Una de las críticas hechas a la terna presentada por Iván Duque para el puesto de fiscal general es que ninguno de los tres (Francisco Barbosa, Camilo Gómez y Clara María Gónzalez) es penalista, el tipo de derecho que maneja la Fiscalía General de la Nación.
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Este no es un requisito fundamental para asumir el cargo, es más, varios personajes han estado al frente del ente acusador sin ser expertos en la materia, entre ellos, Néstor Humberto Martínez.
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El abogado Sebastián Ruiz explicó a KienyKe.com que las cualidades requeridas para ocupar el puesto se limitan a un criterio de índole genérico, es decir, las mismas exigencias que deben recoger quienes pretendan ostentar cargos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional o Consejo de Estado.
“La ley no requiere que el fiscal general deba tener una especialización en derecho penal”, resaltó.
Cabe destacar que este miércoles 11 de diciembre será un día clave para elegir al nuevo fiscal general. La Corte Suprema de Justicia se reunirá para analizar las hojas de vida y las razones que dieron Barbosa, Gómez y González para quedarse con el puesto.
¿Qué opinan los expertos?
KienyKe.com consultó a varios penalistas para conocer su punto de vista acerca de este álgido debate. Para algunos, la Fiscalía General debería estar encabezada por alguien que tenga experiencia y conozca el ejercicio del derecho penal; para otros, esto no es imprescindible, pues consideran que ese título no garantiza la aplicación del debido proceso.
Sebastián Ruiz señaló que el fiscal general sí debería ser penalista, conocer de fondo el sistema penal oral acusatorio y el litigio. “Debe saber cómo funciona la entidad, sin dejar de un lado la claridad en cuanto a la política criminal del Estado”, resaltó.
La abogada Laura Kamila Toro mencionó que un fiscal general experto en derecho penal aportaría muchos más elementos en cuanto a la dirección de decisiones como solicitudes de órdenes de captura, medidas de aseguramiento y otras actuaciones sensibles que trastocan derechos fundamentales.
“Estaría al tanto de los desafíos que enfrenta dicha entidad, desde aspectos formales como procedimentales”, afirmó.
Estanislao Escalante, por su parte, dijo que en los últimos años se han presentado ternas con “más afinidad política, partidista y burocrática que técnica y profesional”.
Aseguró que el fiscal general, como máxima autoridad de la investigación penal, debe tener conocimientos claros sobre las técnicas de indagación criminal y, además, contar con habilidades en gestión, dirección y orientación de la lucha contra el crimen.
“Esta persona debe tener cualidades que le permitan direccionar la institución, de lo contrario, llegará a imponer visiones administrativas o de otras áreas a un sistema complejo que tiene toda una filosofía y una forma de actuar”, indicó.
Ruiz, Toro y Escalante coincidieron en que el hecho de que el fiscal general no sea penalista influye en los errores procedimentales criticados al ente acusador, entre ellos, las “imputaciones infladas” y las solicitudes de órdenes de captura y de medidas privativas de la libertad injustificadas.
“Las críticas a las actuaciones de la Fiscalía no son nuevas. Casi que existe una línea de tiempo por sus equívocos procedimientos, los cuales han causado condenas y privaciones de libertad injustas hasta un sustancial desgaste del sistema judicial”, señaló el abogado Sebastián Ruiz.
Laura Kamila Toro, por su parte, indicó que algunos de estos errores han desnaturalizado los procedimientos y que el ente investigador ha perdido credibilidad al responder de manera equivocada en casos de impacto mediático y momentos de crisis.
El abogado Estanislao Escalante indicó a su turno que no conocer la práctica procesal ha llevado a que se realicen procesos alejados de las garantías, “lo que ha llevado a que la Fiscalía sea una de las entidades más demandadas y condenadas por daños antijurídicos”.
Otros no están de acuerdo
El abogado Iván Cancino es uno de los que considera que ser penalista no es un requerimiento fundamental para ser fiscal general de la nación, pues le dijo a KienyKe.com que no es una garantía para que la entidad aplique el debido proceso.
“La peor Fiscalía de la historia fue comandada por dos expertos en la materia, uno de ellos con posdoctorado en penal. Ser penalista no garantiza la aplicación de las normas básicas”, señaló.
Cancino mencionó que el hecho de que los postulantes no sean expertos en esta rama del derecho es un punto a favor porque, según dijo, hace que no existan los conflictos de intereses y que “entiendan a la Fiscalía como una entidad que debe repasar los derechos mínimos sin generar impunidad”.
Jhonny Díaz, abogado, coincidió con las afirmaciones de Cancino. En diálogo con este medio manifestó que lo más importante para él es que esta persona no solo tenga un conocimiento serio y profundo sobre el sistema, sino que también sepa cómo responder ante las fallas que hoy le aquejan al mismo.
“El fiscal debe realmente procurar ocuparse de la estructuración de la política criminal del Estado, pasando, entre otras cosas, por abandonar el populismo punitivo y procesal, que ha redundado negativamente en violentar las garantías de los ciudadanos y es claramente la causa más próxima al fracaso”, afirmó.
Agregó que debe ser el nuevo fiscal general quien asuma el reto de cambiar la persecución penal basada en el sentimiento popular, impulsada en cierta medida por lo mediático, por unas investigaciones “más robustas, más serias, más justas, más garantes y, sobre todo, más exitosas”.
