El pasado 10 de agosto, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos señaló que CORFICOLOMBIANA, del Grupo Aval, sobornó funcionarios del gobierno colombiano en el contrato Ruta del Sol II. Por este motivo, el grupo financiero se comprometió a pagar USD$80 millones en un acuerdo de procesamiento diferido supeditado a su cooperación con la justicia. En palabras sencillas, y al contrario de lo que señalaron los medios locales, CORFICOLOMBIANA del Grupo Aval es culpable y pagó para suspender el proceso, más no para cerrarlo.
A pesar de este hecho relevante, el fiscal Gabriel Jaimes señaló rápidamente que “no existe [...] ningún soporte para iniciar investigaciones adicionales a lo que ya hemos esclarecido y judicializado previamente”. Y en octubre, el Fiscal Francisco Barbosa dijo, ante una solicitud del Secretario de Transparencia, que no reabriría ninguna investigación por un capricho de terceros. Estas declaraciones muestran lo que ha sido la doctrina Barbosa: tapen, tapen.
¿Por qué el fiscal Barbosa no quiere llegar al fondo del escándalo de Odebrecht? ¿A quiénes está protegiendo? ¿Por qué el grupo Aval es culpable en EEUU y en Colombia no? ¿Por qué quien se autodenomina como el mejor fiscal de la historia y se jacta de su nivel de formación no ha sido capaz de identificar al funcionario número 3?
Porque mientras en otros países acusaron y sancionaron incluso presidentes, acá es como si no hubiera pasado nada. A esto podemos sumar la desinformación promovida en algunos medios de comunicación, o el silencio cómplice de políticos de oposición y de quienes se hacen llamar “senadores del pueblo” y “luchadores contra la corrupción”.
Pero claro que sí pasaron cosas en Colombia. En el debate de control por Odebrecht que desarrollamos el pasado martes en la plenaria del Senado, denunciamos el modus operandi para la cooptación del Estado y de cómo las leyes y el cuerpo legal terminan siendo funcionales a los esquemas de corrupción, al punto que hoy ni siquiera es ilegal el saqueo del Estado, porque lo hacen por la vía contractual en el que los privados siempre ganan y la nación, con los recursos de todas y todos, siempre pierde. Lo vemos en carreteras con Odebrecht y el Grupo Aval, lo denunció el Senador Antonio Correa con la concesión Yuma, pero también lo vemos en salud, educación, en pensiones y tantos otros sectores.
En el caso de la Ruta del Sol II, al igual que en la Vía al Llano y en otros ejemplos, privados y empresas corruptas ejercen un lobby de alto nivel para adecuar el Estado a su conveniencia, incidiendo en la priorización de proyectos y políticas públicas, para luego torcer adjudicaciones y quedarse con las licitaciones. Una vez contratados, presionan modificaciones contractuales a su favor, que llegan a multiplicar por cientos de veces el valor original. Con esto, logran más recursos, sobornan nuevamente, se quedan con nuevas licitaciones, y así vuelve y juega.
En este trayecto aparecen los fiscales cómplices, los Otto Bula, los Ñoño Elías, los Óscar Iván Zuluaga, los Andrés Felipe Arias, y tantos otros, a bogar por intereses propios a costa del erario y los derechos de millones de colombianos y colombianas. Porque al final, es el pueblo quien paga y sufre la corrupción promovida por estos funestos personajes.
Aquí, la frase atribuida a Marcelo Odebrecht tiene triste sentido: “yo jamás corrompí a nadie en Colombia, cuando los conocí todos ellos ya eran corruptos y delincuentes con poder”.
Esto, más que una frase lapidaria, es una alerta a todo el país. En este sentido, quisiera hacer tres llamados sobre el caso Odebrecht. Primero, las autoridades deben esclarecer la identidad del 'Colombian official 3', sindicado en el acuerdo entre la SEC y el Grupo Aval; segundo, a que de una vez por toda acabe la impunidad, la inacción y la pasividad de los entes de control.
Y por último, el tercer llamado es a romper los ciclos de corrupción a los que nos han condenado personas sin escrúpulos, clanes, familias, narcotraficantes, parapolíticos y grupos económicos. Esta lucha nos obliga a trabajar unidos, directamente y sin dilaciones.
Porque la anticorrupción no es una declaración de intenciones para redes sociales, para un video ni por un like, ni mucho menos necesita adalides incoherentes entre discurso y práctica. La lucha contra la corrupción es una decisión efectiva y activa que debe ser transversal y de alta prioridad. Solo así podremos frenar el desangramiento del Estado.
