No hay derecho a que los niños en Colombia, los más vulnerables de nuestra sociedad, sean víctimas de una administración ineficaz. Hace pocos días, junto a la senadora Lorena Ríos, radicamos una proposición para citar a debate de control político a la directora del ICBF, Astrid Cáceres. Las respuestas al cuestionario que enviamos desde la Comisión Accidental de Infancia y Adolescencia, firmado por 13 senadores, revelaron una realidad desoladora.
En Colombia, hay 71,202 niños bajo Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD), ingresados por motivos desgarradores como violencia física y sexual, negligencia, abandono, permanencia en las calles y la falta absoluta de sus padres. Nueve de cada diez niños en el PARD llegan por violencia física o sexual, una cifra que debería obligar al Estado a garantizarles una oferta institucional sólida y efectiva. Sin embargo, la realidad es otra: solo hay 25,897 cupos disponibles en todo el país, distribuidos entre 13,502 en hogares sustitutos, 290 en casas hogar y 12,105 en internados. Esto significa que más de 45,000 niños no tienen un lugar donde puedan ser protegidos.
Lo más alarmante es que los internados, las instituciones más especializadas para atender a niños con traumas graves, están en riesgo de desaparecer. Estas organizaciones sin ánimo de lucro, con décadas de experiencia, cuentan con psicólogos y programas de atención integral que superan en calidad a las propias instituciones del ICBF. Sin embargo, un borrador del Manual Técnico que se filtró recientemente les impone condiciones imposibles de cumplir, condenándolos al cierre. Esto es especialmente grave, ya que el 80% de los niños en internados pertenecen al PARD, y su desaparición los dejaría completamente desamparados.
Las respuestas del ICBF al cuestionario revelan una serie de problemas preocupantes que agravan aún más la situación. El sistema de atención de denuncias colapsa en ciertos horarios, dejando casos urgentes sin respuesta. Hay 2,940 casos de vulneración de derechos que ni siquiera han sido estudiados. En adopciones, la situación no es mejor: las cifras han caído drásticamente en los últimos años, las estrategias son insuficientes, y el ICBF reconoce que la totalidad de los niños en condición de adoptabilidad no cuentan con un informe actualizado para la búsqueda de familia. Por si fuera poco, existen inconsistencias graves en las cifras reportadas: hay una diferencia de 5,140 niños en hogares sustitutos, 119 en casas hogar y 4,294 en internados entre lo registrado en su Boletín Estadístico y las respuestas entregadas al cuestionario.
Es inaceptable que mientras el país enfrenta una crisis de violencia y abandono infantil, el ICBF no solo falle en garantizar cupos suficientes, sino que además pretenda eliminar las pocas instituciones especializadas que existen. Los niños colombianos no pueden seguir siendo víctimas de la indiferencia y la ineficiencia estatal. Los niños colombianos no pueden seguir siendo víctimas de un Gobierno que promete cambios que se quedan en incompetencia y daño. El verdadero cambio es hacer, no retroceder.
