El Presidente Petro ha alertado sobre la inminencia de una ruptura institucional en contra de su gobierno, de la Constitución y de la separación de poderes, con ocasión de la postulación de la terna para Fiscal General de la Nación. La posibilidad de tener un ente investigador y acusador independiente, probo e imparcial, que tenga voluntad de esclarecer casos de corrupción, narcotráfico y violaciones a derechos humanos que se mantienen impunes, ha desatado la furiosa reacción de quienes están dispuestos a todo para impedirlo. La situación es de tal gravedad, que el Secretario General de la OEA emitió un comunicado en el que “exige que se abandonen los intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia”.
Construir el estado social de derecho y la institucionalidad actual ha costado muchísimo. Desde el Pacto Histórico somos conscientes de ello y siempre hemos actuado conforme a la ley, defendiendo los principios humanistas que construyen la democracia en el país y en el mundo.
Sin embargo, hay quienes ven en el llamado a escoger una fiscal decente, una situación surreal, autoritaria, cuando en realidad es una solicitud legítima tanto para resguardar el orden constitucional y la armonía entre los poderes públicos, como para prevenir una interinidad a manos de una vicefiscal que ha sido señalada de favorecer narcotraficantes. La señora Mancera, de absoluta anuencia del saliente Fiscal, Francisco Barbosa, no ofrece ninguna garantía para la correcta administración de la justicia, sino, por el contrario, continuaría profundizando la deslegitimidad de un órgano público en el que Colombia necesita volver a confiar.
Porque no podemos olvidar que este interinato sería una especie de Néstor Humberto Martínez III a cargo de la Fiscalía, continuando con la aparente cooptación mafiosa que ha sufrido en los últimos años. Porque en este tiempo hemos sido testigos de cómo, quienes han ocupado el cargo, en vez de fungir como garantes de la justicia, han usado su investidura para hacer política y fracturar el orden público y el tejido social, afectar el equilibrio e independencia de poderes del Estado, y derruir la democracia e imagen país a nivel internacional.
Hace unos años habría sido insólito escuchar a un alto representante del poder judicial señalando al presidente de narcotraficante; habría sido impensado verle amenazando a un periodista en plena rueda de prensa1 o allanar un sindicato de maestros cuando dicho esfuerzo debiera ser contra narcotraficantes. Lo mismo respecto a usar la institucionalidad para hacer política en vez de cumplir sus funciones, mostrando una fabulosa incompetencia para acabar con la corrupción (94% de impunidad), una espectacular incapacidad para gestionar las denuncias que recibió (80% de casos archivados y 6 de cada 10 juicios perdidos), y una impresionante sorna para atender las violencias basadas en género.
El país no aguanta más fiscales que trabajen de forma celera contra opositores de su proyecto político y guarden silencio frente a los más bullados casos de corrupción y financiamiento del narcotráfico a campañas políticas de la historia del país, como ha sido con los casos cercanos a funcionarios de los gobiernos del Centro Democrático, Odebrecht, la Ñeñe política, narcofiscales y tantos, tantos otros.
El llamado que hiciera el presidente Petro hace unos días, justamente busca prevenir que se sigan utilizando órganos de justicia y de control como si fueran instrumentos de policía política, para desestabilizar la democracia y romper la institucionalidad. El mundo nos está viendo y debemos estar a la altura de la época.
Para recomponer el orden institucional, las Cortes tienen toda la autonomía y libertad, pero también el deber de escoger sin presiones y en el menor tiempo posible una nueva Fiscal, que sea proba frente a los requerimientos en materia de justicia. La Fiscalía requiere autonomía, recuperar su legitimidad y avanzar en las investigaciones de los grandes temas: derechos humanos, corrupción e impunidad, que con su labor contribuya a cerrar las heridas de la nación.
Por último, quisiera hacer un llamado a todo actor político, de representación popular, de los medios de comunicación, y en general a toda persona cuya voz tenga resonancia en el país: todas y todos tenemos la responsabilidad de construir una Colombia digna, próspera y en paz; evitemos caer en los juegos de la polarización artificial, mantengamos el diálogo y caminemos hacia el encuentro y la reconciliación por el bien del país.
