Como consecuencia de las recientes amenazas generadas a las comunidades que habitan aguas abajo del proyecto eléctrico Hidroituango que se construye en el departamento de Antioquia, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial ordenó este viernes el cierre temporal de los juzgados y las salas de audiencias en los municipios de Cáceres y Tarazá, con el fin de salvaguardar la vida de los empleados.
Jaime Jaramillo Jaramillo, director ejecutivo de la Rama Judicial en Antioquia, manifestó que la medida se tomó teniendo en cuenta la alerta alerta roja en la que se encuentra toda la región del Bajo Cauca, ante una posible emergencia en el proyecto eléctrico, además informó que en dos carros escoltados por el Ejército Nacional, trasladaron a Medellín 600 cajas con archivo histórico, el cual permanecerá bajo custodia debido a la importancia de los expedientes, especialmente los de tipo penal.
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"Se hizo toda una logística para traer esos expedientes a través del Ejército, custodiados, obviamente, porque algunos están archivados pero otros están vivos, en especialidades civil, laboral, familia y penal. Con la logística que nos ofreció EPM, se trajeron en dos camiones del Ejército a la ciudad de Medellín", dijo el funcionario.
En ese sentido, todos los procesos penales, civiles, laborales y de familia, fueron suspendidos hasta que el Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de Antioquia (Dapard) notifique que están dadas las condiciones para el retorno de las personas evacuadas.
La medida además contempla el cierre de las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en estos dos municipios del Bajo Cauca antioqueño.
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Es de anotar que, desde el pasado 28 de abril cuando se registró la primera emergencia en Hidroituango, los habitantes de las zonas ribereñas aguas abajo, viven en zozobra e incertidumbre por el aumento del cauce del río Cauca.
