El 8 de octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la aprobación de un pliego de cargos contra la campaña del presidente Gustavo Petro Urrego, un hecho sin precedentes pues por mandato constitucional la competencia para adelantar este tipo de investigaciones le corresponde a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, no a una entidad administrativa como el CNE. Esta decisión, además de ser infundada, viola la Constitución. Siendo importante hacer precisión en que fue sustentada por el Magistrado Álvaro Hernán Prada Artunduaga, pupilo de Álvaro Uribe Vélez y anteriormente Representante a la Cámara por el partido Centro Democrático, lo que pone en entredicho su imparcialidad y presunto interés en el proceso.
Es evidente que esta acción se suma a la constante persecución política que el gobierno del cambio ha enfrentado desde el 19 de junio de 2022, cuando Gustavo Petro Urrego fue elegido presidente con el respaldo de más de 11 millones de colombianos. Desde entonces, diversos grupos económicos y políticos han desplegado una serie de estrategias para deslegitimar su mandato, utilizando tácticas como la manipulación mediática, denuncias judiciales infundadas y presiones administrativas. Todo esto con el fin de frenar las reformas del gobierno y no perder los privilegios que estos sectores ostentaron durante décadas en el poder.
Toda esta presión nos llevó a que el pasado 5 de febrero varios congresistas de la coalición Pacto Histórico acudiéramos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para advertir sobre el inminente golpe blando que se estaba gestando contra el gobierno del cambio, que no solo amenazaba la estabilidad institucional, sino que también ponía en riesgo los principios democráticos del país. Hoy, esta advertencia se ha materializado a través de las acciones del Consejo Nacional Electoral, lo que evidencia la fragilidad de nuestro sistema democrático frente a intereses políticos y económicos que buscan desestabilizar al gobierno elegido por el pueblo.
Ahora, como parte del gobierno del cambio, tememos que se cumpla otra advertencia, pues actualmente hay un proceso contra el presidente Gustavo en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, tras agotar varias etapas procesales, este caso podría llegar al Senado, donde han manifestado públicamente rechazo a su mandato. Esperamos que antes de que transcienda una nueva injusticia la Comisión de Acusaciones de la Cámara atienda el llamado del presidente, quien en un acto de transparencia solicitó que se levante la reserva del proceso, para que el país conozca alrededor de 40 pruebas que respaldan su inocencia.
El presidente de la República no está solo, más de 11 millones de colombianos seguimos firmes en apoyo al cambio. Por eso, el 9 de octubre, junto con Congresistas de la Coalición Pacto Histórico, Partido Comunes y Movimiento Político Fuerza Ciudadana presentamos una denuncia ante el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solicitando que se activen mecanismos de observación y seguimiento para garantizar que los derechos políticos y democráticos no sigan siendo vulnerados.
La democracia, la legitimidad de su elección lo respaldan Presidente Gustavo Petro Urrego.
