Pegasus, el software espía desarrollado por la compañía israelí NSO Grupo, ha sido utilizado en diversos países para espiar a periodistas, activistas, políticos y defensores de derechos humanos. Amnistía Internacional ha denunciado que su uso ha vulnerado la información de al menos 50.000 personas en todo el mundo, lo que pone en duda los mecanismos de control que deberían regular la vigilancia estatal. Lo más preocupante es que este software permite un acceso total a los dispositivos móviles, desde escuchar llamadas hasta acceder a la cámara, los micrófonos, y enviar mensajes en nombre del propietario del dispositivo. En pocas palabras, convierte cualquier teléfono en una herramienta de control total, atentando contra la privacidad individual de maneras que resultan difíciles de detectar y controlar.
Petro ha denunciado que la compra de Pegasus se habría realizado en 2021, en medio de las protestas masivas que estallaron contra las reformas impulsadas por el gobierno de Duque.
El pago se efectuó supuestamente a nombre de una entidad del Gobierno colombiano, pero lo misterioso es que se hizo en efectivo y sin soportes legales. Se dice que el banco en donde se depositó el dinero, prendió las alarmas por el monto y la forma, lo que hizo que la entidad financiera prendiera sus alarmas, que se pagó con dineros incautados al narcotráfico y por valor de 13 millones de dólares en efectivo. Según relatos, dicho banco, el más grande de Israel y cuyo nombre es el Banco Hapoalim, recibió supuestamente el visto bueno del general Yair Kulas, quien era el Jefe de Exportaciones del Ministerio de Defensa de Israel.
Pero quienes serían los ex servidores del Gobierno Colombiano mencionados en este entramado de espionaje de película, el viceministro de Planeación y Estrategia del Ministerio de Defensa, Jairo García, quien participó en reuniones secretas, entre el 31 de octubre y los primeros días de noviembre de 2021, el General juan Diego Sepúlveda, quien era el comandante del Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares durante el gobierno de Duque, general (r) Carlos Iván Moreno Ojeda, quien era segundo al mando del comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, es decir, su hombre de confianza, y el general Wilson Neyid Chávez, entonces Jefe de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares, quien para ese momento ya estaba inmerso en el escándalo de las cifras falsas sobre erradicación de cultivos de coca por el Ejército, entregadas a la ONU para el monitoreo de cultivos de uso ilícito en Colombia. El mismo Chávez fue salpicado en el escándalo de alias “Matamba”, porque supuestamente recibía órdenes del general retirado Leonardo Barrero para frenar operaciones contra el narcotráfico de la banda La Cordillera del Sur, cuyo comandante era “Matamba”.
El objeto de la compra era para intervenir 2600 líneas telefónicas en nuestro país, por esto no podría descartarse la utilización de este virus, para espiar a manifestantes, líderes sociales, al Gobierno actual en su campaña y en la actualidad hasta jueces de las altas cortes, para generar un estado de caos, y de enfrentamiento entre las ramas del poder público, todo por la ambición del poder, por esto la posibilidad de que Pegasus se haya empleado para vigilar a magistrados de la Corte Suprema o la Corte Constitucional plantea serias dudas sobre quien chuzo a las cortes, y una pregunta si el actual Gobierno no recibió Pegasus. ¿Quién tiene el software y para que lo están utilizando?
En Colombia, donde la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia exige órdenes judiciales por parte de los Jueces de control de garantías y/o Magistrados de la corte suprema de justicia, para cualquier tipo de intervención telefónica, el uso de Pegasus sin un control adecuado sería una clara violación a los derechos constitucionales de los ciudadanos.
La denuncia de Petro sobre la compra de Pegasus abre un capítulo que debería investigarse a fondo. ¿Quién autorizó la compra? ¿Bajo qué parámetros legales se utilizó el software? ¿A quiénes se espiaron y con qué fines? ¿ Dónde esta Pegasus? Estas son preguntas que aún no tienen respuestas claras, pero que deberían formar parte de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes, incluida la Fiscalía General de la Nación, a la que desde esta curul exhorto a que priorice la investigación, nosotros desde la Presidencia de la comisión de inteligencia y contrainteligencia del Congreso haremos lo propio, ya que si se confirma que Pegasus fue utilizado para espiar a jueces y manifestantes, no solo estaríamos ante una violación flagrante de la privacidad, sino también ante un atentado contra la democracia misma.
