Estamos ante un momento histórico. Por primera vez desde su creación hace treinta años, la Defensoría del Pueblo estará a cargo de una mujer. El Presidente Gustavo Petro ha presentado a la Cámara de Representantes una terna compuesta de tres mujeres de las más altas cualidades, con amplía experiencia en la defensa de derechos humanos y cada una con la capacidad de asegurarle al país un accionar transparente e independiente.
La creación de la Defensoría del Pueblo fue uno de los grandes logros de la Constitución Política de 1991, estipulada sus características, facultades y funcionamiento en los artículos 281 y 282 de la Carta Magna. El artículo 282 dice que el Defensor - en el caso actual Defensora - velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos.
La responsabilidad que le impone nuestra norma suprema a la persona que esté a cargo de la Defensoría del Pueblo no es menor. Quien esté a la cabeza de la entidad deberá asumir la responsabilidad de velar por el goce de los derechos humanos de todos los colombianos y colombianas, tanto los que están en el territorio nacional como quienes viven en el exterior.
En un país marcado por el conflicto armado continuo, por la exclusión social, por una cultura machista que avala distintas formas de violencia de género, por el desconocimiento de los derechos que tienen las poblaciones étnicas y el campesinado en su calidad de sujetos de especial protección constitucional, por una migración de víctimas del conflicto armado, el reto que va a asumir la nueva Defensora del Pueblo de asegurar que los colombianos sin importar donde estén puedan ejercer sus derechos es mayúsculo.
La doctora Iris Marín Ortiz cumple con los requisitos de compromiso con los derechos humanos, independencia y autonomía, integridad moral, experiencia y conocimiento territorial y sensibilidad hacia comunidades vulnerables que múltiples organizaciones sociales de derechos humanos le exigieron al Presidente y a la Cámara de Representantes para la persona destinada a ocupar el alto cargo.
Su experiencia en el proceso de paz en la Habana, en la Unidad de Víctimas, en la Comisión de la Verdad, en la Comisión Colombiana de Juristas y recientemente en la Corte Constitucional da cuenta que es una mujer que ha estado comprometida con la construcción de paz en el país, paz que es fundamental para poder hablar del goce de derechos, que conoce los territorios y que es capaz de aplicar un enfoque diferencial en su ejercicio como Defensora.
La Cámara de Representantes ha tomado una decisión trascendental para el país, especialmente para aquellos tradicionalmente excluidos, eligiendo para el cargo más importante para los derechos humanos a una mujer capaz, experimentada e independiente de las dinámicas políticas, que esperamos cumpla con las funciones constitucionales de la entidad.
