El panorama en Medellín es cada vez más preocupante, mientras la ciudadanía lucha por salir adelante en la Alcaldía de Medellín se estarían tejiendo presuntos entramados de corrupción que afectan directamente a los recursos públicos y lo más alarmante es que pese al volumen de denuncias públicas, los entes de control han guardado un silencio.
Uno de los escándalos que ha salido a la luz es el presunto cobro del 20% a los contratistas para la renovación de sus contratos. ¿Qué significa esto? Que aquellos que quieran seguir trabajando con el distrito deben presuntamente entregar parte del dinero, lo que inevitablemente se traduce en menor calidad en la ejecución de los contratos y en un golpe directo a la transparencia de la administración pública.
A esto se suman las denuncias de algunos medios comunitarios (MAICC), que han alertado sobre presuntos pagos exigidos para la asignación de pautas oficiales. Además, se señala una posible corrupción en Plaza Mayor relacionada con los contratos para mercados campesinos, las denuncias indican que estos contratos podrían estar beneficiando a terceros en lugar de garantizar recursos justos y eficientes para los productores locales, lo que afectaría directamente a los campesinos y al abastecimiento de productos.
Además, ha surgido información sobre una presunta lista negra que veta a personas dispuestas a denunciar estas contrataciones irregulares, afectando la posibilidad de que se conozca la verdad, generando miedo entre los contratistas, ciudadanos, una estrategia que busca perpetuar un sistema de contrataciones viciado, sin controles efectivos y lo más lamentable es que los fondos públicos destinados a proyectos y servicios esenciales para la ciudadanía se ven reducidos por la posible corrupción.
Pero esto no es todo, al parecer esta es una práctica, modus operandi de la actual administración, pues recordemos que entre enero y junio de 2024, la Alcaldía de Medellín realizó más de 680 contratos directos por más de 1.472 billones de pesos, esta figura que debería ser una excepción y contar con justificaciones claras, se habría usado sin los debidos reportes en el Sistema Electrónico de contratación pública, sistema cuyo fin es precisamente garantizar la transparencia de la gestión contractual, sin olvidar, que en el mismo año abusaron del uso de la contratación por prestación de servicios sin los debidos soportes, pues se dice que no se identificaron las exigencias profesionales ni la necesidad específica de estos contratos.
Todos estos hechos y ante inacción de los entes de control, decidimos interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, no podemos permitir que la corrupción siga ahogando al distrito, ni que el destino de los recursos públicos quede en manos de intereses políticos, la estabilidad de los antioqueños está en juego, y es inaceptable que se utilicen estos dineros como si fueran un botín.
La ciudadanía exige respuestas, transparencia y sobre todo, justicia, es imperativo llegar al fondo de estas denuncias, la gestión de los recursos públicos debe responder a las verdaderas necesidades colectivas, no a intereses políticos. Los fondos del Estado no son para financiar proyectos políticos.
