Sobre la base del Estado Social de Derecho la seguridad es uno de los principales y más importantes bienes públicos y colectivos que todo gobierno debe proveer a sus habitantes. Es una de las garantías con más valor en la sociedad, y se requiere que el Estado asegure el orden público para que el ciudadano se sienta a salvo de cualquier daño que pueda ser causado por otros.
Es relevante comprender la naturaleza multidimensional de la seguridad, la cual está estrictamente ligada a diversos niveles del Estado como son las condiciones societales, políticas, económicas y ecológicas, las que al verse afectadas por factores externos vulneran la integridad de la población y su entorno. Al igual, se suma la percepción subjetiva de la seguridad, que hace relación al imaginario social sobre la valoración de las amenazas en el territorio.
En Colombia, la guerra de guerrillas que se vivió desde la mitad del siglo XX persistió por casi 60 años, fueron asesinadas más de 220 mil personas y desplazados más de 6.5 millones de habitantes. A pesar, que en el 2016 se firmó la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en donde, tras su desmovilización se formaron nuevos grupos armados, y se fortalecieron los existentes en diversas regiones.
Dicha situación provocó el incremento de la violencia debido a la baja presencia de la institucionalidad estatal en los antiguos territorios de dominio de las FARC, y al fracaso de las administraciones anteriores para implementar el acuerdo de paz, y peor aún se produjo una falla gravísima ante la incapacidad del Estado para salvaguardar la totalidad de la vida de los combatientes desmovilizados.
Esto implica que la seguridad ha regresado a ocupar las primeras preocupaciones de los colombianos, quienes consideran que se debe replantear el concepto, rediseñar la estrategia y abordar los vacíos legales para evitar empoderar al delincuente y seguir perdiendo el control de más zonas en el país, lo que ha causado una sensación generalizada de inseguridad en muchas ciudades.
La política central de paz del gobierno ha sido denominada “paz total”, proyecto que le apunta a negociar con tantos grupos armados como sea posible con la esperanza de poner fin a la violencia en Colombia, negociaciones que no han servido para apaciguar el conflicto, y en las que todavía hay muchos cabos sueltos; situación que influye no solo en Colombia, sino también en sus vecinos y en el mundo.
Por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla marxista-leninista, con la cual los últimos gobiernos han mostrado su interés de negociar su desmovilización, intentos que en su totalidad han sido un fracaso. El ELN se presenta renuente en la mesa de diálogo y con posiciones tan radicales que desconciertan frente a su voluntad de finalizar la guerra contra el Estado.
Aunque, es valioso el impulso y la voluntad del gobierno por pacificar el país a través de conversaciones de paz con la guerrilla y los grupos criminales responsables de la reciente escalada de violencia en el país, y a pesar de que es difícil medir el éxito de dicha política a corto plazo, debe existir los mecanismos necesarios para que las acciones violentas no se incrementen y mucho menos se emplee el tiempo de negociación para fortalecer la maquinaria militar y las finanzas criminales.
Señores ministros de defensa, del interior y de justicia, la Constitución y las normas internas del país les otorgan herramientas para prever las disposiciones que se requieran y puedan anticiparse para restablecer el orden público turbado; es obligación de sus carteras aplicar y emplear, si es del caso, las medidas restrictivas que se necesiten en beneficio comunitario.
No teman instruir a sus comandantes de la Fuerza Pública para que junto con las autoridades judiciales implementen y desplieguen todas sus capacidades para enfrentar el crimen. Ministros, comandantes de las Fuerzas Militares y la Policía, la autoridad es para ejercerla, desde luego con respeto y ajustada a los DDHH. Cada vez que los ciudadanos observan la violación del principio de autoridad esta se pierde aún más.
En Colombia sus mandatarios y su Fuerza Pública con aplicación de las normas tienen que evitar que se repita en el país, lo que sucedió después de las guerras civiles en los países centroamericanos en las décadas de 1980 y 1990, en donde la paz condujo a una exacerbación de la criminalidad, y es lo que se está presentando en todo el territorio en la actualidad; es necesario actuar con la fuerza suficiente frente a la delincuencia y ante las organizaciones que han desatendido el llamado al diálogo de paz.
Se requiere de manera urgente, que cada uno de los funcionarios responsables de la seguridad en Colombia, consoliden un mejor entendimiento de los fenómenos de violencia y criminalidad, así como proponer mayores consensos frente a las prioridades, las posibles soluciones y la necesidad de adaptar e innovar la respuesta institucional en lo local, comprendiendo que la seguridad es contención, prevención y represión, y que para el logro de las dos primeras acciones es indispensable la participación y el compromiso ciudadano, en tanto que la última es responsabilidad absoluta del Estado.
Como lo indicó ya hace 30 años Carlos Lemos Simmonds: “hay que devolverle la seguridad al país restableciendo el principio de autoridad”. En Colombia existen todos los poderes posibles y todo está escrito en normas, y hay muy poca autoridad, es trascendental que el gobierno sin temor alguno exija cumplir la ley.
