Recientemente se aprobó un proyecto de ley para que madres cabeza de familia puedan pagar sus condenas con trabajo comunitario. La iniciativa que pasó a sanción presidencial recibió criticas por parte del partido Centro Democrático, según explicó, favorece la “legalización” del microtráfico y otros delitos. El senador Rodrigo Lara, autor del proyecto, defendió su propuesta que está a un paso de convertirse en ley.
En primer lugar, es clave mencionar que este proyecto busca reducir la problemática de hacinamiento carcelario que vive el país y, además, que los hijos de las condenadas no queden a la deriva de problemáticas sociales como la delincuencia, las drogas y el alcoholismo.
Con esta ley se establece que las mujeres condenadas por delitos cuya pena sea igual o inferior a 8 años de prisión, en las cuales se demuestre que la condición del delito esté asociado a condiciones de vulnerabilidad, se les aplicará una medida sustitutiva de servicio de utilidad pública. Esa medida implica la prestación de un servicio no remunerado.
Los requisitos para acceder a dicho beneficio son:
- Ser mujer madre cabeza de familia.
- No tener antecedentes penales dentro de los cinco años anteriores al delito.
- Ser condenadas a penas menores o iguales a los 8 años.
- No haber cometido delitos violentos o que pongan en riesgo la seguridad ciudadana ni la seguridad de su hijo.
- Debe demostrar que las condiciones de comisión del delito estén asociadas a condiciones de marginalidad que afecten la manutención del hogar.
Según cifras del INPEC, en 33 años la población femenina en las cárceles del país creció más del 400%, al pasar de 1.500 reclusas en 1991 a 6.954 en la actualidad. Ante la alerta sobre el vertiginoso aumento de las mujeres en el sistema penal colombiano, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Universidad Javeriana y el Centro de investigación y Docencia Económicas de México, adelantaron un estudio que concluyó que del total de las mujeres condenadas en el país, el 75% de ellas eran madres de cabeza y el 53,4% habían sido condenadas por delitos menores en los que habían incurrido por sus condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
Pese a que la iniciativa fue votada sin problema alguno en el Congreso de la República, tras su aprobación, la bancada de senadores del Centro Democrático anunció que le solicitarán al presidente Iván Duque que objete los artículos de dicho proyecto que se relacionen con delitos como hurto calificado, hurto agravado, el tráfico internacional, el tráfico doméstico y el microtráfico.
"En defensa de los colombianos, la legalidad y la seguridad de las comunidades, nos oponemos a la “legalización” del microtráfico y otros delitos calificados y agravados. Pediremos al señor Presidente de la República, que objete los artículos de dicho Proyecto de Ley que se relacionen con esos delitos. Lo aprobado es un orangután", señaló la bancada.
Según detallaron los senadores, el partido considera que la Política Criminal de beneficios para subrogados penales, es un mecanismo necesario para la resocialización de las personas que han cometido delitos de menor cuantía y cuyo daño a la sociedad sea mínimo. Comparten que se requiere una urgente revisión del sistema penitenciario y depuración de las situaciones en que se encuentran los reclusos, cuyas condenas permitan sustituir su pena por el trabajo de utilidad pública.
"Sin embargo, utilizar este mecanismo para sustituir la pena de delitos como el hurto calificado, hurto agravado, el tráfico internacional, el tráfico doméstico y el microtráfico, cuando estos sean cometidos por mujeres cabeza de familia que tengan necesidades de subsistencia y encuentren en actividades ilegales un sustento, es instrumentalizar a las mujeres vulnerables y sus familias en contra de la legalidad y de toda la sociedad".
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Lara defendió su iniciativa, dijo que en particular corrige un problema estructural de nuestro sistema de justicia que castiga con severidad a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico como son las mujeres que han tenido que convertirse en “mulas” y a las cultivadoras de hoja de coca.
Agregó que: "Cuando se separa la mamá de sus hijos estamos ante dos condenas: la condena de la mujer y la condena, al mismo tiempo, de sus hijos, pues ellos quedan a la deriva, con condiciones precarias, que los lleven a fenómenos como la deserción escolar, las adicciones y la posibilidad de caer en comportamientos delincuenciales".
Además, en diálogo con el Nuevo Siglo se refirió a la solicitud del partido de Gobierno. "Creo que ellos están equivocados, creo que fueron inducidos al error por algún asesor porque ellos votaron masivamente este proyecto, no hubo una sola objeción durante los cuatro debates en Senado y en Cámara, incluso varios senadores del Centro Democrático son coautores de este proyecto".
Y explicó que los delitos grandes de narcotráfico y, por supuesto, los delitos de hurto con violencia contra personas están excluidos de este beneficio. Esto es solo para delitos menores donde no medie violencia, en donde la mujer sea pobre, sea cabeza de hogar.
