Los y las congresistas Iván Cepeda, Antonio Sanguino, Angélica Lozano y Ángela María Robledo radicaron una acción de tutela para que el Consejo Nacional Electoral realice un nuevo escrutinio y establezca si la Consulta Anticorrupción de 2018, pasó el umbral de votación, luego de la depuración del censo electoral.
La tutela busca que la Registraduría Nacional del Estado Civil publique las irregularidades del censo electoral para la época, luego de que el senador Iván Cepeda denunció en un debate de control político, que había más de dos millones de cédulas registradas para votar que debían estar inhabilitadas.
Según el senador del Polo Democrático, si el censo electoral se hubiera depurado para las elecciones de 2018, la Consulta Anticorrupción habría pasado el umbral porque este debió ser de 11.247.723 votos, en lugar de los 12.140.342 como se estableció en su momento. Con esta cifra, la consulta promovida por Lozano y Claudia López, habría pasado por encima con 427.228 votos.
La tutela se basa principalmente en tres argumentos (1) la violación al derecho fundamental a elegir, entendido éste como parte esencial del derecho a la participación política; (2) del derecho a conocer la verdad electoral y a que el sentido de esa verdad se materialice en democracia; y (3) sobre la vulneración al derecho colectivo a la moralidad administrativa, como consecuencia de la composición irregular y la omisión de depuración del Censo Electoral en 2018, que afectó el reconocimiento de la Consulta Popular Anticorrupción como un mandato vinculante dado por la ciudadanía al Estado colombiano.
“En mi debate probé que el censo electoral ha estado seriamente distorsionado por millones de cédulas que no deberían estar incluidas. El Registrador, Alexander Vega, reconoció en el Senado esa realidad. Ese hecho indiscutible tuvo como una de sus consecuencias alterar los resultados de la consulta popular contra la corrupción, que a nuestro juicio superó por más de 400.000 votos el umbral requerido. La ciudadanía triunfó y ahora esperamos que la justicia lo valide para que se termine de legislar y cumplir los siete mandatos”, aseguró el senador Cepeda.
“Se ordene a los accionados reconocer públicamente que hubo una composición irregular del Censo Electoral de 2018, pues omitieron realizar una adecuada depuración de su información, y ello condujo a una errónea definición del umbral que afectó el mecanismo de participación de la Consulta Anticorrupción”, señaló el senador Antonio Sanguino.
La representante Ángela María Robledo señaló que la Consulta Anticorrupción no beneficiaba ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a ningún partido, beneficiaba a todos los colombianos, “por esta razón esperamos que ahora sí la justicia nos dé la razón y se validen los resultados que creíamos perdidos”.
Las pretensiones de la tutela son que la Registraduría informe las irregularidades del censo electoral del 2018. Con base en ese análisis, se exigirá al Consejo Nacional Electoral realizar un nuevo escrutinio y así determinar si finalmente la Consulta Anticorrupción, como sostienen sus tutelantes, pasó el umbral exigido con un censo electoral depurado.
“Si como consecuencia de la anterior orden, se determina que la Consulta Popular Anticorrupción supera el umbral legal requerido, se EXHORTE a las ENTIDADES COMPETENTES a: IMPLEMENTAR en debida forma y con total apego a sus contenidos, en el lapso no mayor a un (1) año, los mandatos resultantes de ese mecanismo de participación ciudadana directa”, exige la tutela.
Según expuso Cepeda en su debate, para el año 2018 la Registraduría estimaba un censo electoral de 36.421.026 personas habilitadas para votar, sin embargo, el censo poblacional del DANE indicaba que el número de personas mayores de edad en el territorio nacional y en el exterior, era de 35.719.866 personas. Cruzadas las dos cifras, se encuentra una diferencia de 701.160 cédulas habilitadas para ejercer el voto.
Si se resta a esa cifra las categoría de personas que no tienen derecho a votar como condenados y miembros de la Fuerza Pública, así como fallecidos o que no han renovado su cédula, el censo electoral sería de 33.743.169 personas.
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El Código Electoral, que se encuentra en conciliación luego de ser aprobado por Cámara y Senado, obliga a la Registraduría a realizar la depuración del censo electoral para eliminar las cédulas que aún habilitadas para votar, no pueden ejercer tal derecho.
