Un equipo de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) estuvo en varias zonas del departamento de Arauca y también del estado venezolano de Apure, para verificar las denuncias de los pobladores sobre la presencia y control que mantienen sobre la región diferentes grupos armados.
Con un informe al que titularon “Los guerrilleros son la policía”, y que recoge los testimonios de 105 personas evidencian el control social y los graves abusos por parte de guerrillas.
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"Grupos armados no estatales controlan de forma violenta la vida cotidiana de la población. Los grupos imponen sus propias reglas y, para asegurar su cumplimiento, amenazan a civiles a ambos lados de la frontera. Los castigos para quienes no obedecen van desde multas hasta trabajo forzado o incluso la muerte. Los residentes viven aterrorizados", asegura la organización que defiende los derechos humanos.
Entre las denuncias más delicadas está que en el territorio estos grupos han instalado minas antipersonales y además han cometido actos de violencia sexual.
La presencia de estos hombres armados es tan fuerte que en algunas zonas prohíben usar cascos a quienes circulan en motocicleta, con el fin de que puedan verle el rostro a las personas que circulan.
¿Qué grupos hacen presencia en la zona?
Según HRW son dos los grupos armados que imponen control social sobre los residentes de Arauca: el Ejército de Liberación Nacional (Eln), un grupo guerrillero formado en la década de 1960, y el grupo disidente 'Frente Décimo Martín Villa', que surgió de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) tras el acuerdo de paz de 2016. El grupo disidente a veces se identifica a sí mismo como FARC-EP. "Estos dos grupos también tienen presencia en el estado Apure en Venezuela, donde a su vez operan las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN). Este grupo, cuyo origen se remonta a la década de 1990, tiene una estrecha relación con las autoridades venezolanas en Apure", se lee en el informe.- Lea también: Aviones estarían listos para iniciar fumigación con glifosato
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Las recomendaciones de HRW al gobierno Duque
- Incluir en la Zona Estratégica de Intervención Integral de Arauca una estrategia de las fuerzas de seguridad que respete los derechos humanos y que esté orientada a proteger a la población civil de la acción de los grupos armados, así como un plan para remover las minas antipersonales empezando por las zonas contempladas en esta política pública.
- Brindar mayor apoyo para garantizar la seguridad y la protección de los fiscales e investigadores en Arauca.
- Fortalecer la Unidad Nacional de Protección en Arauca asignándole más personal, incluso como parte de la implementación de los denominados Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
- Diseñar e implementar un plan para prevenir el reclutamiento de niños y niñas tanto colombianos como venezolanos, y fortalecer los mecanismos de prevención existentes en el departamento, entre otras cosas, mejorando el acceso a la educación.
- Crear una política que permita a los miembros de los grupos disidentes de las Farc desmovilizarse y sumarse a los programas de reinserción individual.
- Trabajar con los gobiernos municipales y departamentales para que los sobrevivientes de hechos de violencia sexual reciban la asistencia y protección que les corresponde conforme al derecho colombiano.
- Dar seguimiento a la falta de implementación de las leyes y políticas públicas vigentes relacionadas con la violencia de género en Colombia, enfocándose particularmente en la violencia sexual perpetrada por actores armados.
- Garantizar que los PDET se implementen de manera oportuna y plena en Arauca.
- Llevar a cabo campañas contra la xenofobia en Arauca, trabajando con autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil y la población local.
- Dar instrucciones precisas a la policía de Arauca de que debe proteger tanto a los ciudadanos colombianos como a los venezolanos que son blanco de agresiones, secuestros, extorsión, reclutamiento de menores, violación sexual, homicidios y otros delitos, y exigir que rindan cuentas las autoridades que incumplan su deber de hacer valer la ley contra quienes victimizan a migrantes.
- Llevar a cabo un estudio exhaustivo para determinar la cantidad total de venezolanos que viven en Arauca y sus necesidades.
