La dichosa reforma laboral que pretendía ser uno de los proyectos insignias del “Gobierno del Cambio” ha resultado ser un fiasco. Contemplaba inicialmente una ampliación de los derechos de los trabajadores y corregir las injusticias históricas que aquejan a millones de colombianos. Sin embargo, más allá de las cifras y los tecnicismos, este debate debe plantearse desde una perspectiva profundamente humana. Estamos hablando de la vida cotidiana de las personas, de su seguridad, su salud y su capacidad para vivir con dignidad. ¿Cómo puede una sociedad que se aprecia ser moderna y democrática aprobar una reforma que, aunque bien intencionada, podría estar erosionando la estabilidad laboral y abriendo la puerta a nuevas formas de precarización?
El derecho al trabajo digno
Algo a lo que debemos ponerle lupa: El derecho al trabajo digno es uno de los principios fundamentales consagrados en el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia. Esta norma no solo garantiza el acceso al trabajo, sino que exige que dicho acceso se realice bajo condiciones justas y dignas para los trabajadores. Sin embargo, la reforma laboral que hoy se debate parece desviarse de este principio rector, priorizando una flexibilización que pone en riesgo la estabilidad y el bienestar de millones de trabajadores. La dignidad en el trabajo no puede ser un concepto abstracto o filosófico; es una exigencia tangible que debe reflejarse en la realidad cotidiana de quienes dependen de su empleo para sostenerse ya sus familias.
Los números no mienten. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2024), más del 56% de la fuerza laboral en Colombia se encuentra en situación de informalidad laboral. Esto significa que más de la mitad de los trabajadores no tienen acceso a la seguridad social, no cuentan con contratos formales y viven con la incertidumbre de no saber si podrán mantenerse en sus empleos los próximos meses.
Aunque la propuesta de reforma laboral promete avanzar en la formalización del empleo, la realidad es que gran parte de los trabajadores seguirá siendo excluida de un sistema que históricamente ha marginado a los más vulnerables. Este panorama de informalidad estructural socava cualquier discurso de progreso que quiera sostenerse en la expansión de los derechos laborales.
La informalidad no es solo un problema económico, es una cuestión de justicia social. Las consecuencias de un sistema que perpetúa la precariedad laboral son devastadoras para los trabajadores, quienes, a pesar de cumplir jornadas agotadoras, no logran acceder a un salario que cubre sus necesidades básicas. Este es un punto crítico que la reforma laboral ignora o subestima.
Un estudio del Banco Mundial señala que la informalidad en Colombia no solo está profundamente arraigada, sino que es uno de los principales factores que impiden la reducción de la pobreza y la desigualdad en el país. El verdadero progreso no puede medirse únicamente en términos de crecimiento económico, sino en la capacidad de la sociedad para garantizar condiciones de vida dignas a sus ciudadanos (Banco Mundial, 2021).
El impacto de esta reforma será especialmente duro para los grupos más vulnerables de nuestra sociedad: mujeres, jóvenes y trabajadores de sectores informales. Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) muestra que las mujeres y los jóvenes son los más afectados por la informalidad y la falta de oportunidades laborales dignas en la región. Si no se contemplan políticas específicas para proteger a estos grupos, la reforma no solo fallará en mejorar el panorama laboral, sino que agravará las desigualdades existentes, perpetuando un ciclo de pobreza y exclusión (CEPAL, 2021).
En virtud de lo anterior, debemos preguntarnos si esta es la reforma que el país necesita. No podemos hablar de progreso si la dignidad del trabajador sigue estando ausente del debate. ¿Cómo podemos celebrar una reforma que, si bien tiene avances, no logra tocar las bases estructurales del problema? Un sistema laboral que deja fuera a la mayoría de sus trabajadores, que no ofrece seguridad social ni salarios justos, no es un sistema que respeta los derechos fundamentales. Colombia merece una reforma que, en lugar de precarizar aún más el empleo, lo dignifique y lo fortalezca.
La flexibilización laboral: ¿Una solución o un problema mayor?
La flexibilización laboral ha sido presentada como la panacea para resolver los problemas de desempleo y adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado. En el marco de la reforma laboral en Colombia, esta propuesta busca facilitar la contratación a través de la flexibilización de contratos y la reducción de costos laborales para los empleadores. Sin embargo, esta medida, que en el discurso parece una solución eficiente, podría convertirse en un problema mayor para la clase trabajadora.
El argumento de que la flexibilización generará más empleo oculta una realidad más compleja: los trabajos creados bajo este esquema suelen ser temporales, inestables y carecen de las garantías necesarias para una vida digna. Esto no es progreso, sino precarización institucionalizada.
Si Colombia sigue este mismo camino, corremos el riesgo de consolidar una generación de trabajadores que, aunque empleados, vivirán en condiciones de incertidumbre permanente, sin acceso a derechos básicos como la seguridad social, las pensiones o las vacaciones pagadas.
El impacto de esta medida será devastador para los grupos más vulnerables de la sociedad, como los jóvenes y los trabajadores de las plataformas digitales, quienes ya se encuentran en la periferia del mercado laboral formal. En lugar de protegerlos, la flexibilización laboral profundizará la precarización, legitimando condiciones de trabajo que, en muchos casos, ya rayan en la explotación.
Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los trabajadores en empleos flexibles tienden a estar más expuestos a la inseguridad económica, lo que afecta directamente su bienestar emocional y social (Organización Internacional del trabajo, 2006).
La necesidad de una reforma humana
No cabe duda de que Colombia necesita una reforma laboral que responda a las exigencias de un mercado cada vez más globalizado y dinámico. Sin embargo, cualquier cambio en la legislación debe tener como objetivo principal el bienestar de los trabajadores.
El problema no radica en la necesidad de reformar, sino en cómo se plantea dicha reforma. Colombia, con una tasa de informalidad laboral que supera el 56%, requiere cambios estructurales para garantizar que los trabajadores puedan acceder a empleos formales, dignos y con seguridad social.
No obstante, la reforma propuesta parece enfocarse más en flexibilizar el mercado laboral, lo que podría profundizar la precarización en lugar de corregirla. Aun reconociendo algunos avances, como la reducción de la jornada laboral, es fundamental preguntarnos si estas medidas realmente mejorarán la calidad de vida de los trabajadores, o si, por el contrario, se convertirán en una herramienta más para beneficiar a los grandes capitales a costa de la dignidad humana.
El bienestar humano no puede seguir siendo una nota al pie en las discusiones económicas. Es imperativo que el trabajador sea visto como un ser integral, con necesidades que van más allá de la simple supervivencia. La estabilidad laboral, el acceso a derechos como la seguridad social y la protección ante enfermedades son aspectos esenciales para una vida digna.
Sin embargo, la reforma actual ignora en gran medida estas cuestiones, privilegiando una lógica de mercado que deshumaniza a los trabajadores, reduciéndolos a simples piezas de una maquinaria económica. Este enfoque es un grave error que perpetúa la crisis social y económica que Colombia lleva arrastrando durante décadas.
Por lo tanto, hago un llamado a reorientar la discusión hacia una reforma que verdaderamente ponga a las personas en el centro. No se trata de rechazar la reforma por completo, sino de reconocer que cualquier cambio en la legislación laboral debe priorizar el bienestar de los trabajadores sobre los intereses que buscan acumulación del capital. Solo así podremos construir una sociedad más equitativa y justa, donde el crecimiento económico no sea un fin en sí mismo, sino una herramienta para mejorar la calidad de vida de todos los colombianos.
Finalmente, esta reforma puede representar un avance en algunos aspectos, pero corre el riesgo de convertirse en una amenaza para la dignidad de los trabajadores si no se toman en cuenta los impactos reales que tendrá sobre los sectores más vulnerables. Como sociedad, debemos preguntarnos: ¿Qué tipo de país queremos construir? Uno donde los derechos laborales sean una cuestión de suerte, o uno donde cada trabajador, sin importar su origen o condición, pueda vivir con la seguridad y la dignidad que merece.
Es hora de que, como actores políticos, pongamos a las personas en el centro de nuestras decisiones. Si bien es necesario modernizar las leyes laborales, no podemos permitir que esa modernización se haga a costa del bienestar y la estabilidad de los colombianos. La verdadera reforma será aquella que, en lugar de flexibilizar los derechos, los fortalezca, reconociendo que cada trabajador es, ante todo, un ser humano.
