Varias entidades del sector salud se han pronunciado frente al proceso de responsabilidad fiscal por más de $17 mil millones que abrió la Contraloría debido a las presuntas irregularidades en el pago de los recobros del Vimizim, medicamento de alto costo utilizado para tratar la enfermedad huérfana del Síndrome de Morquio.
El órgano de control alertó que estas anomalías podrían desencadenar en un nuevo escándalo de corrupción. Se identificaron cuatro: la aplicación del medicamento sin tener certeza de la existencia de la enfermedad, el presunto pago sin que efectivamente se aplicara a los pacientes, las diferencias entre la cantidad del medicamento aplicado y la cantidad pagada por algunas EPS, y el pago por recobro del Vimizin suministrados a pacientes, al parecer, inexistentes.
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Más de 30 funcionarios, entidades territoriales y Empresas Prestadoras de Salud (EPS) terminaron vinculados como los presuntos responsables fiscales.
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), una de las implicadas, salió en su defensa y aseguró que se pondrá en disposición para atender los requerimientos de la Contraloría en este proceso.
La entidad, que es la encargada de suministrar los recursos para el medicamento de los pacientes que hacen parte del régimen contributivo, dijo que reconoce y paga el Vimizim de acuerdo a lo establecido en la regulación expedida por el Ministerio de Salud.
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Indicó que, como lo obligan las normas vigentes, se hace el proceso luego de que el medicamento haya sido prescrito por un profesional de la salud, que la responsabilidad de pago sea efectivamente de la Adres, que el paciente exista y le asista el derecho, que la tecnología haya sido suministrada y facturada, que el valor recobrado esté ajustado a la regulación de precios y que los valores del suministro y la factura coincidan de manera efectiva.
“Si alguno de estos requisitos se incumple, el reconocimiento y el pago del medicamento es negado”, afirmó.
La Adres dejó en claro que la verificación sobre los diagnósticos de los pacientes y la pertinencia de los tratamientos son responsabilidad de los médicos tratantes, pues son ellos quienes deben agotar las pruebas diagnósticas y las alternativas terapéuticas disponibles.
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Además, resaltó que las EPS son las responsables de confirmar los diagnósticos, gestionar las autorizaciones para el suministro, verificar la entrega de los tratamientos y garantizar la veracidad de los soportes allegados.
Mencionó que, una vez tenga acceso a la información que la Contraloría tiene en sus manos, procederá a realizar el análisis de cada caso de recobro y en el evento que se presente un reconocimiento y pago sin justa causa, “aplicará el procedimiento para que las EPS reintegren o aclaren la totalidad de los recursos involucrados”.
