El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, ha sido protagónico en el Congreso de la República para sacar adelante varias reformas clave en los objetivos del Gobierno, como por ejemplo la ratificación del Acuerdo de Escazú, la aprobación de la tributaria y por supuesto, la llamada ley de paz total.
En entrevista exclusiva con Kienyke.com para el especial de los 100 días del Gobierno, el político hizo un balance de esta ley, que hace poco tuvo un triunfo arrollador en el Congreso y es determinante para los objetivos de paz del gobierno al brindar herramientas de negociación con grupos armados al margen de la ley y grupos de crimen de alto impacto, así como blinda los acuerdos alcanzados con las Farc, crea las llamadas regiones de paz y una nueva alternativa al servicio militar obligatorio.
Pregunta: ¿Qué significa para Colombia la aprobación final de la paz total?
Iván Cepeda: Fue aprobada en el Congreso la ley que dota a un gobierno de la política más amplia y sólida en materia de paz. La política de paz total es una política que tiene dimensiones y alcances que no había tenido ninguna política de paz en Colombia. En primer lugar, es una política que busca resolver no solamente el conflicto armado y la violencia armada, sino las causas sociales y económicas que tiene el conflicto mediante la implementación, por ejemplo, de la reforma rural integral.
En segundo lugar, es una política de paz que no solo implica la negociación con grupos políticos que están en armas, como el ELN, sino también una amplia política de acogimiento a la justicia para organizaciones y estructuras ligadas a economías ilegales de alto impacto como el narcotráfico y la minería ilegal.
Esta es una política que compromete a todo el Estado, que plantea claramente que todas sus instituciones y agencias deben estar comprometidas con aspectos de la política de paz y que si un gobierno termina dejando listo un acuerdo de paz o un proceso que no se haya cerrado, el siguiente gobierno deberá darle cumplimiento o continuidad.
P: Todo esto llega en plena reanudación de diálogos con el ELN ¿Cuál será el principal reto que enfrentará el gobierno en esta mesa?
IC: Fundamentalmente adelantar y llevar a un punto final y exitoso el proceso que ya se había iniciado durante los gobiernos del expresidente Santos e incluso desde antes. Como se sabe, allí se llegó a una agenda que plantea unos puntos concretos para lograr resolver el conflicto armado con el Ejército de Liberación Nacional.
Esa agenda, tanto el gobierno como el ELN coinciden en que debe seguir siendo el punto de referencia del debate o del diálogo de paz y por lo tanto los trabajos que van a reiniciarse pronto, van a girar en torno a esa agenda.
P: El gobierno ha dicho que aplicará los protocolos de negociación desarrollados en La Habana, ¿cómo funcionará esto?
IC: Aquí hay una base de referencia que es toda la labor que se adelantó, que se va a preservar y que tiene una agenda en torno a unos protocolos para hacer un cese bilateral, para avanzar en la participación de la sociedad en los diálogos y lograr las transformaciones que se requieren para superar el conflicto armado.
Entonces, allí hay un trabajo que va a ser utilizado. Pero por supuesto hay que actualizar esos avances, habrá que realizar los ajustes a los que haya lugar y eso será seguramente uno de los primeros temas que serán abordados en la mesa de conversación.
P: ¿Cómo funcionará esa facultad del gobierno para establecer diálogos con grupos de crimen de alto impacto? ¿Qué va a pasar y qué no va a pasar?
Senador: Lo que está pasando es que ya hay unos contactos que viene desarrollando el Alto Comisionado para la paz y que buscan precisar cuáles son los grupos y organizaciones con los que se va a llevar a cabo este proceso, qué voluntad tienen realmente de avanzar y cuáles van a ser los parámetros legales que van a servir como marco para esos procesos.
Se ha hablado de la ley de acogimiento o sometimiento a la justicia, que va a ser próximamente llevada ante el Congreso para ser discutida y adoptada.
P: ¿Cuál será esa diferencia entre sentarse a negociar con grupos armados con origen político y grupos de crimen de alto impacto?
Senador: Esa diferencia está claramente definida en la ley que acaba de ser aprobada por el Congreso, ahí se dice que con algunos grupos habrá una negociación política, entre ellos el ELN. En el caso de los grupos que están ligados exclusivamente a economías ilícitas de alto impacto, lo que habrá es un proceso en el cual ellos nombran voceros y el gobierno, a través de la Fiscalía General, se sienta a pactar rápidamente bajo qué condiciones específicas y en qué calendario se producirá ese acogimiento a la justicia.
Esas condiciones quedarán claramente estipuladas en la ley que será sometida al Congreso. Se trata de un proceso mediante el cual la organización se desmantela, los integrantes de la organización entregan las armas y se produce la judicialización en determinadas condiciones de personas que integran ese grupo. Ahí no hay un acuerdo de participación política, aunque obviamente el Estado ofrecerá condiciones para que hagan ese tránsito a la vida legal y hará presencia en los territorios que abandonen estos grupos.
P: Es decir, senador, que se tratará de justicia ordinaria y no transicional.
Senador: Ese es el camino. Existen grupos que se han sometido a la justicia en el pasado y que utilizaron el sistema de Justicia y Paz. Podría utilizarse para algunos de esos grupos los mecanismos de Justicia y Paz, pero en general va a ser utilizada la justicia ordinaria. Obviamente en condiciones especiales, porque de eso se trata la ley de sometimiento o acogimiento a la justicia. Dando una serie de prerrogativas o beneficios que permitan hacer el tránsito a la vida legal.
P: Otro punto, además reafirmado por el ministro Prada, es un nuevo blindaje a los acuerdos con las FARC, ¿qué pasará con estos?
IC: Se ha dicho que la implementación del acuerdo de 2016 entre el Gobierno y lo que era la guerrilla de las Farc, es la base sobre la cual construimos la paz total. Así que el gobierno le da a las tareas de implementación la mayor importancia, entre ellas, en primer lugar, a la reforma rural integral.
La ministra Cecilia López ha presentado ya un plan para que se desarrolle y comience la reforma rural integral. Se trata de cumplir con la formalización de más de siete millones de hectáreas y la entrega, para que se conviertan en tierra productiva, de otras tres millones de hectáreas a campesinos y pobladores rurales que no tienen tierra o que tienen muy poca Para eso, ya se están entregando a organizaciones campesinas y a campesinos con organizaciones o cooperativas, tierras que están en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entre otras medidas.
Igualmente, se está tramitando la ley para cumplir con el acuerdo del segundo punto, que es la reforma política y está avanzando la JEP para que se cumpla con las víctimas. El Alto Comisionado para la Paz también ha comenzado a activar todas las instituciones clave para lograr en estos cuatro años que se cumpla al máximo la implementación del acuerdo.
P: Ya va reforma tributaria, paz total, y se alistan otros proyectos en los que el gobierno se jugará capital político, ¿cree que estarán los apoyos para todas las reformas que se necesitan?
IC: Hasta ahora la coalición que hay en el Congreso ha funcionado de una manera eficaz y eficiente, se ha podido tramitar en poco tiempo un conjunto de leyes y yo espero que esa coalición tenga larga vida y siga rindiendo frutos. Estamos en eso y hay condiciones para seguir avanzando en esas reformas que son indispensables.
P: Hay un proyecto que tiene que ver con amnistiar a varios jóvenes procesados o condenados por temas relacionados con la protesta social, ¿usted cree que esto hace parte de la paz total?
IC: Es un aspecto importante porque atañe al derecho que tienen los jóvenes de participar en la vida política y eso deben poder hacerlo sin ser perseguidos o judicializados. Por supuesto, que quien comete un delito tiene que responder ante la justicia, pero no es un delito protestar.
Nosotros vemos que hay jóvenes que han sido llevados injustamente a la cárcel. Vamos a hacer lo necesario para que esos jóvenes recuperen sus derechos, obviamente sin vulnerar la ley o pasar por encima de los aparatos de justicia. Aquí se van a explorar múltiples vías por el camino legislativo, pero también utilizando otras herramientas que nos da la constitución y la ley para lograr ese propósito.
P: Pasando de la teoría a la práctica, ¿cómo van a funcionar las nuevas “Regiones de paz”?
IC: En cada una de las regiones de paz, que deben ser definidas y designadas por el comisionado de paz (en un comienzo se habló de nueve), habrá una política muy clara para lograr el fin del conflicto armado, la implementación de los acuerdos de paz, el surgimiento de una presencia del Estado de carácter social, la reforma rural integral, la presencia el servicio social para la paz y la conjunción de todas las herramientas que hay para que logremos transitar a la paz.
P: ¿Cuál será entonces ahora el rol de los jóvenes en este tránsito, tras la creación del servicio social para la paz?
IC: Participar activamente. El servicio social para la paz se va a implementar de una manera gradual, no se va a crear de un momento a otro, pero se va a ir introduciendo esa práctica hasta llegar a ofrecer a los jóvenes la alternativa de que puedan todos, en el momento que se vean llamados a prestar el servicio militar, tomar la decisión de si quieren participar de las modalidades que ofrece el servicio social para la paz (que son 11).
P: ¿Cuál es el principal reto para la paz total en Colombia?
IC: Fundamentalmente, es lograr que de manera global y simultánea todos estos esfuerzos que estamos desarrollando tengan éxito: la reforma rural integral, la implementación del acuerdo de paz, el acuerdo con el ELN y comenzar a implementarlo, lograr que se desactiven grupos que tienen un impacto importante en ciudades y zonas rurales, avanzar hacia la paz territorial, construir modelos de desarrollo territorial exitosos, en fin, el conjunto de la política es lo que debe tener éxito.
Están sentadas las bases para trabajar intensamente en estos años para construir la paz, ya no hablamos de una promesa, de un diseño o una idea, hablamos de realidades: hay una ley, unos procesos que están en curso y unas acciones de reforma integral muy claras. Estamos pasando de los discursos a la práctica.
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