Este lunes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo la primer audiencia pública virtual, por la demanda contra el Estado de Colombia por el exterminio de más de 6.000 miembros del partido Unión Patriótica (UP). La demanda fue presentada en 2018 y señala al Estado colombiano de ser el responsable de masacres, asesinatos, desapariciones, exilios, atentados y amenazas en contra de la militancia del partido político.
Es clave mencionar que la UP se conformó en 1985, tras un acuerdo de paz entre el expresidente Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP), argumentaron que al apoyar la creación de este partido buscaban hacer política sin armas. A la UP se adhirieron no solo guerrilleros desarmados en comisión política, sino también sectores civiles, el Partido Comunista Colombiano y sectores de los partidos tradicionales liberal y conservador.
En la primer jornada de audiencias públicas declararon familiares de militantes asesinados que se refirieron a las "prácticas de amenazas y estigmatización" que habrían sufrido y los cuales culminaron con el homicidio de cientos de ellos.
La senadora y presidenta de la UP, Aída Avella, dio detalles del contexto donde se desarrollaron los hechos del exterminio, las denuncias hechas ante las autoridades y sus respuestas, así como los impactos sobre los miembros de la agrupación política izquierdista que aglutinaba al Partido Comunista y a otros movimientos sociales.
Según señaló, inicialmente mataron a los parlamentarios, para intimidar, y luego siguieron con dirigentes elegidos en las elecciones de 1986, para después asesinar a todo el que tuviera carné del partido UP.
Avella narró la extensa lista de militantes asesinados, que incluyó a dos de sus presidentes: Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo; el dirigente de la Juventud Comunista José Antequera; nueve de los 14 congresistas elegidos en 1986; 11 diputados, 109 concejales y al menos ocho alcaldes.
Aseguró que los militantes de la UP fueron estigmatizados por agentes del Estado: "Sí, muchísimas veces, por ejemplo: cuando estábamos en campaña electoral los afiches de nuestros compañeros eran decomisados y en algunas ocasiones cuando los lograban pegar en las paredes el Ejército disparaba y los dañaba. Los escoltas que nos suministraron compartieron información que facilitó muchos asesinatos".
La senadora aseguró que el exterminio de la UP fue financiado y organizado por el DAS, el Ejército, la Policía, algunas autoridades regionales, terratenientes y narcotraficantes de algunas zonas del país como Antioquia, Santander y Guaviare.
"No podíamos entender como en medio de una supuesta democracia mataban en las calles a nuestros candidatos y a nuestros parlamentarios. Nadie entendía por qué nos mataban así, y la respuesta es la intolerancia política, no querían que nuestro partido siguiera adelante", dijo Avella.
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"Cada vez que hablo de genocidio tengo un sentimiento muy difícil de soportar y es ese sentimiento de ver morir a la familia política y de que el Estado prácticamente no hiciera nada para su protección. Ellos actuaron en omisión, acción directa y en colaboración, por ejemplo: en Sabana de Torres, el alcalde les dio las armas y les pagó el hotel y luego tuvimos que enterrar a nuestros muertos a escondidas".
A lo largo de esta semana se recibirán los alegatos y observaciones orales sobre las excepciones interpuestas por Colombia y sobre las eventuales reparaciones para las víctimas.
En marzo próximo, las partes tendrán otra oportunidad para presentar sus alegatos finales de manera escrita. A partir de allí, se espera que la Corte emita su sentencia, sin que haya aún una fecha prevista para anunciar tal decisión. Después se iniciaría la etapa de implementación de la misma.
