En diciembre de 2020 el polémico gerente de la Empresa Metro, Andrés Escobar, salió del cargo. En la actualidad se está haciendo la elección del nuevo gerente, decisión que debe salir de un acuerdo entre la Nación y el Distrito, no solo porque la Nación debe financiar hasta el 70% de las inversiones en este sistema sino también porque desde el momento de la creación de la empresa, Enrique Peñalosa, quizá previendo que llegaría a la alcaldía un detractor de sus proyectos, le dio el control de la junta directiva al Gobierno Nacional.
De esta forma, la Nación por medio de la junta directiva elige una terna y de esta terna la Alcaldesa elige el nuevo gerente. Aunque el Gobierno Nacional solo tiene directamente 3 de los 9 cupos de la Junta directiva, controla de hecho dos más, el representante que asigna ProBogotá y el de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Ya están sobre la mesa 3 nombres, Eduardo Gutiérrez, actual vicepresidente de la ANI; Leonidas Narváez, exvicepresidente de la misma entidad en la era Santos; y María del Pilar Rodríguez, quien inició su carrera en Transmilenio, en la primera administración Peñalosa, y fue gerente de Metro Cali.
En las próximas semanas se conocerá el nombre del sucesor de Andrés Escobar y deberá asumir muchos retos, en especial el de empezar y acelerar la ejecución del proyecto. En 2016, Escobar anunció que el metro entraría en operación en 2020, en parte para justificar descartar el proyecto subterráneo, que en ese momento estaba mucho más avanzado. Llegado el 2020, la realidad fue que ni siquiera se logró poner la primera piedra, por lo cual muchos ciudadanos se muestran escépticos del futuro de la obra y muchos sectores aún se oponen a ella.
Me opuse a la decisión de Peñalosa de tirar a la basura los estudios del metro subterráneo, no porque me hubiera correspondido en 2012 retomar el proceso de estructuración técnica del mismo, sino porque significó perder por lo menos cuatro años de avances del proyecto de movilidad que sigo pensando era el que requería la ciudad. Sin embargo, el exalcalde blindó jurídicamente su proyecto elevado y es lo que la nueva administración recibió y debe ejecutar. Así que quien llegue al cargo debe responder a cuatro retos principales.
El primer desafío es iniciar la ejecución de la obra, se trata de un contrato que cumple ya 16 meses de haber sido adjudicado. El segundo, es hacer los ajustes que aún requiere la primera línea; en el borde oriental hay muy pocas estaciones proyectadas y esto obligará a miles de ciudadanos a usar un Transmilenio colapsado, por 2 o 3 estaciones, aún existen muchas dudas sobre el impacto urbano de la estructura y se debe hacer transparente la información sobre la capacidad real que tendrá el sistema. El tercero será lograr la contratación de la segunda línea del metro y, el cuarto, recuperar la confianza y lograr apropiación por parte de la ciudadanía, o más bien construirla.
Aunque la obra se adjudicó y blindó jurídicamente en 2019, solo hasta 2020 se contrató la interventoría y se logró hacer la firma del acta de inicio. Actualmente, se están haciendo los estudios de ingeniería de detalle del proyecto y se espera iniciar próximamente trabajos de suelo.
Hace pocos días fue anunciado el trazado de la segunda línea del metro, que beneficiará al noroccidente de la ciudad. Con esto, Claudia López cumple la promesa de campaña de llevar el metro a una de las zonas de mayor demanda, Suba y Engativá, partiendo de la calle 72 con Caracas hasta la Calle 72 con Av. Cali y por esta avenida hasta la Av. Suba, para posteriormente tomar hacia el occidente de nuevo.
Adelantar la contratación de la siguiente línea en esta administración es uno de los mayores retos del próximo gerente. Se espera que en los próximos meses se contraten los estudios de factibilidad que definirán la tipología que, por su trazado y la experiencia de la primera línea en cuanto a costos, muy probablemente será subterránea, así como el número y ubicación de las estaciones y la capacidad del sistema.
En el futuro cercano vale la pena revisar la conformación de la junta directiva, lo que debe hacerse a través de un Acuerdo del Concejo de Bogotá. Por la importancia que ha tomado el tema férreo en la ciudad y la región, debería estar incluida la Empresa Férrea Regional, que además es una entidad pública, a cambio del espacio que se le otorgó a ProBogotá como independiente.
