Este lunes, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca regular las responsabilidades establecidas en el artículo 47 de la Ley 1098 de 2006 para el reconocimiento, garantía y protección de los derechos de la niñez, la infancia y la adolescencia y adoptar medidas preventivas para evitar la vulneración de sus derechos.
La iniciativa pretende salvaguardar los derechos de los menores de edad en medio de la difusión de contenidos en internet que puedan afectar sus derechos, pero incluye ciertas formas de censura como instrumento para controlar los contenidos en internet y medios de comunicación.
En primer lugar, establece franjas horarias, tendientes a establecer los contenidos permitidos en consideración a las franjas de audiencia - infantil, adolescente, familiar y adulta- y los horarios adoptados para emitir dichos contenidos, así: entre las 5:00 y 22:00 horas (familiar, adolescentes o infantil) y entre las 22:00 hasta las 05:00 (adultos).
De igual manera establece la obligación de dedicar como mínimo un espacio semanal para la difusión de pedagogía dirigida tanto a los derechos de la niñez, infancia y la adolescencia como a sus acudientes, para la prevención del abuso infantil y la orientación hacia los canales directos de denuncia en casos de violencia intrafamiliar para la franja de contenido infantil.
Así mismo, establece la obligación de informar el rango de edad al cual está dirigido el contenido, su clasificación, si contiene o no escenas de sexo o violencia, si debe ser visto o escuchado en compañía de adultos, y si contiene algún sistema que permita acceso a la población con discapacidad auditiva o visual.
Crea una “Comisión de Expertos” integrada por peritos jurídicos y técnicos, y expertos en telecomunicaciones, con el propósito de individualizar, identificar y recomendar la conformación del catálogo de contenidos que puedan atentar contra la integridad moral, psíquica o física de los derechos de la niñez, la infancia y la adolescencia, que inciten a la violencia, que hagan apología de hechos delictivos o contravencionales, o que incluyan mensajes discriminatorios contra este sector de la población, a los cuales se pueda tener acceso mediante el uso y aprovechamiento de Internet.
"Esta facultad del comité de expertos viola principio de legalidad, conforme al cual toda restricción a la libertad de expresión debe estar definida por la ley. No puede el Congreso trasladar a un comité de expertos la definición de los contenidos prohibidos", expresó el profesor y columnista Rodrigo Uprimny sobre este punto.
La comisión propondrá iniciativas técnicas y administrativas, entre las cuales pueden encontrarse sistemas o mecanismos de detección, control parental, filtro, clasificación, eliminación y bloqueo de contenidos que puedan atentar contra la integridad moral, psíquica o física de los derechos de la niñez, la infancia y la adolescencia, que inciten a la violencia, que hagan apología de hechos delictivos o contravencionales, o que incluyan mensajes discriminatorios contra este sector de la población, que serán transmitidas al Gobierno Nacional.
"Se obligaría a los medios de comunicación a adoptar 'Códigos de Buenas Prácticas' que son remitidos al Ministerio TIC y la CRC “para su verificación”. Esto es una forma de censura indirecta que es contraria a los estándares interamericanos de Derechos Humanos", advirtió la FLIP.
- Le puede interesar: Este martes se votará la moción de censura a MinDefensa en Cámara
El artículo 21 resultó polémico y fue eliminado gracias a una proposición del representante José Daniel López. Planteaba que la Autoridad Administrativa que, en la etapa de averiguación preliminar, si hay lugar a ello, o en desarrollo de la investigación que se adelante en contra de un medio de comunicación detecte que un contenido podría potencialmente poner en riesgo los derechos superiores de la niñez, la infancia y la adolescencia, podría ordenar como medida cautelar que de forma inmediata este se abstenga de retransmitir el contenido en el que se evidencia la afectación de los derechos de la niñez, la infancia y la adolescencia.
"No tiene sentido seguir tramitando un proyecto con semejantes vicios de inconstitucionalidad. Es una pérdida de tiempo y esfuerzos pues la Corte lo tumbará, pero además es un peligro pues mientras eso ocurre podrá generar mucho daño", dijo Uprimny.
