En un esfuerzo por salvaguardar los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia en Colombia, el Congreso de la República está inmerso en un debate trascendental. Se trata del proyecto de ley "Son niñas, no esposas", una iniciativa legislativa que pretende elevar la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años y establecer un programa nacional de atención integral para los proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes.
Esta propuesta no solo busca reformar el código civil, sino también erradicar una dolorosa realidad que sigue afectando a la juventud colombiana: el Matrimonio Infantil y las Uniones Tempranas Forzadas.
El contexto es alarmante. Datos de la Superintendencia de Notariado y Registro revelan que, en 2023, se registraron 114 matrimonios infantiles en Colombia.
Los departamentos de Antioquia, Atlántico y Bolívar son los más afectados por esta problemática. A su vez, las estadísticas de UNICEF muestran una tendencia preocupante, con 448 matrimonios en 2016, 415 en 2017 y 338 en 2018. Sin embargo, las uniones tempranas son aún más prevalentes y, lamentablemente, más difíciles de cuantificar debido a su naturaleza informal.
Colombia se encuentra en el puesto 20 a nivel mundial en cuanto al número de niñas casadas o unidas de manera forzada antes de cumplir los 15 años.
Es crucial destacar que, en Suramérica, solo Colombia y Argentina permiten el matrimonio desde los 14 años con autorización de los padres, una medida insuficiente para proteger los derechos de la niñez y la adolescencia.
La realidad detrás de estas cifras es desoladora. El matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas tienen efectos devastadores en los proyectos de vida de las jóvenes.
Según el DANE, cerca del 70% de los adolescentes involucrados en estas situaciones no asisten a instituciones educativas. Además, el 58,6% de las adolescentes en matrimonio infantil se dedican a los quehaceres del hogar, en comparación con un 9,4% de sus pares no unidas.
La problemática se agrava con el embarazo precoz y la violencia de género. Cerca del 30% de las adolescentes embarazadas en Colombia ya no tienen pareja estable al dar a luz, lo que conduce al 70% de ellas a ser madres solteras.
Además, aproximadamente el 70% de las niñas y adolescentes en matrimonios infantiles y uniones tempranas forzadas han sufrido algún tipo de violencia en su relación, mientras que el 4,1% ha sido víctima de violencia sexual.
Organizaciones como Profamilia están liderando la lucha para que este proyecto de ley sea aprobado. Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia, enfatiza la importancia de esta medida para garantizar un futuro justo y seguro para las nuevas generaciones:
“Es una medida urgente para garantizar un futuro más justo, libre y seguro para las nuevas generaciones. La verdadera autonomía está en la posibilidad de elegir y decidir sobre el propio proyecto de vida. El cambio en la legislación es necesario, pero no suficiente, con la aprobación de este proyecto de ley debemos redoblar esfuerzos para transformar los imaginarios sociales que aún avalan y normalizan el matrimonio infantil".
Sin embargo, señala que la aprobación del proyecto no es suficiente; se requiere un esfuerzo colectivo para transformar los imaginarios sociales que perpetúan estas prácticas nocivas.
El proyecto "Son niñas, no esposas" representa un paso crucial en la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia en Colombia.
El pasado 30 de abril, se discutió por la plenaria de la Cámara de Representantes, quedando pendientes dos debates más en el Senado y la sanción presidencial para su promulgación como ley. Es un momento histórico en la lucha contra una deuda pendiente del Estado colombiano con su juventud.
La comunidad internacional ha instado en repetidas ocasiones a Colombia a tomar medidas para poner fin a esta práctica y garantizar un entorno seguro y digno para todas las niñas y adolescentes del país.
La prohibición del matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas es un imperativo moral y legal. Es hora de unir esfuerzos y hacer frente a esta problemática de manera integral. Solo así podremos asegurar que las niñas y adolescentes tengan la oportunidad de vivir sus vidas plenamente, protegiendo sus derechos humanos, sexuales y reproductivos.
