Se reúnen principalmente en Zoom, pero prefiero imaginar a los miembros de esta corte o junta, o lo que sea, con trajes reflejantes y sobrevolando alrededor de una mesa brillante como hologramas.
Entre los miembros se encuentran dos personas que, según reportes, fueron candidatos finalistas del presidente para ser jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, junto con una yemení ganadora del Premio Nobel de la Paz, un británico ganador del Pulitzer, la principal abogada defensora de los derechos humanos de Colombia y una ex primera ministra de Dinamarca. En total, los 20 provienen de 18 países en 5 continentes y hablan 27 idiomas en conjunto.
Esta es la Junta de Supervisión, un organismo hasta ahora oscuro que, durante los próximos 87 días, dictaminará una de las cuestiones más importantes en el mundo: ¿se le debería permitir a Donald Trump regresar a Facebook y reconectar con sus millones de seguidores?
La decisión tiene consecuencias transcendentales no solo para la política estadounidense, sino también para la manera en que están reguladas las redes sociales, y para la posible aparición de un nuevo tipo de poder corporativo transnacional en un momento en el que casi ningún poder parece legítimo.
La junta examinará con seriedad el caso de Trump, guiada por las propias reglas de Facebook así como por el derecho internacional sobre derechos humanos. Si Facebook acepta sus fallos, como ha prometido hacer, al igual que la orientación más generalizada de la junta, la empresa le otorgará a este panel oscuro un nuevo tipo de legitimidad.
“Es nada o el Nuevo Orden Mundial”, comentó Evelyn Douek, académica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard que estudia la moderación de contenido y presionó a Facebook para que enviara el caso de Trump a la Junta de Supervisión.
Tal vez te sorprenda la existencia de este tipo de junta, que uno de los ejecutivos más poderosos del mundo tenga que hacer tal esfuerzo para renunciar al control de una herramienta clave, la tecla para borrar.
Sin embargo, después de cuatro años de críticas interminables por actuar demasiado lento en torno al ascenso del populismo de derecha en la plataforma, y las quejas paralelas de la derecha por una supuesta censura, se puede ver por qué a Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Facebook, le atrajo la idea de delegar los asuntos más espinosos a los expertos, y lavarse las manos de las decisiones.
En 2018, Zuckerberg planteó la idea de un organismo independiente de moderación de contenido y por fin Facebook nombró a sus miembros en mayo pasado. La empresa puso 130 millones de dólares en un fondo legalmente independiente con un personal de 30 individuos, del cual dos personas involucradas dijeron que le pagaba sueldos anuales de seis cifras a cada uno de los miembros de la junta por el que se ha convertido en un compromiso de más o menos quince horas a la semana.
La junta es independiente en cuanto a su estructura y Zuckerberg ha prometido que sus decisiones serán vinculantes. Los miembros con los que conversé señalaron que no sentían ninguna obligación particular hacia los accionistas de Facebook. Mientras tanto, la empresa ha prometido acatar sus decisiones en temas tan variados como los desnudos y el discurso de odio, con la esperanza de que a la postre el organismo proteja a Zuckerberg de tomar un sinfín de decisiones públicas de una controversia imposible.
La junta ha enfrentado cuestionamientos en torno a si alguna vez será algo más que un gesto de relaciones públicas. Algunos de los críticos que la han cuestionado crearon un grupo alternativo llamado “Junta de Supervisión Real de Facebook”, para exigir una campaña de medidas drásticas de gran envergadura en la plataforma. Por lo tanto, el 6 de enero, cuando Facebook suspendió por tiempo indefinido la cuenta de Trump después del ataque al Capitolio, los líderes de la Junta de Supervisión no ocultaron sus ganas de hacerse cargo de un asunto importante y sustancioso.
“Este es el tipo de caso para el que existe la junta de supervisión”, comentó uno de sus copresidentes, Jamal Greene, un exsecretario de la Corte Suprema y asistente de Kamala Harris que tiene la cátedra Dwight en la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia y es un prominente académico del derecho. Antes de que Facebook finalmente remitiera el caso, otro copresidente de la junta, el conservador Michael McConnell, exjuez federal y profesor de derecho en la Universidad de Stanford, me comentó que era “bastante apropiado que la junta escuchara” los cuestionamientos que generó el veto a Trump.
Es difícil imaginar un caso más significativo. Las decisiones que tomaron Twitter y Facebook de vetar a Trump de inmediato le dieron una nueva forma al panorama político estadounidense. En el transcurso de unas pocas horas después de los disturbios en el Capitolio, simplemente borraron a la figura más importante en la historia de las redes sociales.
La junta tomó el caso el jueves, y designará un panel de cinco miembros de la misma junta elegidos de manera aleatoria —al menos uno de los cuales será estadounidense—, para decidir qué se hará con la cuenta de Trump. La junta de 20 personas revisará la decisión y podría reinstaurar la conexión directa de Trump con millones de simpatizantes, o amputarla para siempre.
El panorama no es malo para Trump. Kate Klonick, profesora adjunta de la Escuela de Derecho de la Universidad St. John’s, quien describió a las plataformas como “nuevos gobernadores” en un influyente artículo publicado en 2018 en Harvard Law Review, comentó que, entre los académicos del derecho, la reacción de vetar a Trump ha sido “tibia y el resultado ha obtenido un apoyo muy limitado de parte de expertos en libertad de expresión, mezclado con un temor a largo plazo sobre las implicaciones que tendrá todo esto para la democracia de ahora en adelante”.
Noah Feldman, quien tiene la cátedra Felix Frankfurter en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard y fue el primero en llevar a la empresa la idea de una Corte Suprema de Facebook, mencionó que los conservadores consternados por las duras medidas recientes podrían sorprenderse de encontrar una aliada en esta nueva institución internacional. “Tal vez se percaten de que la Junta de Supervisión es más receptiva con los asuntos de libertad de expresión que cualquier otra plataforma, dada la política del mundo real”, comentó.
Nick Clegg, vicepresidente de asuntos globales de Facebook, señaló que tenía “mucha confianza” en que la junta confirmará la decisión que tomó la empresa de suspender la cuenta de Trump la mañana posterior a que la turba irrumpiera en el Capitolio, aunque estaba menos seguro de las recomendaciones que iba a dar respecto de un posible regreso del exmandatario a la plataforma en el futuro.
La Junta de Supervisión parece tener una relevancia particular en este momento porque representa un nuevo tipo de gobernanza, en la cual las corporaciones transnacionales compiten por el poder con líderes elegidos de manera democrática. La junta no tiene “Facebook” en su nombre, ni azul en su sitio web, por una razón: Clegg mencionó que esperaba que desarrollara “una vida propia”, que obtuviera apoyo de otras plataformas (sin éxito hasta ahora) e “incluso que la incorporen los gobiernos de alguna manera”. Y, si esto suena inverosímil, o siniestro, consideremos las tendencias de la opinión pública: un estudio mundial que publicó la semana pasada la firma de relaciones públicas Edelman encontró que los gobiernos, los medios y las organizaciones no gubernamentales habían percibido un hundimiento de la fe de la gente en la era de la COVID-19. El encabezado en mayúsculas era: “AHORA LOS NEGOCIOS SON LAS ÚNICAS INSTITUCIONES PERCIBIDAS COMO COMPETENTES Y ÉTICAS”.
Así también lo ven algunos de los miembros de la junta.
“El gobierno es casi la única entidad en la que confío menos que en las empresas”, comentó McConnell.
Para otros, la idea de que las corporaciones globales se vuelvan gobiernos de facto es distópica, y la promesa de la junta refleja las escasas expectativas para los gobiernos democráticos. “Ninguna junta, corporativa o ‘independiente’, puede ni debe remplazar un parlamento”, opinó Marietje Schaake, política neerlandesa que es miembro de la junta “real”. “Tanto la irrupción en el Capitolio como las reacciones de pánico de parte de las empresas de redes sociales han expuesto la profundidad del poder desenfrenado que tienen estas firmas sobre el debate público y la seguridad pública. Equilibrar y sopesar los derechos e intereses es trabajo de los encargados de tomar decisiones que tienen legitimidad democrática. Debe haber una rendición de cuentas más allá de la autorregulación”. La decisión de la junta en el caso de Trump —que debe resolverse para fines de abril— tiene consecuencias evidentes para Estados Unidos, pero también podría establecer la política de la empresa en otras grandes democracias con el mismo tipo de líderes del nuevo populismo de derecha, como Brasil, India y Filipinas. Para ellos, Facebook también es una fuente importante de poder y ahora están observando a Palo Alto con recelo. El veto a Trump es “un peligroso precedente”, tuiteó un funcionario del partido indio en el poder. En Brasil, como en Estados Unidos, los conservadores han comenzado a cambiar a sus seguidores a Telegram, un servicio de mensajes. El surgimiento de este nuevo tipo de gobierno, y este nuevo tipo de decisiones, señala el regreso del filtro de la información. Las maniobras también enfatizan quiénes son los mediadores de las noticias y quienes han perdido ese poder. Los medios masivos que gozaban de una confianza generalizada solían ocupar ese espacio entre el gobierno y el poder corporativo.
“En cierto momento de la historia, los medios tuvieron un papel importante, como una especie de intermediario confiable, pero hay buenas razones para que ya no tengan esa misma participación”, comentó Greene. “Debe haber algo entre los incentivos comerciales y el gobierno”.
Por: Ben Smith, The New York Times
