Las finanzas públicas, tanto las de la Nación como la de las entidades territoriales se encuentran entre la espada y la pared. De un lado esta la salud en cuidados intensivos a consecuencia de la pandemia del COVID-19, cuyo tratamiento y contención demanda ingentes recursos, con los cuales no se contaba. Del otro lado está la economía, que se contagió con el coronavirus, en un coma inducido, debido a las medidas de aislamiento y distanciamiento preventivo que se han tomado al amparo de la declaratoria de la Emergencia económica y social. Por tal motivo, la actividad económica y comercial se ha visto abocada a una virtual parálisis, afectándose gravemente la oferta y la demanda tanto a nivel agregado como sectorial, el crecimiento, empleo y el ingreso.
La prolongación de esta crítica situación, que se ha visto agravada con el desplome de los precios internacionales del petróleo, llevó al Ministerio de Hacienda y Crédito público a revisar su previsión de crecimiento del PIB este año desde el 3.7% al -5.5%. Por su parte el Comité consultivo de la Regla fiscal, se vio precisado a flexibilizar, aún más de lo que ya lo había hecho, la Regla fiscal, elevando el techo del déficit fiscal desde el - 2.5% del PIB proyectado hasta el - 6.1% del PIB. Es más, el propio Ministro Carrasquilla ha reconocido que la deuda pública de la Nación va a subir desde el 50.3% actual a más del 60% al cierre de este año. Y no era para menos, dado que, según las proyecciones de la DIAN, se estima que el recaudo de impuestos se disminuirá en $15 billones, aproximadamente, al tiempo que se prevé un mayor gasto para este año, por lo pronto, de $25 billones.
Al igual que la Nación, los departamentos, municipios y distritos han visto reducir sus ingresos al tiempo que la atención de la crisis planteada, en lo que les corresponde, demanda un mayor gasto, no previsto. Ellos cuentan con tres fuentes de ingresos, a saber: los ingresos corrientes de libre destinación, que son los recursos propios, que básicamente provienen del recaudo de impuestos y contribuciones. En el caso de los 32 departamentos, estamos hablando de los impuestos al consumo de licores, cervezas y cigarrillos, el impuesto a los vehículos, registro y anotación, las estampillas y la sobretasa a los combustibles. En cuanto a los 1.103 municipios y distritos, estos disponen de los recaudos por el impuesto de industria y comercio (ICA), el impuesto predial y la sobretasa a los combustibles.
Las dos principales fuentes de ingresos de los departamentos son los que provienen de las transferencias por parte de la Nación a través del Sistema General de Participaciones, que representan el 47% y los recursos propios que participan con el 35%. Adicionalmente, los recursos provenientes del Sistema General de Regalías complementan sus ingresos con un promedio del 6%. Pues bien, según la Federación Nacional de Departamentos, los ingresos propios de estos cayeron en el mes de abril el 45%; se prevé que las regalías, a consecuencia de la caída de los precios del petróleo y el carbón, caerán por lo menos en un 40%. Y, como si lo anterior fuera poco, el monto de las transferencias del SGP se verá reducido drásticamente, toda vez que la base de cálculo y liquidación de las mismas son los ingresos corrientes de la Nación, que como ya quedó dicho se han visto seriamente impactados.
Por las razones anteriormente expuestas, tanto los departamentos como los municipios y distritos se están viendo en calzas prietas. A guisa de ejemplo, citemos al Secretario de Hacienda del Distrito capital Juan Mauricio Ramírez, quien da cuenta que el mismo dejará de recaudar $1 billón anuales por cuenta de la pandemia. Además de tener que frenar sus planes y proyectos de inversión, empiezan a tener inconvenientes para cubrir el pago de sus gastos de funcionamiento, empezando por la nómina de sus servidores.
De allí el S.O.S que le lanzó la Federación Nacional de Departamentos, a través de una comunicación enviada por su Director ejecutivo Carlos Camargo, al señor Presidente de la República, mediante el cual le solicitaron su intervención con el fin de que las entidades territoriales puedan solventar su situación financiera y se pueda garantizar su sostenibilidad fiscal. Ello es tanto más urgente, habida cuenta que aspectos tan vitales y sensibles como la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico, son su responsabilidad y el riesgo de desfinanciamiento de los mismos es inminente. Por lo demás, no basta con facultar a los gobernadores y alcaldes para reorientar el gasto en función de la atención con prioridad del que demande la emergencia, como quedó establecido en el Decreto 461 del 22 de marzo.
Por ello, respaldamos a los gobernadores y a los alcaldes en su justa petición al Presidente Iván Duque para que se flexibilizara la Ley 617, de la misma manera que la Comisión Asesora de la Regla fiscal la flexibilizó para abrirle espacio fiscal al mayor gasto en el que tendrá que incurrir el Gobierno Nacional. Así lo entendió el Gobierno y a través del decreto 678 del 20 de mayo dispuso que “no serán objeto de las medidas establecidas por el incumplimiento de los límites de gasto definidas en esta Ley y en la Ley 819 de 2003”.
No obstante, este Decreto, aunque les permite que “para efectos de compensar la caída de los ingresos corrientes y aliviar presiones de liquidez…las entidades territoriales y sus descentralizadas podrán contratar con entidades financieras créditos de tesorería”, cabe preguntarse qué banco en las actuales circunstancias le va a dar crédito a las entidades territoriales sino cuentan, como si cuentan las empresas, con garantía de la Nación hasta el 90%. De lo que se trata es de aplanar la curva de contagios del COVID-19 hacia abajo y de aplanar en simultánea la curva de los ingresos territoriales hacia arriba.
