“Las cuchas tenían razón”. Un mensaje que en su simpleza está tan cargado de significado, que en cuatro palabras desvela a la vez uno de los más cruentos episodios en la historia de Medellín así como el ejercicio de dignidad, de resiliencia de las madres buscadoras, un mensaje que es una denuncia a ese aparato institucional uribista que a nivel nacional y local ha tratado de manera infructífera de enterrar el derecho a la verdad, la justicia y la no repetición, se convirtió para Federico Gutiérrez en el principal problema público de la ciudad.
No es para menos, pues es un mensaje que le recuerda a todo Medellín que ha sido el proyecto político que lo avaló el que decidió a principios de siglo que la única vía aceptable para hacer frente con el conflicto armado era mediante la muerte indiscriminada. Que en su concepción de Medellín quienes habitan en los territorios marginalizados no son ciudadanos sino terroristas o como mínimo cómplices y por lo tanto sólo merecen represión.
Un proyecto político para el cual las alianzas con el paramilitarismo y el narcotráfico están justificadas porque asegura el control del territorio mediante la “buena” violencia; lección que Fico aprendió con tal destreza que su ex Secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, fue acusado de tener nexos con bandas criminales del Valle de Aburrá.
El graffiti le molesta tanto porque le da la razón a una de las denuncias que más han hecho las víctimas en Medellín, que los gobiernos uribistas - sea Presidencia o Alcaldía - se han confabulado con estructuras criminales para atentar contra la ciudadanía.
No es mera coincidencia que en su primer gobierno se hayan suspendido los recursos para la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, como si poderes más altos le hubiesen ordenado actuar rápido antes de que se confirmara lo que siempre dijeron las madres y abuelas de la Comuna 13, que a sus familiares los habían asesinado paramilitares en conjunto con la Fuerza Pública y que en un esfuerzo de ocultar la verdad les habían negado el derecho a despedirse, tirando sus cuerpos a La Escombrera como si no fueran personas sino meros desechos para que coincidencialmente se le diera licencia a la empresa El Cóndor para arrojar materiales, como si se tratase por todas las vías de hacer imposible encontrar a los desaparecidos.
En el 2016 Federico Gutiérrez les dijo a las madres buscadoras que eran unas “locas”, que en la Escombrera no iban a hallar nada, tal como lo afirmó Luz Elena Galeano Laverde, una de las víctimas y quien está en la búsqueda de su esposo. De acuerdo a Luz Elena, Fico en su primer mandato buscó por todos los medios acabar con los esfuerzos de búsqueda en La Escombrera, diciéndoles que “ahí no van a encontrar nada” e incluso contratando a la empresa española Falcon High Tech que bajo un supuesto estudio técnico determinó que en la Escombrera no habían restos y justificando así la negativa del alcalde a continuar con las búsquedas. Vale la pena preguntarse cuál fue la calidad del estudio y si no hubo un mal uso de recursos públicos.
Fue gracias a las gestiones dadas por la Secretaría de la No Violencia creada en la alcaldía de Daniel Quintero y en conjunto con la JEP que se aseguraron los recursos para continuar con la búsqueda. Aunque todo el reconocimiento debe ir a los esfuerzos incansables de las personas buscadoras, que independiente del respaldo de las instituciones no dejaron de insistir, de buscar las vías para lograr encontrar a los suyos.
Ha sido tan vil la respuesta del uribismo que un mal llamado periodista se atrevió a insinuar que fueron las mismas familias las que pusieron los restos en La Escombrera, un acto de revictimización que debe ser investigado, y el Centro Democrático ha solicitado conocer todos los datos de las personas y organizaciones que se han dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas en un claro intento de hacer perfilamientos, práctica común en los gobiernos uribistas.
Se les cae de a pedazos su intento de silenciar la historia, ya la JEP y la UBPD confirmaron que los restos hallados son de personas desaparecidas en el período en el que se desarrolló la Operación Orión, asesinadas con tiros de gracia e incluso algunas siendo asesinadas en la misma Escombrera. Un actuar macabro, en completa contravía de todos los derechos humanos y del cual el Estado fue autor y cómplice.
La respuesta de Fico ante los hallazgos en la Escombrera debería quitarle la venda a Medellín sobre lo que le espera a la ciudad en lo que queda de su mandato. Un gobierno que se va empecinar en acallar a las voces disidentes, un gobierno al que le incomoda la verdad, un gobierno para el cual la justicia social es indeseable.
Debería servir también como una señal de alarma para el país ante las elecciones del 2026, el uribismo pretende volver al poder para acabar con cualquier esfuerzo de verdad y memoria que desvele su responsabilidad en la violación sistemática de derechos humanos.
