En una relación laboral entre empleador y trabajador, existe una asimetría de poder inherente, lo que la convierte en una relación desigual. Esta desigualdad se manifiesta en varios aspectos: la diferencia en el poder económico, el acceso a recursos, la dependencia del trabajador para subsistir, la variabilidad en el acceso a la información, las distintas condiciones laborales y el poder de decisión que uno ejerce sobre el otro. Estos factores han sido la causa de miles de conflictos diarios en todo el mundo, especialmente en nuestro país .
En Colombia, la conflictividad laboral se manifiesta en protestas y huelgas de trabajadores. Durante años, se han registrado numerosos eventos de conflictos laborales, alcanzando un gran pico en 2021 con el paro nacional, y continuando en 2022. Según el Observatorio de Conflictos Sociolaborales del Ministerio del Trabajo, del total de conflictos registrados, el 68,7% fueron de origen laboral y el 31,3% de origen social. Asimismo, en 2023 se presentaron 256 protestas de carácter laboral en 490 municipios, según datos del Centro de Investigación y Educación Popular. Entre las demandas de estas protestas se encuentran causas como el retraso o incumplimiento en el pago de salarios y obligaciones, reivindicaciones por servicios de salud, condiciones de vinculación precaria, inestabilidad laboral, violaciones y persecución sindical, despidos, incumplimiento de acuerdos, discriminación y violencias basadas en género, entre otros. Estos problemas se buscan resolver con la reforma laboral, pero el Congreso ha venido saboteando las discusiones con mentiras y trabas.
La Reforma Laboral ya se había hundido por falta de quórum en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en 2023. En esta segunda ocasión, se presenta al Congreso una versión más corta, pero ha tenido una mayor discusión con los diferentes sectores. Aun así, han intentado hundirla. La oposición ha presentado recusaciones a la bancada de gobierno, ha colocado varias proposiciones de archivo, ha dilatado la discusión e incluso se ha retirado del recinto para romper el quórum.
Paralelamente, también presionan con una campaña de mentiras repetidas una y otra vez para confundir y generar miedo, posicionándose solo del lado de los empleadores. Utilizan de forma engañosa la defensa de los pequeños y microempresarios para afirmar que la reforma es nociva y genera desempleo, que aumenta costos extraordinarios, que es inconveniente en la economía actual, que no fomenta la formalización laboral y no se ha discutido con los gremios. Estas mentiras, que seguiremos escuchando, se han ido desmontando una a una en medio del debate que finalmente ha comenzado.
El Congreso debe escuchar a todos los sectores, no solo a los grandes empresarios y gremios que tienen la capacidad de ejercer mayor presión a través de los congresistas que han financiado. Es igualmente importante prestar atención a los movimientos sociales, centrales sindicales, jóvenes y mujeres, y a todos aquellos que durante años se han manifestado en busca de mejores derechos laborales. Debemos recordar a quienes han perdido la vida en la lucha sindical, porque en Colombia, la lucha por los derechos laborales se ha pagado con sangre.
Las prácticas laborales negativas deben terminar, por eso es necesario un Cambio. No es aceptable que las empresas se construyan sobre la humillación de sus trabajadores, que se les despida por sindicalizarse, que se les pague menos y se les quiten horas de descanso, las empresas no se crean con el sufrimiento de los trabajadores. Tampoco es aceptable engañar a la juventud para que inicie su vida laboral de manera precaria, ni seguir tolerando las violencias de género y la violación de los derechos laborales.
La reforma laboral es una oportunidad para cambiar e impulsar la economía del país, garantizando y protegiendo los derechos de los y las trabajadoras. Esta reforma busca recuperar la estabilidad, evitando que los contratos a término fijo se extiendan por más de cuatro años, asegurando que sean por escrito y cumplan ciertas condiciones, además corrige normas regresivas, como el horario de la jornada nocturna, que volvería a las 7 p.m. (actualmente es a las 9 p.m.); regula la tercerización y la intermediación, incluye recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, sanciona los pactos colectivos, elimina los contratos sindicales y establece un procedimiento judicial breve para impedir conductas antisindicales. Además, promueve la equidad de género y mejora las condiciones de los contratos de aprendizaje, migrantes, deportistas, trabajadores de plataformas digitales, campesinos y madres comunitarias.
El Congreso debe trabajar para reducir la conflictividad en una sociedad que está acostumbrada a tanta violencia como la nuestra. Debe lograr la regulación de los conflictos. Es importante que se entienda que mejorar la relación desigual entre empleadores y trabajadores dinamiza la economía del país, aumenta el consumo y las expectativas de vida de las y los trabajadores, y, sobre todo, protege sus derechos. Cumplámosle a Colombia.
