Fatou Bensouda, la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI) publicó este 14 de diciembre su informe anual de examen preliminar de los países bajo evaluación del mecanismo internacional. Respecto a Venezuela, se informó que existen fundamentos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad, al menos desde el 2017.
“Durante el período sobre el que se informa, la Fiscalía finalizó su análisis de la competencia material en relación con la situación en Venezuela I. Luego de una evaluación detallada y un análisis de la información disponible, la Fiscalía concluyó que existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos abril de 2017”, escribió Bensouda.
Según el informe, por la cantidad de información confiable con la que contaba la Fiscalía internacional, el análisis se centró en el subgrupo de la población en detención, en la que se identificó el encarcelamiento por motivos políticos y torturas.
“La Fiscalía ha concluido que la información disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”, se lee en el documento.
Entre los crímenes, Bensouda considera que se registran delitos como tortura, violación u otras formas de violencia sexual, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos.
Las fuerzas de seguridad venezolanas acusadas de los crímenes son: “la Policía Nacional Bolivariana (“PNB”), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (“SEBIN”), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (”DGCIM”), la Fuerza de Acciones Especiales (“FAES”), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (“CICPC”), la Guardia Nacional Bolivariana (“GNB”), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (“CONAS”) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (“FANB”)”.
Sin embargo, la Fiscalía internacional también determinó que los crímenes y la represión no ha sido cometida únicamente por las fuerzas del Estado, sino que también han participado grupos paramilitares armados que actúan bajo órdenes o con el consentimiento de las fuerzas oficiales.
La Corte Penal Internacional aseguró que continuará con la evaluación de los crímenes cometidos en Venezuela, junto con las respuestas que remitió a ese organismo las autoridades del Estado y la cooperación que ha mostrado el gobierno bolivariano para responder a las solicitudes del organismo.
Así mismo, la Fiscal Bensouda lamentó el informe que remitió a la entidad la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, que dice: “Fomento de la impunidad: el impacto del fracaso de la Fiscal de la Corte Penal Internacional en abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”.
Bensouda lamentó el “tono” del texto, pero pidió la independencia y colaboración, así como tiempo para adelantar las respectivas investigaciones que le competen al organismo para determinar la ocurrencia de los crímenes en mención.
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En ese sentido, la fiscal indicó que la misión del examen preliminar es determinar si se ha cumplido el umbral de sospecha de los crímenes para ordenar una investigación formal. Esa determinación, según dice el informe, será anunciada en la primera parte del año 2021.
