El fútbol en Medellín nuevamente se vio empañado por actos de violencia, cuando el partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla del 26 de septiembre tuvo que ser suspendido a causa de los disturbios que se dieron en la gradería, que han dejado hasta el momento 20 hinchas y un policía herido. La reiterada sucesión de hechos de desorden público que se han presentado en la ciudad este año hacen necesario establecer responsabilidades de la Alcaldía, Dimayor y los clubes de fútbol.
A inicios de este año los hinchas de Nacional, a modo de “protesta”, decidieron quemar la silletería del Atanasio Girardot. Una acción que le costó al bolsillo de todos los medellinenses, que puso en riesgo la vida de aficionados, fuerza pública y jugadores. Desde ese primer desmán la alcaldía de Medellín debería haber estado preparada pero nuevamente en marzo se presentaron actos de violencia, con unos mal llamados hinchas atacando a la Fuerza Pública.
La situación que se ha vivido en partidos de fútbol es un reflejo del deterioro de la seguridad en Medellín, con un Federico Gutiérrez que se ha vuelto experto en estar ausente en los momentos en los que la ciudad más lo necesita y que parece estar más preocupado por una eventual campaña en el 2026 que por gobernar.
Pero no se puede dejar de lado la responsabilidad que deben asumir la Dimayor y los clubes de fútbol, que no es menor. Las declaraciones del presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, han ido en tratar de plantear lo sucedido el miércoles como un hecho aislado - como quien trata de tapar el sol con un dedo - y de poner como principal culpable a la Fuerza Pública al afirmar que existe una corresponsabilidad por parte de la Policía al tratarse de un espectáculo público.
Que conveniente, cuando se trata de tirarse la pelota para determinar quién debe responder sí se trata de un espectáculo público. Un espectáculo público con el cual se lucran unos privados, privados que buscan todos los caminos para restringir el acceso al fútbol de la mayoría de los hinchas, como con la creación de un único canal que transmite los partidos el cual requiere una suscripción aparte del costo de un paquete básico de televisión.
¿Por qué los organizadores de conciertos que también hacen espectáculos públicos sí ponen de su bolsillo para garantizar la logística y seguridad de sus eventos, pero la Dimayor y los clubes, que se lucran con la boletería, les parece más cómodo dejar esta labor en manos de la Policía que lo hace de forma gratuita? ¿Con una ciudadanía que reclama mayor seguridad, no sería mejor tener el pie de fuerza que se envía a los estadios patrullando en las calles?
Desde el Congreso trabajaré en una iniciativa legislativa para que los organizadores de eventos futbolísticos asuman una mayor participación en la provisión y financiación de servicios de seguridad para el espectáculo, existiendo una mejor distribución de la responsabilidad entre los privados y la Fuerza Pública, tal como se hace en países como Reino Unido, España y Alemania.
