Expertos en delitos informáticos de la Fiscalía General están tras la pista del responsable del video que incita a que las personas cometan actos violentos contra la fuerza pública y la infraestructura en el paro que se realizará el próximo 21 de noviembre.
El ente acusador abrió una investigación para ubicar y judicializar a la persona encapuchada que lanza estas amenazas. Indicó que la indagación fue abierta por terrorismo e incitación para delinquir.
- Lea también: ¿Por qué piden casa por cárcel para Popeye?
Aseguran que es un montaje
Muchas personas han cuestionado el origen de la publicación, pues consideran que se trata de un montaje para deslegitimar el derecho constitucional a la protesta social. El abogado Estanislao Escalante le dijo a KienyKe.com que el video fue creado con dos finalidades: para que la gente no participe y para que crean que ciertos grupos criminales se van a tomar la movilización. "La experiencia enseña que quien hace este tipo de acciones nunca dice o describe lo que expresa el sujeto en este video", manifestó. [single-related post_id="1209985"] Rubén Darío Acosta, abogado penalista, mencionó que se ha intentado criminalizar la posibilidad que tienen los ciudadanos a manifestarse en contra de lo que él llama "la crisis gubernamental que está próxima a despedir el 2019". "A pesar de que el derecho a la protesta es de orden constitucional, en Colombia ha tenido un trato beligerante al ser considerado un asunto de orden público. Este video parece un libreto hecho a la medida de alimentar el miedo ciudadano que permita la expedición de más leyes punitivistas. Además, para deslegitimar una protesta ciudadana que exige políticas públicas serias en materia de educación, empleo, respeto a los derechos humanos, paz, entre otros", resaltó.A esto se podría enfrentar el encapuchado
El abogado Augusto Ocampo aseguró que, sin lugar a dudas, la persona detŕas de esta publicación podría incurrir en la comisión de los delitos de terrorismo e instigación a delinquir. En diálogo con KienyKe.com explicó que el Código Penal establece una pena de dos a cinco años a quien provoque un estado de zozobra o terror mediante una llamada telefónica, cinta magnetofónica, escrito anónimo, cassette o video, como en este caso.Además, indicó que quien pública y directamente instigue a otro u otros a la comisión de un determinado delito o género de delitos incurrirá en una multa."En este caso es benévola la sanción para quien instigue a delinquir. Aquí vemos cómo el sujeto hace un llamado para hacer desmanes, cuando señala que se deben bloquear y atacar las principales estaciones del transporte público, no solo en Bogotá sino también en el metro de Medellín", finalizó.