criminal.
Fue el mismo ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien acompañado por su homólogo del ministerio del Interior Alfonso Prada, presentó el documento final ante la secretaría del Senado en donde el presidente de la corporación Roy Barreras destacó el trabajo de concertación y diálogo que adelantó para conciliar las recomendaciones tanto de la Fiscalía General como de la Procuraduría.
El Proyecto de Ley ‘por el cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto’, también conocida como ‘Ley de Sometimiento’, busca adelantar diálogos con grupos armados en todo el territorio nacional y avanzar así hacia la ‘paz total’ que se convirtió en la principal bandera de Gustavo Petro.
“El Gobierno les ofrece imponerles la pena ordinaria (...) y sustituirla por una pena de entre 6 y 8 años de prisión efectiva, sin rebajas en una cárcel y 4 años posteriores de libertad condicional”, explicó el ministro Osuna Néstor Osuna quien además aseguró que no se daría estatus político a ninguna organización de este tipo.
Para las organizaciones que se sometan el proyecto de ley también contempla que puedan conservar hasta el 6% de los bienes o recursos producto de sus actividades irregulares, mientras que el 94% será entregado al gobierno nacional para reparar económicamente a las víctimas de la violencia.
“Esa organización autodenominada Clan del Golfo o Gaitanista, tiene también en esta ley una oportunidad de obtener beneficios. Para ellos y a las otras organizaciones criminales el mensaje es claro: ‘Señores narcos, salven sus vidas y denle a Colombia la oportunidad de la paz acogiéndose a esta ley’”, refirió por su parte el presidente del Senado Roy Barreras.
Por su parte el Ministro del Interior Alfonso Prada hizo la claridad de que no se trata de ninguna negociación con los delincuentes del país sino de una oportunidad para que dejen la vida del crimen y, a cambio de algunos beneficios, cumplan las condenas que se requiera por sus actuaciones
“Hay una sujeción, no una negociación de paz. Aquí estamos frente a organizaciones, estructuras del crimen que se mueven en la economía ilegal, por eso no hay diálogo ni negociación. No hay ningún tipo de diálogo ni ningún tipo de prebenda al narcotráfico”, acotó Prada.
