El revuelo que generó el encuentro entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, reabrió el debate sobre la extensión de esta entidad creada en el Acuerdo de Paz y que finalizará su trabajo en noviembre de este año.
En el marco del acuerdo suscrito se creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, como un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición - SIVJRNR, para conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad.
El próximo 28 de noviembre la Comisión presentará su informe final, el cual es el eje central de su mandato y finaliza el mismo, pues recopilará testimonios de todas las orillas para entender qué pasó en el conflicto para que escalara la violencia de la manera en que lo hizo. Por tal razón ha estado escuchando a exparamilitares, exguerrilleros, políticos y víctimas involucradas en este tormentoso capítulo de la violencia en el país.
Ante ese panorama, el presidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco de Roux, le solicitó a la Corte Constitucional que acoja los argumentos de una demanda presentada por varias organizaciones que busca extender el mandato de la entidad -que originalmente es de tres años-, bajo el entendido de que no se debería contabilizar el tiempo que duró el estado de emergencia sanitaria decretada por la pandemia de covid-19.
En una carta, De Roux le explicó su postura al alto tribunal. Según se lee en el documento, el padre resaltó la responsabilidad que tiene esta entidad dentro del Sistema Integral de Paz, creado a partir de lo pactado en Cuba entre la antigua guerrilla de las FARC y el Gobierno Nacional. De hecho, reseñó que cobija a otras dos organizaciones: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
El presidente de la Comisión argumentó que avanzar hacia la construcción de un futuro compartido desde la diferencia requiere satisfacer el derecho de miles de víctimas a ser escuchadas, tarea que debe cumplir a cabalidad la entidad que preside.
"De lo contrario, el aporte sustancial del Sistema Integral para la Paz, que es central en la Constitución, quedaría incompleto", añadió De Roux.
Además, la Comisión sostuvo que su trabajo se vio duramente golpeado en medio de la pandemia, puesto que sus recorridos por las regiones se estancaron y con ello la escucha de los testimonios de los involucrados en el conflicto.
"La pandemia afectó la operación de la Comisión a un nivel más crítico respecto a otras entidades estatales, por el corto periodo que tiene para dar cumplimiento a su mandado", dice la Comisión a la Corte al indicar que, de los 32 meses que ha operado, 17 han sido en emergencia sanitaria.
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En ese orden de ideas, la Corte Constitucional tiene en sus manos la posibilidad de garantizar las condiciones para que la contribución de la Comisión de la Verdad pueda responder a los derechos que reclaman víctimas y ciudadanos. Eso sí, aclaró que, sea cual sea la decisión del alto tribunal, la Comisión acogerá su determinación con respeto.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de su presidente, Eduardo Cifuentes, respaldó la solicitud de prolongación. "La extensión del mandato de la Comisión de la Verdad es una exigencia constitucional pues sus comisionados deben tener la oportunidad no solamente de presentar su informe final sino también de divulgarlo y explicarlo a lo largo y ancho del país, como acto de paz", dijo Cifuentes.
¿Contra la corriente?
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y el Ministerio de Justicia enviaron un concepto al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ibáñez en el que se pronuncian en contra de la solicitud para extender el mandato de la Comisión.
En el documento señalan que este proceso no debería tramitarse por la Corte Constitucional, sino que es función del Congreso de la República definir si se extiende o no el mandato de la comisión presidida por De Roux.
Y sostuvieron que el tiempo para llevar a cabo las funciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición "resulta más que razonable" dado que se le asignaron seis meses más para su instalación en 2017.
Sin presupuesto
Como el mandato de esta Comisión acabaría a finales de 2021, el Gobierno de Iván Duque no lo incluyó en el proyecto que define el Presupuesto General de la Nación de 2022, que tendrá un monto de $350,4 billones, $ 17,6 billones más frente a la suma que se dispuso para el funcionamiento del Estado de este año.
Pero no solo la Comisión de la Verdad no tiene un presupuesto para el próximo año, entidades que hacen parte del proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz y que trabajan directamente con víctimas, tendrán un importante recorte presupuestal.
"Me preocupa mucho la reducción del Presupuesto 2022 de paz. Sustitución de cultivos -57.1 %. MinAgricultura -71.7 %. Unidad Nacional de Protección -89 %. Comisión de la Verdad -100 %. Agencia para la Reincorporación y la Normalización -24.6 %. Agencia Nacional de Tierras -5 %. Agencia de Desarrollo Rural -23.5 %", expresó la representante Juanita Goebertus.
¿Tiene futuro la solicitud?
Hay dos objeciones sobre la demanda que pide la extensión de la Comisión. La primera es que el razonamiento de la demanda podría ser usado para ampliar el periodo del presidente, del Congreso o de los alcaldes. Sin embargo, tal como reseña Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia -organización que apoya la petición-, el argumento que contradice la objeción es la especificidad de esta entidad.
"Un alargamiento del periodo formal de la la verdad y no afecta seriamente ningún otro principio constitucional. En cambio, un alargamiento de los periodos de las autoridades políticas elegidas popularmente no sólo impactaría en forma gravísima el principio de autoridades están instituidas para enfrentar emergencias imprevistas, como la pandemia, por graves que éstas sean, para lo cual cuentan con la posibilidad de adoptar medidas de emergencia, como en efecto lo han hecho", explicó.
La segunda objeción es que no correspondería a la Corte sino al Congreso alargar el período de la CEV. Según Uprimny, este reparo parte de una buena premisa: en general corresponde al Congreso definir los periodos de funcionamiento de instituciones temporales, por lo cual la Corte no debería meterse en esas decisiones.
"Sin embargo, la objeción no es válida pues esa libertad del Congreso tiene limites. Si la Constitución establece un término mínimo de funcionamiento de una institución temporal (digamos cuatro años), entonces seria inconstitucional que el Congreso estableciera un periodo más corto (digamos dos años) para esa institución. En tal caso, la Corte tendría que corregir al Congreso y alargar el periodo de esta institución", agregó.
