Los pronunciamientos en Twitter esta semana del expresidente Álvaro Uribe ilustran el declive de su sector, su época y su forma de comprender y hacer política. Ante lo tozudo e inocultable de los acontecimientos, Uribe y el Centro Democrático tuvieron que aceptar, por una parte, la ocurrencia de ejecuciones de civiles indefensos durante su gobierno, los llamados falsos positivos, y, por otra, la entrada de dineros ilegales de Odebrecht a la campaña de su dos veces candidato presidencial y casi ganador en 2014 con esa financiación irregular, Óscar Iván Zuluaga.
En ambas ocasiones, desde el partido opositor repitieron el libreto de la “traición” y del desentendimiento respecto de los militares que respondieron a la política de su gobierno, como del mencionado candidato y de terceros en la sombra. En un enigmático trino del 3 julio, que ha pasado casi desapercibido, y tras conocerse una nueva investigación más que recae sobre una persona de su entorno, el Senador Ciro Ramírez, Uribe sostuvo: “Elegimos a Santos y terminó con Farc, sobornos de mermelada y Odebrecht; la tragedia del caso de Óscar Iván; congresistas con delitos de dineros entregados por el Gbno Duque (…)”. ¿A qué congresistas, cuáles delitos, qué dineros entregados, a quiénes y a qué funcionarios del gobierno Duque se refiere Uribe? El país exige y merece la verdad. El expresidente Duque, hoy en Estados Unidos, también tiene mucho que explicar.
Con ocasión de las grabaciones de Zuluaga, el Portal La Silla Vacía publicó un artículo en el que se reseña a 15 personas del primer círculo de Uribe Vélez condenados o investigados por graves delitos: Óscar Iván Zuluaga, Mario Uribe, Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado, Andrés Felipe Arias, Luis Carlos Restrepo, César Mauricio Velásquez, Edmundo del Castillo, Sabas Pretelt de la Vega, Alberto Velásquez, Diego Palacio, Bernardo Moreno, Flavio Buitrago, Diego Cadena y Álvaro Hernán Prada. Deberíamos agregar, además, a Cecilia Vélez, Fernando Londoño, Mauricio Santoyo, Francisco Santos, Luis Camilo Osorio, Rito Alejo del Río, Pedro Juan Moreno, a su hermano Santiago, a su cuñada Dolly, a Mario Aranguren, Salvador Arana, Juan José Mosquera, Luis Alfonso Hoyos y al expresidente mismo, entre otros. En todos estos casos, incluidos los suyos propios, Uribe ha dicho que no sabía nada. Sin embargo, como sostuvo la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín refiriéndose a él y a los hechos delictivos que lo han rodeado, “no es posible estar dentro de una piscina y no mojarse”.
Ahora bien, además del sector político del expresidente, las demás expresiones de la vieja política tienen un historial semejante. Solamente en lo referido a lo conocido como la “parapolítica”, la Corte Suprema y los jueces de la república han condenado a 257 dirigentes políticos, incluidos 58 congresistas (entre ellos 4 expresidentes del Congreso) y 9 gobernadores. La mayoría de ellos, integrantes de Cambio Radical, el partido de Vargas Lleras, Kiko Gómez, Oneida Pinto, los Gnecco y los Char. Uno de los partidos que ha avalado a más personas cuestionadas, investigadas, imputadas o condenadas por delitos gravísimos, relacionados con violación a derechos humanos, saqueo de recursos públicos y alianzas con bandas delincuenciales y el narcotráfico. Esto nos muestra muy bien qué es lo que saben hacer, como dicen ellos mismos en su insólita campaña.
Hemos sostenido que más que oponerse al programa del Gobierno del Presidente Petro, que busca beneficiar a todos los sectores, modernizar el país y generar cambios profundos, entre ellos, las prácticas corruptas ancladas en el Estado, la verdadera oposición, pero inconfesable, de caciques de la vieja política es a que se generen las condiciones que les quiten el acceso a sus cajas menores y que además se propicie que la justicia pueda actuar con plenas garantías y de manera imparcial. La resistencia al cambio de los viejos gamonales es, en esencia, para impedir que se esclarezca a fondo y se develen las responsabilidades de los mayores determinadores y beneficiarios de las graves violaciones a derechos humanos y los más grandes y escandalosos casos de corrupción de la historia reciente del país.
Confiamos en que las empresas y maquinarias electorales que se concertaron para delinquir sean definitivamente desenmascaradas, judicial y socialmente. Confiamos y exigimos que la verdad y la justicia prevalezcan para que Colombia pueda tener una segunda oportunidad sobre la tierra.
