En el país los asuntos relacionados con la criminalidad y la violencia hacen parte fundamental del debate político, la academia y la vida social cotidiana. La percepción de inseguridad experimentada por el aumento del crimen y la delincuencia, y por las dificultades que atraviesan las autoridades para prevenir y reprimir el delito, amenazan la calidad de vida de la sociedad, así como la estabilidad de la democracia.
En efecto, los fenómenos presentados con mayor frecuencia en las ciudades son el hurto a personas, la comercialización de estupefacientes y su consumo, la intolerancia social manifestada en conductas violentas en la calle y en el hogar, al igual que los delitos sexuales, el homicidio, el secuestro y la extorsión, y hoy se suma el cibercrimen. Como también los factores sociales y una infraestructura urbana deficitaria que conducen a estimular que se produzcan comportamientos delictivos y faltas sociales.
En Colombia, la lucha contra el delito se ha trasladado con mayor énfasis al empleo de medidas policiales, militares y judiciales, centradas en qué forma debe organizarse, transformarse y reestructurarse la Policía Nacional y sus Fuerzas Militares para que estas instituciones y sus acciones sean contundentes, pero en realidad lo que es necesario es renovar la discusión y desmontar los mitos de la seguridad ciudadana.
Por tal razón, los mitos de seguridad son una construcción mental que se reafirman mediante la cultura y los comportamientos habituales de la sociedad y las autoridades, los cuales en medio de la cotidianeidad reflejan nuestra forma de ver la realidad y sobre estos creamos conceptos e imágenes acerca de la seguridad ciudadana, que terminan influyendo en nuestro desarrollo y en la interacción con los demás.
Por lo cual, no es para nada raro que uno de los primeros mitos que surgen, con el deseo de ver disminuir la delincuencia es sugerir la modificación permanente del código penal, mediante el endurecimiento de las penas, la tipificación de nuevos delitos, la disminución de la edad penal y el aumento del encarcelamiento, entre otros. Como si con la sola aprobación de estas reformas el crimen se reduciría.
Un segundo mito, se refiere al hecho que la presencia militar y policial en nuestras ciudades es suficiente para el control de las infracciones penales. El crimen en Colombia, es muy distinto al que se presentaba hace 20 años. Hoy, el delito ha mutado, no solo es una transgresión local, sino que es ejecutado por organizaciones transnacionales, y con mayores enlaces con otros delitos. Por eso, se requiere niveles de investigación criminal e inteligencia más sofisticados, con acciones de coordinación y articulación regional y global que permitan a las autoridades anticiparse al crimen.
Un tercer mito es afirmar que preocuparse por la seguridad del país es ser de derecha o ser de izquierda, todo lo contrario, se requiere una acción holística de todas las fuerzas de la nación para articular la ciencia de policía, la administración de justicia, la ciudadanía y el Estado, para contar con unas políticas públicas acordes a la época en la que estamos viviendo; es la oportunidad para que la academia, la sociedad civil y el gobierno se interesen en participar en la realización de estudios comparados y propuestas concretas, para abordar los orígenes orgánicos del delito, generando inclusión, protección social y oportunidades para todos.
Un cuarto mito es tener el concepto erróneo por parte de las autoridades, que como el delito es un fenómeno complejo, y que difícilmente la situación va a cambiar, se deben continuar planteando las mismas estrategias y sin esperar mayores resultados. Contamos con una experiencia exitosa que vale la pena ser analizada y aplicada en el país, el caso de la ciudad de Nueva York a mediados de la década de los noventa, en ese momento afectada con altos índices criminales, las autoridades implementaron una estrategia llamada “tolerancia cero”, en donde la delincuencia comenzó a descender, el crimen en general tuvo una contracción del 40% y el homicidio un 50% en dos años; para seguir este ejemplo se requeriría en Colombia voluntad política, como lo hizo en esa ciudad su alcalde Rudolph Giuliani y el jefe de policía William Bratton.
En consecuencia, es cierto que todos deseamos vivir en un país sin desempleo, sin pobreza y en donde se rompan las brechas de la desigualdad; pero esta situación no es impedimento para contar con una excelente política de seguridad pública. No se debe vincular la pobreza con el delito, lo que es una relación causal inexistente, en el país no se encuentra una clase social en donde alguno de sus integrantes no se desvíe de la ley, lo que cambian son los métodos. Los gobiernos locales y el nacional deben adelantar esfuerzos no solo para reprimir el delito en sí, sino sus causas estructurales.
Finalmente, es hora de abandonar el debate público sin sentido acerca de la seguridad, en su lugar debemos construir un nuevo concepto de seguridad ciudadana que incluya un gran pacto común para enfrentar la criminalidad, a través de estrategias que reconstruyan el tejido social, y no hacer “más de lo mismo”, y desaprender de las viejas políticas públicas que solo han generado pocos resultados y tanto daño a la convivencia ciudadana, y reemplazarla por una salida real, ética y social. Es fundamental recordar a nuestros gobernantes que la tarea primordial del Estado es defender a sus ciudadanos
