Al estado mexicano lo acusan de ser responsable de los hechos en los que miles de personas han perdido la vida y otras han resultaron desaparecidas.
Según expertos en
derechos humanos de la ONU, México es responsable de una desaparición forzada en el estado de Veracruz en 2010 con participación de autoridades estatales supuestamente vinculadas a grupos de crimen organizado.
El Comité de Derechos Humanos está compuesto por un grupo de 18 expertos internacionales el cual dictaminó que el país debe llevar una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias del crimen.
Uno de los casos más recordados en el país azteca es la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Cuatro años después de la tragedia solo se ha conocido que el crimen organizado y funcionarios públicos de la ciudad de Iguala, podrían estar detrás de lo sucedido ese 26 de septiembre de 2014.
“Como las autoridades mexicanas hicieron muy poco en términos de investigación, la familia de la víctima directamente llevó el caso al Comité de Derechos Humanos, que tiene el mandato de examinar violaciones de derechos humanos en países que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos junto con su Protocolo Facultativo”, explicó el comité a través de un comunicado.
Las movilizaciones de los hechos en que desparecieron los 43 estudiantes se suman a una serie de protestas que coinciden con corrupción e impunidad ante otros numerosos casos que guardan similitud.
Derechos violados
El Comité de Derechos Humanos igualmente señaló que todas las personas tienen el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, y el acceso a recursos judiciales efectivos.
“México ha violado todos esos derechos en el presente caso”, dijo el Comité en su dictamen, que destacó que “no se practicaron a tiempo diligencias oportunas, lo cual conllevó la pérdida de pruebas importantes; las investigaciones no fueron independientes e imparciales; y fueron ineficaces para aclarar las circunstancias de la desaparición e identificar a los responsables”.
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“Es fundamental que México empiece a procesar y castigar a los responsables de desapariciones forzadas, para poner fin a la impunidad estructural que opera en el Estado”, dijo Hélène Tigroudja, miembro del Comité.
Este órgano solicitó a México que informara dentro de 180 días sobre las medidas que tomará para implementar el dictamen.
