La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de darle la garantía de no extradición a alias 'Jesús Santrich' y ordenar su inmediata libertad, desató una gran polémica en el país, tanto así, que condujo a la renuncia irrevocable de
Néstor Humberto Martínez como fiscal general de la Nación al considerar que esta determinación es un "desafío al orden jurídico".
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La crisis institucional y política ocasionó que el presidente de la República, Iván Duque, respaldara a la Procuraduría General de apelar la decisión del tribunal especial, así como el llamado a todos los partidos políticos para que se adelanten las reformas necesarias que permitan
cerrarle la puerta al narcotráfico y fortalecer la extradición.
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Además, provocó que el mandatario manifestara que "está siempre dispuesto a firmar la extradición de Santrich hacia Estados Unidos" pese a que la JEP declaró que todavía no se puede establecer si es culpable o no del delito de narcotráfico después de la firma del Acuerdo de Paz.
Tras la polémica hubo varias reacciones en el mundo político y entre la ciudadanía: unos quedaron indignados por la decisión de la JEP al "no extraditar a un narcotraficante"; otros, por su parte, quedaron satisfechos al considerar esta determinación "como un paso más para la paz".
¿Qué es lo que han dicho los involucrados en el caso?
Para entender los hilos de la situación de Santrich hay que recordar que, a petición de los Estados Unidos, fue capturado en abril de 2018 en su residencia en Bogotá por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General, al ser acusado de narcotráfico.
Según la justicia del país norteamericano, luego de varios meses de investigación, se determinó que el exlíder guerrillero produjo y distribuyó 10.000 kilos de cocaína a Estados Unidos entre junio de 2017 y abril de 2018, con ayuda de terceros.
La JEP: no lo extraditó
Tras la petición de extradición, comenzó toda una discusión entre los entes de justicia para saber quién iba a tomar las riendas del proceso en contra del exlíder guerrillero. La primera tarea de la JEP fue determinar si Santrich efectivamente había delinquido antes o después de la firma del Acuerdo de Paz y por esa razón, le pidió por varios meses a la justicia de Estados Unidos las pruebas para determinar si es culpable o no.
Luego de la polémica que duró varios meses, el tribunal tomó la discutida decisión:
darle a Santrich la garantía de no extradición y ordenar su libertad inmediata, debido a que consideró que con lo entregado por la Fiscalía no se pudo comprobar si el exguerrillero delinquió luego del 1 de diciembre de 2016.
Además, porque según ellos, "el Departamento de Justicia de Estados Unidos no remitió las evidencias pedidas".
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Bajo el argumento de que "el juzgamiento de Hernández en Colombia es la manera más efectiva de reiterar el derecho internacional público y posibilitar el goce de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, la JEP dispuso que Santrich seguirá bajo su jurisdicción enmarcado en las condiciones exigidas para todos los comparecientes.
De igual forma, el tribunal compulsó copias para que varios funcionarios de la Fiscalía fueran investigados por presuntas irregularidades en el proceso de investigación en este caso.
Santrich: se mantiene en su inocencia
Desde el momento de su captura, el exlíder guerrillero de las Farc aseguró que "por sus manos no ha pasado ni un gramo de cocaína" luego del Acuerdo. Tanto ha insistido en su inocencia que realizó en el primer mes una huelga de hambre para manifestar que todo el proceso en su contra "era un montaje judicial".
Pasó más de un año tras las rejas de la cárcel La Picota de Bogotá y en tres oportunidades le fue negada la solicitud de su defensa para que pudiera quedar en libertad.
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Tras la decisión de la Justicia Especial, Santrich, desde la cárcel, aseguró que esto fue "una estocada final para que se derrumbe ese sucio montaje que hizo el Departamento de Estado y la Fiscalía General de la Nación” y manifestó que esta determinación "abre la posibilidad de seguirle abriendo camino a la implementación del Acuerdo de Paz".
"Espero que el Gobierno y la Fiscalía respeten el fallo de la JEP y no se vayan a dar acciones de hecho que tiren por la borda este momento", manifestó.
La Fiscalía asegura que Santrich es culpable
La renuncia de Néstor Humberto Martínez al cargo de fiscal general se dio luego de que la JEP informara que no iba a extraditar a Jesús Santrich. El exencargado del ente investigador indicó que esta decisión "expone a la sociedad frente al crimen en medio de las advertencias de la Fiscalía" y que "consolida en Colombia un estado de cosas antijurídicas que conjura contra el Estado de Derecho".
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Tras la dimisión de Martínez, la Fiscalía publicó en su cuenta de Twitter las pruebas que presentó ante la JEP de la presunta comisión del delito de narcotráfico por parte de Jesús Santrich.
En uno de los audios, se escucha una conversación entre Marlon Marín, sobrino del exlíder guerrillero Iván Márquez, y el asistente de 'Jesús Santrich', en la que hablan sobre la programación de un encuentro entre personas mexicanas y el exlíder de las Farc.
https://twitter.com/FiscaliaCol/status/1128754402381238274
En la noche de este mismo miércoles, se creó una polémica por cuenta de un video en el que aparece Marín junto a Santrich y otras dos personas que no son identificadas, al parecer, en una reunión en la que se pactaría un negocio ilegal.
(Vea aquí el video)
En entrevista con RCN Radio, el exfiscal general mencionó que ese video no estaba en los expedientes de la Fiscalía y que tampoco el ente investigador participó en el operativo en el que se grabaron dichas imágenes que inculparían a Santrich.
El Gobierno dispuesto a firmar su extradición
La reacción más esperada después de la polémica fue la del presidente Iván Duque. En la alocución presidencial manifestó que no está de acuerdo en que la JEP haya frenado el proceso de extradición de Santrich y lo haya dejado en libertad.
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Según dijo "hay pruebas contundentes para determinar que Santrich delinquió tras el Acuerdo de Paz" y aseguró que el narcotráfico en Colombia “representa una grave perturbación del orden público que amenaza la estabilidad institucional en distintas regiones del país".
Asimismo, resaltó que dos de las objeciones por inconveniencia que presentó ante el Congreso de la República estaban relacionadas con el debilitamiento de la extradición porque
“buscan evitar este tipo de desenlaces que hoy nos indignan”, respecto a las seis objeciones que hizo a la Ley Estatutaria de la JEP.
Estados Unidos: a favor de apelar
La
Embajada de Estados Unidos en Colombia calificó como "lamentable" la determinación del tribunal de paz. Aseguró que ellos cumplieron con todos los requisitos de extradición establecidos en el país y afirmó que en ese pedido se estableció que los delitos de los cuales se le acusa a Santrich "se produjeron después del 1 de diciembre de 2016”.
Además, el gobierno estadounidense indicó que la apelación que anunció la Procuraduría General en cabeza de Fernando Carrillo es “esencial y urgente”.
