Un corresponsal de prensa internacional recién llegado a Colombia en 2004, no salía de su asombro cuando presenció por televisión el discurso de Salvatore Mancuso en el Congreso. El periodista conocía bien la trayectoria del jefe paramilitar, quien no tuvo ningún empacho en decir allí, en una tribuna que en teoría representa a todo un país, que más del treinta por ciento de los miembros de aquella cámara le pertenecían. “No puedo creer que en este país ocurran estas cosas”, me comentó entonces ese colega. “Ocurren, y a los colombianos les parece lo más normal del mundo”, le dije.
No es de extrañar, pues, que al ser nombrado ministro de Defensa Iván Velásquez, un sector del país esté horrorizado porque el exmagistrado que destapó y persiguió la parapolítica haya sido encargado por Gustavo Petro para la responsabilidad más difícil de su gabinete. Una destacada portavoz de ese sector se apresuró a recordar “que Velásquez fue expulsado de Guatemala”. No fue exactamente así. Iván Velázquez fue declarado non grato por Jimmy Morales, un cómico que llegó a la presidencia de ese país centroamericano y cuyo hijo resultó envuelto en un asunto de corrupción, destapado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que operaba bajo la dirección de Velásquez.
Morales, el presidente que “expulsó” a Iván Velázquez, destruyó en los cuatro años de su Gobierno, los avances que se habían hecho en Guatemala en la lucha contra la corrupción, y abrió la puerta a la impunidad para algunos militares que habían sido señalados por crímenes de lesa humanidad. En otras palabras, Jimmy Morales destruyó la labor de la CICIG, una entidad de Naciones Unidas solicitada por aquel país y aprobada por el Congreso de esa nación, ante la impotencia del Estado para luchar contra la corrupción y las bandas ilegales de seguridad que sembraron el terror en el territorio guatemalteco.
La CICIG, bajo la dirección de Iván Velásquez en su última etapa, operó en Guatemala durante diez años y es un referente en América Latina en la lucha contra la corrupción y la impunidad. En su informe final destapó la actuación de las “redes político-económicas” que incluían a “funcionarios, políticos, empresarios y grupos criminales”. ¿Les suena?
En esa labor, Velásquez contaba no solo con el apoyo del Secretario General de la ONU, Antonio Guterrez, sino con las más altas instancias en Washington, altos mandos del Departamento de Estado, congresistas republicanos y hasta el general John Kelly, entonces secretario de Seguridad Nacional y, como ex jefe del Comando Sur, buen conocedor de Centro América.
En el desafío que aquello suponía al poder de Jimmy Morales fueron clave las masivas protestas ciudadanas que en 2015 mostraron el apoyo popular a las investigaciones de la CICIG, cuyo índice de aceptación era del 75 por ciento. Pero Morales adelantó el final de la gestión de esa entidad y prohibió el ingreso del comisionado Velásquez al país para la presentación del informe definitivo de la Comisión. Una vez finalizada la tarea de la CICIG, diligentes funcionarios se apresuraron a desaparecer documentos y la antigua sede del organismo se destinó a un centro comercial.
Un buen observador de la realidad guatemalteca me decía esta semana: “Si Iván Velásquez pudiese presentarse a las elecciones presidenciales de Guatemala resultaría elegido”. Por el momento, este antiguo abogado penalista antioqueño, a quien Álvaro Uribe sacó en Colombia del anonimato llamándolo de todo menos bonito, tiene la más peliaguda misión que se pueda encargar a un político en este país.
Un libro escrito por Martha Soto, Velásquez, el retador del poder, documenta, además, los comienzos de su carrera como funcionario público, en cuyo papel tuvo que enfrentarse a Pablo Escobar. Fue el primero en demostrar al gobierno de César Gaviria el lujo, comodidades e impunidad en los que vivía el capo en su exclusiva cárcel de La Catedral. Y Gaviria…, pues eso, ya se sabe.
En Colombia Velásquez fue blanco de cinco complots, seguimientos y espionajes a él y a su familia. La Corte Suprema recibió completa documentación sobre uno de estos complots orquestados para atentar contra su vida por varios congresistas, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instruyó al Estado colombiano para que adoptara medidas que garantizaran la integridad física de Iván Velásquez.
Entre tanto, hay quien manifiesta sentirse en peligro por su nombramiento como ministro de Defensa. Qué curioso.
