Daniel Lewis Lee, un supremacista blanco sentenciado por triple homicidio, fue uno de los reclusos que se salvó de ser ejecutado por la justicia de Estados Unidos, debido a que el Tribunal Supremo se negó a restaurar la pena de muerte a nivel federal, es decir, en todo el país.
El gobierno del presidente Donald Trump había solicitado a través del fiscal general, William Barr, la necesidad de reanudar la aplicación de esta pena capital en toda la nación, con el fin de que las víctimas de los crímenes "más horribles" pudieran tener justicia.
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