El Congreso de la República decidió archivar el proyecto de ley que pretendía regular las plataformas de transporte para equilibrar la competencia que hay entre taxistas y conductores de diferentes aplicaciones como Uber, DiDi y Cabify.
El gremio de taxistas en Colombia había anunciado un paro nacional para pedir el hundimiento de este proyecto, de tal manera que en la Comisión VI de la Cámara de Representantes se archivó la iniciativa.
"Lamento que amenaza de paro taxista detonara este proyecto. Falta de reglamentación perjudica a taxis que siguen en competencia injusta, conductores perseguidos, usuarios sin protección #PlataformasReguladasYA", expresó el representante Mauricio Toro, autor del proyecto.
Toro anunció que insistirá en la iniciativa y la volverá a presentar el 20 de julio. Dijo que espera contar con el apoyo de más congresistas para que el debate por la regulación de las plataformas de transporte avance.
Es fundamental señalar que, el proyecto se basaba en pilares como que las mismas pólizas que compran los taxis las tengan que adquirir las plataformas.
La norma planteaba medidas de libertad tarifaria, por lo que se eliminará el conteo por taxímetros y se da paso a una propuesta de tarifa que el usuario del servicio podrá tomar o no.
También se proponía la creación de un fondo de compensación de cupos y que alrededor de 1% se vaya alimentar del fondo para proteger la inversión que hicieron los taxistas. Y que las plataformas tuvieran la obligación de pagar impuestos.
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De acuerdo con las cifras presentadas por el representante, el sector de las plataformas de transporte cuenta con más de 300.000 socios conductores, quienes ofrecen sus servicios a 2 millones de personas. Pese a que aportan el 0,3% del PIB no tienen un marco regulatorio definido que es lo que se busca en el Congreso de la República.
A Toro ya lo habían amenazado y denunciado por este proyecto de ley, la "La Mancha Amarilla" lo acusó por el "delito de violación a la Constitución por prevaricato" el 8 de enero del 2021, la Procuraduría por ser una denuncia penal la remitió a la Corte Suprema de Justicia.
La segunda acción fue interpuesta por Hugo Ospina, tiene tres pretensiones: (1) sancionar disciplinariamente al representante Toro por favorecer a las Plataformas que han "sido declaradas ilegales", (2) que el Consejo Nacional Electoral verifique si alguna plataforma financió su campaña a la Cámara de Representantes y (3) identificar si hay conflicto de interés, para que el Consejo de Estado lo sancione con la pérdida de su curul.
Sobre la financiación, el congresista ha declarado que es falso, y sus cuentas de campaña son de público acceso en la página web de la Registraduría, y que los demandantes no han presentado ni una sola prueba.
