La producción de oro se ha convertido en una de las más importantes actividades para el país, de hecho, en la última década Colombia se posicionó como uno de los 20 productores más importantes del mundo en exportación del metal; sin embargo la mayoría de la estructura productiva es predominantemente informal.
El departamento de Antioquia es uno de los mayores productores en el país, según datos de María Teresa Uribe de Hincapié y Jesús María Álvarez Gaviria, en su libro las raíces del poder regional, entre 1971 y 1990 ese departamento aportó 73.7 % de la producción nacional de oro.
Según una investigación de el diario El Espectador hasta el 2013 el Ministerio de Minas había otorgado 10 mil títulos mineros que, en su mayoría, se encontraban en el departamento de Antioquia.
Mineros de Segovia y Remedios en Antioquia y Marmato en Caldas, están enfrentados con la minera Gran Colombian Gold (GCG), multinacional que exige que se saque a los 'mineros ilegales' de sus territorios con el argumento de que carecen de los títulos para ejercer la actividad, los habitantes de estos municipios están atemorizados y consideran que una intervención policial puede resultar peligrosa.
La GCG es una minera canadiense que basa su operación en la extracción de oro y plata bajo tierra en el país y actualmente es la mayor productora de esos metales con múltiples operaciones en los municipios de Marmato y Segovia.
La carta que desató la polémica
La (GCG) envió al presidente Iván Duque una carta solicitando que se saque de sus territorios a las más de 200 minas ilegales que producen 100,000 onzas de oro al año y pide la intervención de la Policía y el Ejército.
“Solicitamos al gobierno la defensa de los derechos otorgados a la GCG mediante despliegue militar y policial así como de cualquier otra fuerza necesarios para combatir la minería ilícita, proteger a nuestros empleados, los habitantes de la zona y el medio ambiente, así como para proteger los derechos de la GCG y del propio estado colombiano. Estamos dispuestos a coordinar cualquier esfuerzo”, dice la carta.
La GCG asegura que hay presencia de mineros en las áreas en las que tiene “los derechos mineros exclusivos. Desde hace años nuestros proyectos han estado plagados de mineros ilegales que ocupan el territorio y trabajan en grupos organizados para explotar las minas de la GCG sin autorización y sin título legal sobre las mismas”.
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La empresa sostiene que en años anteriores el Gobierno había realizado operaciones con las autoridades que permitieron el desalojo de los mineros de Buriticá en Antioquia, “en abril de 2016 Continental Gold, otra minera, anunció que el Estado Colombiano estaba llevando a cabo una importante operación conjunta con el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal para cerrar permanentemente las minas ilegales y las plantas de procesamiento que operan dentro de las concesiones de explotación y exploración de Continental Gold que ha podido avanzar su proyecto en Buriticá según lo planeado”.
La Gran Colombian Gold, asegura que en dicho operativo, el Gobierno desplegó 2000 soldados, cerró 220 minas ilegales y 80 plantas de procesamiento ilegales; confiscó más de 20 kilómetros de mangueras y 432 vehículos ilegales y desalojó más de 2500 personas de la zona.
Además, denuncia que los mineros ilegales se han aprovechado de la buena voluntad de la compañía y “varias agencias gubernamentales al organizar espacios de diálogo (Mesa Minera) utilizando dichas iniciativas para detener, obstaculizar y retrasar cualquier procedimiento de desalojo y de sus operaciones ilegales”.
Habla la empresa minera
José Ignacio Noguera, vicepresidente de asuntos corporativos de la Gran Colombia Gold sostiene que la lucha no es contra los mineros tradicionales, que están dentro de la ley. “Nuestro clamor es contra la minería ilegal, organizaciones que se lucran del narcotráfico y que operan en algunas minas”, dijo.
Según el funcionario “la pequeña minería tiene en el municipio de Segovia 2 mil mineros autorizados y produce hasta 30 gramos de oro mensuales. Pero en este municipio hay minas que producen 400, 500 y 600 onzas mensuales al precio de hoy representan, 600 mil dólares al mes con 200 o 500 empleados, ellos no son mineros artesanales. Esas minas no se quieren formalizar y tienen plantas de tratamiento, maquinarias, empleados no pagan impuestos, ni permisos ambientales y operan como una industria”.
Además, advierte que Colombia es un estado Social de Derecho por lo que la ley aplica para todas las personas, “la fuerza pública está ahí, lo que estamos solicitando es que se apliquen las normas vigentes a la extracción ilegal de minerales, por que la ley es clara en aplicar el cierre bajo la ejecución de amparo administrativo”.
El representante de la minera enfatizó en que no quieren “sacar a nadie del territorio, queremos que la gente se formalice y entre a la legalidad”.
Las voz disidente
El senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, envió una carta al presidente Duque rechazando la solicitud de la minera, “el gobierno de Colombia no pude aceptar que nadie, y menos una empresa extranjera, desconozca las raíces históricas, económicas y sociales, de las controversias que existen en torno a las explotaciones mineras. Y que además presione para criminalizar, con el objetivo de justificar y promover el uso de la fuerza”.
En diálogo con Kienyke.com Robledo sostiene que los mineros que allí trabajan no son ilegales, “son informales porque no tienen un título o una licencia ambiental, a ellos les hacen falta los papeles pero no son criminales; al criminal hay que aplicarle el peso de la ley, al informal se le debe formalizar”.
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El senador afirma que en Segovia los habitantes dicen que si no hay minería, no hay economía, “estas personas son hijos de mineros, llevan años ejerciendo ese oficio, las transnacionales llegan allí y quieren atropellar a la gente pasando por encima de casi un siglo de tranquilidad. Lo que se debe hacer, en vez de exigir acciones militares, es que se pongan de acuerdo con la comunidad”.
Así hablan los mineros
Según Rubén Darío Gómez, minero de Segovia y miembro de la confederación de Mineros de Antioquia, la Mesa Nacional Minera es una buena iniciativa que busca la formalización de la pequeña y mediana empresa minera amparados en sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
“Este tipo de minería de subsistencia ha estado amparada por la constitución y la ley, no entendemos por qué se le exige al gobierno la intervención militar o de las fuerzas policiales para que saque o desaloje a las actividades mineras informales que tienen asiento en estos municipios”, dice.
Según Gómez a los mineros les preocupa que esta sea una exigencia“de desalojo a sangre y fuego por parte de la compañía trazando prácticamente la política estatal. Una violación a los desarrollos jurídicos y constitucionales que se han venido dando al respecto. Para evitar un conflicto de tipo social y de orden público en estos territorios se debe abrir el diálogo”.
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González asegura que una cosa es la minería informal y otra la criminal “esta última con la que nosotros no tenemos nada que ver. Hay grupos armados ilegales que se lucran del oro para ejercer actividades ilegales ellos deben ser atacados y perseguidos; lo que no se puede decir es que el minero formal esté con esas actividades”.
La gobernación de Antioquia, a su turno, realiza labores para permitir la titulación, fiscalización, formalización, regularización, fomento, desarrollo, mejoramiento en la seguridad y productividad de la actividad minera informal.
