La administración pública se rige por principios fundamentales como la eficiencia, la eficacia, la coordinación y la corresponsabilidad. Sin embargo, en Colombia, la falta de articulación entre las diferentes entidades del Estado ha convertido la gestión del orden público en un proceso caótico. La corresponsabilidad, que debería garantizar que distintos niveles de gobierno trabajen conjuntamente en soluciones integradas, se ve socavada por agendas fragmentadas y la ausencia de un liderazgo claro. La coordinación, pilar esencial para una estrategia de seguridad efectiva, ha quedado relegada a intentos aislados que carecen de continuidad. Esta desconexión impide que la acción del Estado sea estructurada y efectiva, y genera espacios de poder que los actores criminales aprovechan para consolidar su influencia.
Esta falta de dirección clara ha debilitado la capacidad del Estado para coordinar esfuerzos y enfrentar con eficacia las amenazas que ponen en riesgo la estabilidad del país. Cuando el liderazgo político no logra consolidar una estrategia efectiva que articule las instituciones de seguridad y control, permite que el crimen organizado y los grupos armados ilegales expandan su dominio territorial. La oscilación entre la acción inmediata sin planificación y la burocracia que impide respuestas oportunas, deja a los ciudadanos expuestos a un sistema de seguridad ineficaz y desarticulado.
Esta situación ha sido analizada por Daron Acemoglu y James Robinson en su obra “Por qué fracasan los países”, y advierten que las naciones colapsan cuando sus instituciones son débiles y extractivas, al beneficiar a unos pocos mientras dejan al resto de la población desprotegida. Este argumento es relevante en el contexto colombiano, donde la falta de coordinación y articulación en las estrategias de seguridad ha permitido que los grupos ilegales florezcan en regiones donde el Estado es ausente o ineficaz. La ausencia de una gobernanza efectiva en la seguridad pública refuerza la impunidad y la expansión de las economías criminales y mientras la perpetuación de estructuras delincuenciales desafían el monopolio legítimo de la fuerza del Estado.
El dilema entre actuar con rapidez o esperar una coordinación exhaustiva no es nuevo, pero en Colombia se ha convertido en un obstáculo estructural. Mientras que el enfoque “bolivariano” de la inmediatez puede generar impacto en el corto plazo, sin un plan estratégico solo logra desplazamientos temporales del crimen sin atacar sus raíces. Por otro lado, el “santanderismo” de la burocracia impide respuestas oportunas a crisis que requieren acción inmediata, al dejar a comunidades enteras a merced de la violencia. El problema no es la rapidez ni la planeación en sí mismas, sino la falta de un modelo que integre ambos enfoques de manera positiva.
Los grupos armados ilegales, la delincuencia común y las economías criminales no están regidos, por supuesto, por la burocracia del Estado y mientras el Gobierno debate cómo actuar, ellos ya han ganado ventaja y perfeccionado sus métodos de control territorial, financiamiento y reclutamiento. La seguridad pública no puede seguir anclada a un Estado que solo reacciona en lugar de anticiparse a las amenazas. Se requiere una reforma profunda que integre capacidades operativas con un sistema institucional robusto que no dependa del vaivén político.
Construir un modelo de seguridad basado en principios como la eficiencia, la capacidad de respuesta y la articulación institucional fortalecería la interoperabilidad entre las fuerzas de seguridad, al garantizar que la Fuerza Pública, la Fiscalía y demás organismos de inteligencia, contrainteligencia, control y justicia, y las autoridades locales trabajen de manera coordinada y no como entes aislados con agendas propias. Asimismo, la descentralización estratégica permitiría a los gobiernos regionales actuar con autonomía en la toma de decisiones de seguridad, sin depender de autorizaciones interminables desde Bogotá.
La seguridad pública no puede ser rehén de dilemas ideológicos ni de la inercia estatal. Colombia necesita liderazgo con visión, y decisión con base en inteligencia estratégica. Entre la urgencia de Bolívar y el orden de Santander debe prevalecer un principio innegociable: proteger a los ciudadanos con eficacia, coordinación y determinación. El gobierno tiene la responsabilidad de abandonar la improvisación y la burocracia paralizante para construir una seguridad pública efectiva, que no se limite a reaccionar ante la violencia, sino que la prevenga y la desarticule desde su raíz. Mientras el Estado duda, el crimen avanza. Es hora de que la seguridad sea una prioridad real y no un debate interminable.
