El reciente anuncio del gobierno sobre el drástico recorte del 37% en el presupuesto para la educación superior para el año 2025 no solo es una mala noticia para los estudiantes, sino también para todo el país. La educación es un Derecho fundamental, no un lujo del que se pueda cortar cuando las cuentas no cuadran. Y el recorte anunciado, lejos de ser una medida justa, refleja una total falta de visión a largo plazo y un desprecio por el futuro de los colombianos.
El recorte de 2.7 billones de pesos en educación para el próximo año no solo impacta la capacidad de las universidades públicas para seguir funcionando, sino que pone en peligro el acceso de los jóvenes de familias de bajos recursos a la educación superior. El gobierno, en su afán por “ajustar las finanzas”, ha optado por sacrificar la educación, un sector que debería ser prioritario en cualquier agenda política. El ministro Daniel Rojas ya ha avisado que, sin la Ley de Financiamiento, la situación podría ser aún más grave, afectando a Icetex y los programas de crédito educativo que, aunque imperfectos, son la única oportunidad que muchos jóvenes tienen para seguir sus estudios.
Este recorte significa menos recursos para becas, menos recursos para investigación, menos oportunidades para quienes más lo necesitan. Colombia, un país con una de las brechas sociales más grandes de América Latina, está decidiendo poner en riesgo el futuro de miles de jóvenes, condenándolos a un destino de desigualdad y pobreza. Y no es solo una cuestión económica; estamos hablando de Derechos humanos.
El gobierno parece ignorar que la educación no es un gasto, sino una inversión en el futuro del país. Recortar el presupuesto educativo en medio de una crisis económica es como cerrar las puertas del futuro a miles de jóvenes que hoy ven en la educación la única forma de mejorar su calidad de vida. No solo estamos sacrificando el futuro de los jóvenes, sino también el de nuestra nación. En lugar de fortalecer la educación como herramienta de movilidad social, el gobierno actual prefiere recortar y restringir, sin importar las consecuencias sociales a largo plazo.
Es irónico, y profundamente frustrante, ver cómo el gobierno de Petro, que en su discurso se presenta como el defensor de los más vulnerables, recorta precisamente en áreas que afectan a estos sectores. La pobreza en Colombia es un lastre histórico, y la única forma real de combatirla es invirtiendo en educación, en programas de formación profesional, en becas y en un sistema educativo inclusivo. Pero no, el gobierno opta por recortar el presupuesto educativo y destinar los recursos a cubrir su creciente burocracia y deuda externa. Y antes que me saquen a relucir los de “matricula cero” recordemos que él no fue quien la lanzó.
Este recorte es una sentencia de muerte para las oportunidades de miles de jóvenes colombianos. Ya sabemos que el acceso a la educación superior en Colombia está lejos de ser equitativo, y con estos recortes, la brecha solo se ampliará. Los niños y adolescentes de las zonas rurales y los sectores más vulnerables, que ya enfrentan obstáculos insalvables para acceder a una educación de calidad, se verán aún más relegados.
El gobierno de Gustavo Petro ha demostrado, con esta medida, que las promesas de cambio y de justicia social no son más que palabras vacías. La educación debería ser un pilar fundamental del desarrollo de cualquier país, pero en Colombia, parece que no está ni cerca de ser una prioridad. En lugar de buscar soluciones creativas y eficaces a la crisis fiscal, el gobierno elige recortar lo que es más fácil, lo que más afecta a la gente vulnerable, lo que mantiene a las futuras generaciones atrapadas en la pobreza.
Es urgente que, como sociedad, reaccionemos ante estos recortes. No podemos permitir que el gobierno destruya las oportunidades de miles de jóvenes en nombre de un ajuste fiscal que solo busca tapar el desorden financiero del Estado. La educación no es un lujo, es un derecho, y debemos exigir que el gobierno asuma su responsabilidad de garantizar una educación de calidad para todos, sin importar su clase social, sin importar su lugar de residencia.
El recorte a la educación superior es una de las decisiones más irresponsables que el gobierno de Petro ha tomado. Nos están robando el futuro. Y la única forma de evitarlo es levantarnos y exigir lo que es nuestro: una educación pública, gratuita y de calidad. Porque sin educación, no hay progreso, no hay esperanza y no hay futuro.
