Como ciudadanos debemos hacernos las siguientes preguntas, ¿qué necesitamos para confiar en el gobierno?, ¿qué es la generación de valor público?, ¿existe un método para medir la confianza y el valor público?, y ¿es imprescindible el valor público para el fortalecimiento de la confianza en las instituciones estatales? Las respuestas a estas inquietudes radican en la gestión eficiente del gobierno central, regional y local, a partir del fomento de lo público en las comunidades.
En 1995 el profesor Mark Moore creó el concepto de valor público, como una metodología en donde los gobiernos deben evaluar las políticas públicas y realizar un análisis de su costo y efectividad en relación con los objetivos formulados en sus planes estratégicos. Así mismo, Moore insiste en el cambio del enfoque tradicional de la gestión estatal por uno relacionado con la innovación disruptiva, abandonando los modelos en donde predominan la ausencia de liderazgo.
La propuesta central de Moore hace énfasis en que los recursos públicos deben ser utilizados para incrementar el valor, de la misma manera en que se crea utilidad en el sector privado. Teniendo en cuenta que el valor público debe suponer un enfoque superior con un impacto en la economía y que tiene que incluir beneficios sociales que satisfagan las necesidades del ciudadano.
No se genera valor público, por ejemplo, cuando el ciudadano al necesitar del Estado para acceder incluso a pequeños trámites: solicitar un registro civil de nacimiento, requerir los permisos para construir una propiedad, abrir una empresa, o acercarse a los servicios judiciales en caso de un hurto, los cuales, sino se hacen de forma rápida y efectiva logran desconectar a los ciudadanos con las instancias gubernamentales.
Lo anterior sucede en un Estado burocrático, paquidérmico y holgazán, en donde sus entidades, institutos, jefaturas, direcciones, ministerios, entre otros, no logran coordinarse entre sí, y tienen de manera repetitiva dificultades para proporcionar los servicios más básicos a sus ciudadanos, y se preocupan más en devolver favores electorales que los llevaron a ser elegidos que en atender las necesidades de todos los habitantes.
La efectiva gobernanza y correcta ejecución de los servicios del Estado, iniciando por las asistencias más primarias a los ciudadanos hasta los trámites más complejos, impactan positivamente sobre la forma de acceder al portafolio de atención de las entidades públicas. Pero en Colombia tener que adelantar un trámite ante una entidad pública o recibir un servicio que es de obligatorio derecho, es sinónimo de invertir mucho tiempo y llenarse de paciencia.
Para que la gerencia estatal prospere se necesita promover procesos disruptivos que construyan la confianza en sus instituciones, las cuales con un compromiso ético y en cumplimiento del mandato del servicio público, busquen edificar una nueva gestión administrativa de mayor calidad y eficiencia con procesos que permita resolver los distintos problemas sociales, con unos altos estándares de gestión administrativa.
Nuestros servidores públicos deben tener en cuenta que sus actuaciones tienen que estar soportadas en procesos de planificación regulados por políticas públicas, que definan estrategias y otorguen valor público a nivel gubernamental, como brújula en el mapa del Estado que permita trazar los vínculos entre instituciones, sectores, y actores estatales hacia la satisfacción de los derechos fundamentales y los mínimos vitales o de subsistencia.
El valor público experimentado como el costo que los ciudadanos le otorgamos a los bienes y servicios recibidos por parte del Estado, es efectivo cuando satisfacen sus necesidades esenciales, con calidad y oportunidad, y es al mismo tiempo un impulsor potente para avanzar hacia sociedades más sostenibles y resilientes. Siendo el valor público el centro de una gestión por resultados mediante un liderazgo colectivo, y deben ser evaluados no solo de forma interna sino por medio de actividades de rendición de cuentas a la sociedad.
Por lo tanto, en lo concerniente a la tendencia en las relaciones de confianza con el Estado en América Latina esta ha decrecido de manera sustancial durante las últimas décadas. Datos de la Corporación Latinobarómetro, encargada de investigar el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en la región, indican que desde 2009 la confianza en las instituciones disminuyó ostensiblemente, alcanzando niveles tan solo del 20% en Latinoamérica. Es decir, solo 1 de cada 5 personas expresó confianza en sus gobiernos.
La experiencia nos indica que es difícil concretar la medición del concepto de valor público cuando no existe una sistematicidad en el modelo organizativo del Estado, en el mejor de los casos, se consigue una evaluación en el cumplimiento de la misionalidad particular de la entidad, por ende se requiere, que los procesos internos del Estado se renueven y valoren el papel de lo público desde un cambio a fondo en su misión, visión, estructura administrativa y de gestión, que implique a su vez un ajuste tanto en la forma de hacer política como en el rendimiento del sector público.
