La reforma a la Policía se sumó al listado de peticiones ciudadanas en el marco del Paro Nacional. Conductas presuntamente irregulares avivaron el debate en torno a este tema y varias colectividades reiteraron su llamado a tramitar un proyecto que reforme a la institución.
No obstante, en el Congreso ya hay iniciativas encaminadas a reforma a la Policía, solo que ninguna ha sido priorizada en la agenda legislativa, así como tampoco han pasado por el primer debate.
Estos proyectos buscan prohibir, regular y sancionar las actuaciones, tácticas, procedimientos policiales agresivos y que atentan contra la vida y los Derechos Humanos, así como prohibir también el uso de armas; fortalecer el carácter civil de la Policía Nacional y el control externo; dar impulso al Sistema Nacional de Participación Ciudadana entre otros.
Estas iniciativas de los congresistas María José Pizarro de la lista de la Decencia; Iván Cepeda del Polo Democrático; Inti Asprilla y Antonio Sanguino del Partido Verde, han contado con una amplia participación de la bancada de oposición, y han sido concertadas con ONGs y la ciudadanía.
Para la representante María José Pizarro ahora más que nunca se requiere dar trámite a la reforma a la Policía y el desmonte del Esmad. "Quienes hemos venido insistiendo a través de denuncias, debates de control político y proyectos de ley, hacemos un llamado urgente al Gobierno y al Congreso de República para priorizar la inminente necesidad de transformar la Fuerza Pública en la agenda legislativa y del país, necesitamos de su voluntad política".
Además agregó: "no podemos seguir permitiendo que continúe la violencia y sigan asesinando a nuestros jóvenes. Esta política de Estado se ha convertido en una declaratoria de guerra a la juventud, que solo no le garantizan sus derechos, educación, trabajo, dignidad, sino que también son víctimas de persecución, masacres y empujados al sin futuro".
En ese sentido, es clave reseñar los cuatro proyectos que pretenden reformar a la Policía.
-
Proyecto de ley 038 de 2020, regula la actuación de la Policía Nacional y el Esmad en manifestaciones públicas
El proyecto construido por la representante María José Pizarro y los senadores Iván Cepeda y Antonio Sanguino, establece que el uso de la fuerza tiene un carácter excepcional y solo podrá acudirse a este cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de manera alguna el logro del resultado previsto.
De esa forma, los miembros de la Policía o del Esmad solamente podrán usar la fuerza legítima cuando sea estrictamente necesario para prevenir daños inminentes o graves a la vida del personal de policía o de terceros, y en la medida que se requiera, por grave alteración del orden público.
También busca prohibir el uso de proyectiles de energía cinética, escopeta calibre 12, el lanzamiento directo de objetos a manifestantes, el porte de armas de fuego y el uso de la fuerza letal; así como implementar cámaras corporales para registrar en tiempo real las actualizaciones de los miembros de la Policía y Esmad, regular los traslados por protección y prohibir la disolución de facto de protestas pacíficas.
Estado: pendiente para discutir ponencia en primer debate en el Senado de la República.
-
Proyecto de ley 319 de 2020, fortalece el carácter civil de la Policía Nacional
Este proyecto, que fue construido por la mayoría de los integrantes de la bancada de oposición, y promovido por el senador Cepeda y la representante Pizarro, busca reformar la Ley 62 de 1993 (Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional) y la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), así mismo fortalecer el carácter civil de la Policía Nacional, prohibiendo que ejerza funciones propias de las Fuerzas Militares. En ese sentido, propone trasladar la Policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior.
Así mismo, prohíbe y regular tácticas y procedimientos policiales agresivos, prohíbe la utilización de armas de fuego, la tortura y los tratos crueles, establece lineamientos para la formación de los miembros de la Policía Nacional; crea una comisión de expertos para reestructurar y transformar la Policía Nacional, y otra para fortalecer las relaciones entre la ciudadanía y la institución.
Estado: pendiente para rendir ponencia en primer debate en el Senado de la República.
- Le puede interesar: Orden de Duque sobre desbloquear vías enciende el debate
-
Proyecto de ley 411 de 2020, previene y sanciona los abusos en la actividad de Policía
Esta iniciativa del representante Inti Asprilla y miembros de la bancada de oposición, tiene por objeto dictar las medidas para prevenir y sancionar los abusos en la actividad de policía. Establece que el uso de la fuerza se desarrollará con arreglo a los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y racionalidad; se prohíbe a los uniformados realizar maniobra de estrangulamiento en su actividad de policía; el uso del bastón tipo tonfa que tenga como finalidad golpear en la cabeza a los ciudadanos a los que pretenda controlar por medio del uso de la fuerza; el uso de armas cinéticas y el uso de dispositivos eléctricos, salvo que se trate de legítima defensa.
Prohíbe además que la Policía manipule dispositivos propiedad de la ciudadanía, acceda a la información privada y/o la elimine; también las acciones que estigmaticen y afecten la dignidad de la ciudadanía, así como la retención y traslado de personas mediante el uso de vehículos no oficiales. De otro lado, crea una cátedra obligatoria sobre el uso adecuado de la fuerza.
Estado: pendiente para discutir ponencia en primer debate en la Cámara de Representantes.
-
Proyecto de ley 146 de 2020, regula el sistema de ascensos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
Tiene como fin regular el sistema de ascensos de los miembros de la Fuerza Pública para fortalecer el mérito, la ética profesional y el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Esta es una iniciativa de Cepeda, Sanguino y congresistas de la oposición.
Algunos de los hechos que evidencian la necesidad de reformar el sistema de ascensos y recuperar la confianza ciudadana y la legitimidad de la fuerza pública, son los ocurridos bajo el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, que cobró la vida de 6.402 personas de acuerdo con la JEP o de 2.248 como reportó la Fiscalía.
Estado: pendiente para discutir ponencia en primer debate en el Senado de la República.
