Hace un par de días fuimos invitados a tomarnos una foto en la avenida Caracas con la calle 72 para comprobar que Bogotá no será en 2030 la misma de hoy. La invitación prometió “tres niveles, corredor verde y línea del metro” y aseguró que la capital del país “evoluciona y la vida de sus habitantes mejora”. Al mismo tiempo, pensábamos: quien saca un teléfono por ahí, corre riesgos; y la ciudad involuciona y la vida no mejora porque hay miedo por la desbordada inseguridad.
De acuerdo con el DANE, en Bogotá ocho de cada diez personas encuestadas dicen sentirse inseguras, la mayoría mujeres, y una de cada cuatro, la mayoría jóvenes, afirma haber sido víctima de un delito. Basándose en cifras de la Secretaría de Seguridad, el centro de estudios Futuros Urbanos reporta que el hurto de celulares con arma de fuego ha crecido 65% desde 2019. Pareciera que no hay zonas vedadas para la criminalidad, que se extiende por Ciudad Bolívar, Kennedy, Chicó, Usaquén, Rafael Uribe Uribe y otros barrios y localidades de la ciudad más importante de Colombia, y que no encuentra resistencia de la administración distrital pese a la evidente inseguridad, a las diarias quejas ciudadanas, a los llamados de la prensa, a las alertas periódicas de la Defensoría del Pueblo y, lo que más inquieta, al elevado nivel de violencia al que están recurriendo los delincuentes.
Los criminales no tienen filtros morales; sus escrúpulos no existen. Al mismo tiempo que avanza la narrativa que censura a quienes se defienden legítimamente de una agresión acusándoles de “hacer justicia por mano propia”, crece la sevicia de los ilegales. Solo en una semana de agosto, como lo denunció el concejal liberal Armando Gutiérrez González, una vendedora de 56 años fue asesinada por un hombre al que había denunciado por hurto, un hombre de 36 fue apuñalado cuando le robaron su bicicleta, un atraco terminó en balacera, el hijo de un diplomático argelino casi muere después de que le dispararon, el patrullero Humberto Sabogal murió luego de que un delincuente lo atacara con un arma de fuego a quemarropa y un atracador disparó al rostro de un joven con un arma traumática.
Como lo escribí en marzo de este año, lamenta uno la ausencia de autoridad del distrito a la hora de que se asuma seriamente la responsabilidad de preservar y restablecer el orden público como se debería. La Constitución Política aclara que los alcaldes son las primeras autoridades de policía en cada municipio, en el cual les corresponde “conservar el orden público”.
Sabemos que hay una mezcla de factores que confluyen en una inseguridad que vive el ciudadano a lo largo y ancho de la capital. Escuchamos todas las semanas frases recurrentes de la primera autoridad en las que asegura que las organizaciones criminales están usando a venezolanos indocumentados para impedir la judicialización; que los jueces dejan en libertad a los delincuentes por errores de procedimiento de los fiscales o que policías que violan el debido proceso, o porque los centros de detención no tienen cupo. En resumen, la promesa que uno escuchaba en campaña de ser la primera policía de la capital del país ha sido truncada por razones externas.
Mientras los ladrones siguen robando; los violadores, violando; y, los asesinos, asesinando; sigue el desdén por la autoridad que garantiza el orden que es condición de la vida en libertad. A pesar de que desde hace mucho tiempo reclamábamos la asistencia militar, mecanismo previsto en la ley para encarar desafíos como el que existe en Bogotá, navegando sobre el discurso que fomenta la animadversión contra la Fuerza Pública, la alcaldesa se opuso durante semanas hasta finalmente tuvo que pedir el apoyo de la “Policía Militar”.
Los desafíos en seguridad, autoridad y orden son bastantes, y deben estar por encima de diferencias personales. Se necesita implementar una política de seguridad con legalidad efectiva. Por eso, mucho bien le haría a Bogotá que su administración comprenda que el Gobierno Nacional es su aliado. Los peligros para Bogotá no son la policía ni los soldados, tampoco los jueces ni fiscales, y muchos menos los funcionarios de Migración Colombia ni el INPEC (encargado de los centros de detención). ¡No! Los peligros para Bogotá son los delincuentes, la inacción y la complacencia con los que quitan vidas, arrebatan bienes, destruyen la ciudad y anulan la libertad. Los peligros para Bogotá son la traición a las expectativas de la gente y la división entre instituciones que, en vez de achacarse mutuas culpas, deben formar un solo frente liderado por la primera autoridad del distrito para combatir el crimen.
Exigir seguridad no es de derecha, como reclamar oportunidades para todos no es de izquierda. Ambas cosas son condiciones de la democracia porque no hay oportunidades donde no hay seguridad y no existe seguridad sostenible sin oportunidades. Hay que entenderlo como hay que entender que denunciar la inseguridad no es simplemente la queja de quienes también queremos ver el monumento a Los Héroes de la Independencia, muy cerca de la 72 con Caracas, como era antes del paro violento para devolverle a El Libertador la dignidad que merece. Se trata de otra cosa: de la aspiración legítima de vivir en libertad, de vivir sin miedo.
Encima. Urge tramitar una ley que endurezca las penas para la reincidencia, mejore la investigación judicial, aumente el castigo para los que atentan contra los bienes públicos y privados y contra miembros de la Fuerza Pública. Combatir la criminalidad es un imperativo.
