Recientemente la Presidencia de la República anunció que habrá una metodología única de análisis sobre los asesinatos de líderes sociales que tendrá como base fundamental las cifras que reposan en la Fiscalía General de la Nación y su capacidad investigativa. Lo cual, según los congresistas Iván Cepeda y Ángela María Robledo, pone en riesgo la autonomía e independencia de la Defensoría del Pueblo.
Los congresistas enviaron un derecho de petición al defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en la cual señalan que esa entidad ha cumplido un importante trabajo en el monitoreo de las violaciones a los derechos humanos y en su labor de advertir a las autoridades nacionales y regionales, a la fuerza pública y a los organismos del poder judicial sobre los riesgos en los que podría estar inmersa la población civil y especialmente, las personas que ejercen el liderazgo social de sus comunidades.
"Preocupan los anuncios hechos por la Fiscalía General de la Nación al establecer que solo esta entidad podrá contar con funcionarios en terreno para documentar las circunstancias y el contexto de determinado crimen en el país", dice el documento enviado a Camargo sobre el papel que tendrá la Fiscalía en las regiones.
Así mismo, Cepeda y Robledo señalaron que la tarea que realiza la Defensoría del Pueblo en cuanto a acompañamiento y verificación en los territorios mas alejados comprende una función humanitaria invaluable en estos lugares, en donde la representación institucional se ha visto limitada.
"El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, encargado del monitoreo y registro de las violaciones a los derechos humanos a los y las líderes sociales del país, ha sido reconocido por entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional por su juicioso ejercicio de monitoreo y seguimiento".
La Defensoría empezó a documentar hechos de violencia contra líderes sociales. Desde 2016 hasta 2020 ha documentado 3.760 agresiones a personas defensoras de derechos humanos, así como a sus organizaciones o colectivos. Dentro de esas conductas se destacan 2.829 amenazas, 662 homicidios y 165 atentados.
La preocupación de los congresistas radica en que la Fiscalía ha reportado durante los últimos años un registro significativamente menor en materia de agresiones, particularmente de homicidios. Por lo que, el anuncio sobre la unificación de cifras para la documentación de agresiones a líderes sociales en cabeza de esa entidad podría presentar una tendencia a la baja y con ello, según Cepeda y Robledo, "pretender disminuir la magnitud del problema que estamos atravesando".
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Los congresistas consideran que si la Defensoría renuncia a la documentación de agresiones a líderes y lideresas sociales por petición de otra entidad del Estado, e incluso por solicitud del poder Ejecutivo, "socaba su independencia y autonomía y significaría una inminente amenaza a la separación de poderes".
De manera que le plantearon cuatro preguntas para conocer cuál será el rumbo que tomará la entidad.
- ¿Continuará la Defensoría del Pueblo realizando el registro y consolidación de una base de datos de conductas vulneratorias contra personas defensoras de derechos humanos y lideres(as) sociales de manera autónoma e independiente?
- ¿La Defensoría del Pueblo seguirá informando al país y la comunidad internacional, de manera periódica, los hallazgos y resultados del ejercicio de registro y consolidación de agresiones a personas defensoras de derechos humanos y líderes(as) sociales?
- ¿Cuál será la labor de la Defensoría del Pueblo en el proceso de unificación de información relacionada con los crímenes de líderes sociales en el país anunciado por el Presidente de la República?
- ¿Continuará la Defensoría del Pueblo cumpliendo con las funciones que estableció el Decreto 2124 de 2017, especialmente las relacionadas con la verificación y procesamiento de los escenarios de riesgo de violaciones de los DDHH e infracciones al DIH?
