Esta semana se conmemoró un aniversario más del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento y el coronel de la Policía Nacional, Valdemar Franklin Quintero. Ambos crímenes se produjeron en un contexto marcado por la violencia del narcotráfico y la creciente influencia de los grupos armados ilegales en el país, hechos que reviven una de las heridas profundas en la historia colombiana. Galán permanece en la memoria colectiva como el político idealizado por su carácter reformista y su consigna de evitar un narcoestado, un objetivo que requería de la valentía y el compromiso de uniformados como Quintero y su trabajo incansable por desmantelar los carteles de la droga. Sus muertes dejaron marcas imborrables y generaron interrogantes que aún hoy persisten.
La sombra de estos magnicidios y de otros millares de asesinatos generados por las economías criminales continúa alargándose sobre nuestra sociedad. Hoy Colombia, a pesar de un sinnúmero de esfuerzos se encuentra lejos de erradicar esta violencia evolucionada y diversificada para adaptarse a las nuevas realidades y desafiar al Estado. Los grupos armados ilegales, herederos de los antiguos carteles, controlan vastas regiones del territorio nacional, extorsionan a la población y se lucran con actividades ilícitas como la minería ilegal y el tráfico de armas.
En este sentido, a dos años del inicio del mandato del presidente Gustavo Petro y la implementación de su política de Paz Total el balance es desalentador y está lleno de interrogantes por los retos que hasta el momento no se han logrado sortear, conocidos por el gobierno desde que el proyecto fue concebido. Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación de octubre de 2023 habla sobre el crecimiento en un 25%, de la presencia territorial del Estado Mayor Central, una de las estructuras disidentes de las FARC; por su parte, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia aumentaron su accionar en un 17%. El ELN y la Segunda Marquetalia, aunque en menor medida, también mantienen un incremento de su capacidad criminal.
La paz continúa siendo una perspectiva lejana, y así surgen varios interrogantes al respecto: ¿qué tan real es el interés de las organizaciones delincuenciales con las cuales está dialogando el gobierno para afrontar las condiciones de la Paz Total? ¿Cuál es la estrategia del gobierno para debilitarlos económicamente y posicionarse en circunstancias viables de negociación? Las evidencias demuestran que los mecanismos empleados por décadas para combatir el narcotráfico resultan ineficientes en el largo plazo, por cada cartel desmantelado sus remanentes forman nuevos grupos delictivos que engrandecen las arcas para sostener la amenaza contra el Estado y sus intentos de conseguir una paz duradera. Entonces, ¿es posible ganarle la guerra o debilitar en realidad a estos grupos y sus economías criminales en las que participan como la minería ilegal, el tráfico de personas, la explotación sexual, la extorsión y el contrabando? Hasta ahora, el gobierno se ha quedado corto en comprender que se está negociando con grupos ilegales sin más ideales que financiarse a través de la consolidación y expansión de sus empresas criminales.
Por lo tanto, es necesario recordar que la consecución de la paz no es un mero ideal o bandera política, se requiere de un trabajo basado en el conocimiento de las características propias de los conflictos actuales, así lo han comprendido, una serie de expertos que han publicado el libro “Economías criminales: enfoques multidimensionales” en el primer semestre de 2024, el cual ofrece un análisis riguroso sobre las dinámicas de las economías criminales en América Latina, con un enfoque particular en Colombia. El objetivo principal del libro es proporcionar un punto de vista sobre las economías criminales, analizando no solo las estructuras delictivas, sino también su impacto social y organizacional. Los autores enfatizan la necesidad de vincular la prevención del comercio ilícito con la lucha contra la delincuencia organizada, en especial en contextos transnacionales. Este enfoque es crucial para entender cómo las redes criminales delinquen y se adaptan ante las políticas de control y prevención.
Algunas de las estrategias propuestas para mitigar los riesgos de las economías criminales incluye: conocer el modus operandi del crimen organizado para fortalecer los sistemas internos de las instituciones con responsabilidades sobre los asuntos de seguridad; adoptar un enfoque público-privado en la prevención del comercio ilícito; utilizar la inteligencia y la investigación criminal como herramientas fundamentales en la lucha contra el crimen organizado y formular políticas públicas efectivas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En conclusión, para obtener el éxito en la confrontación de las actividades económicas ilícitas es necesario adoptar un enfoque con una visión interdisciplinaria. Se debe enrutar el trabajo de la construcción de la paz al margen de ideales que obvian que el conflicto en el país derivó hace décadas hacia el control y la expansión de empresas delictivas, y en ese sentido la lucha contra las economías criminales en Colombia y la puesta en marcha de la Paz Total requiere un compromiso firme y sostenido por parte de las autoridades del Estado, desde luego con una participación activa de todos los sectores de la sociedad. Además, con la implementación de una metodología multidimensional, que integre la prevención, el fortalecimiento institucional, la educación y el respeto por los DDHH, esencial para construir un futuro más seguro y equitativo para enfrentar de manera efectiva la complejidad de las economías criminales y avanzar hacia una posible solución a la violencia, una Colombia en paz, propuesta que exponía en su tiempo Galán y defendía Quintero.
