Hoy hay señalamientos públicos sobre un posible problema de adicción del presidente de la República Gustavo Petro. No lo juzgo, pero la persona que ejerce la máxima responsabilidad de poder público debe contar en todo momento con plenas facultades. En 2012, Colombia dio un paso significativo en reconocer que los adictos no son criminales, padecen una enfermedad que voluntariamente debe ser tratada y reconocida como tal por el sistema de salud. Tuve la oportunidad de ser autor y ponente de la ley 1566 de 2012 que abrió la posibilidad de tratamiento para las personas que consumen problemáticamente sustancias psicoactivas adictivas (SPA) o padecen adicción. Esta normativa representó un avance importante en la garantía de derechos para quienes enfrentan trastornos derivados del consumo de drogas. Estableció que el acceso a la salud y a la rehabilitación no debe estar condicionado ni estigmatizado.
La Ley 1566 cambió este paradigma al reconocer que las adicciones deben abordarse como un asunto de salud pública. Garantizó la atención integral de los consumidores dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En otras palabras, estableció que cualquier persona con dependencia o problemas derivados del consumo de drogas tiene derecho a recibir tratamiento médico, psicológico y social.
Desde su puesta en práctica, la Ley 1566 ha contribuido a fortalecer las redes de atención para las personas con dependencia a sustancias psicoactivas. Sin embargo, los resultados en términos de salud pública han sido mixtos. Por un lado, ha permitido que más ciudadanos accedan a programas de rehabilitación y tratamiento sin ser objeto de discriminación. Las EPS y las instituciones prestadoras de salud han incorporado servicios relacionados con la atención de adicciones, y se han desarrollado estrategias de educación en consumo responsable.
Pero, como toda política pública, la efectividad de la ley depende de su reglamentación y de los recursos asignados para hacerla cumplir. A pesar de los avances, aún existen obstáculos. La falta de infraestructura suficiente, la escasez de profesionales especializados y las barreras administrativas dentro del sistema de salud han impedido que muchas personas accedan a la atención que necesitan. Además, el estigma social sigue siendo un factor que disuade a algunos consumidores de buscar ayuda.
Es fundamental que el gobierno y las instituciones de salud perseveren en aplicar esta política. La Ley 1566 de 2012 es un logro en la evolución de la percepción sobre el consumo de sustancias en Colombia, pero su éxito depende de su efectivo cumplimiento y del compromiso de todos los sectores. La lucha contra la dependencia no puede ser solo una cuestión legal; debe ser una estrategia integral de prevención, tratamiento y reinserción social.
Colombia ha dado un paso importante, pero aún hay mucho por hacer. Transformar la manera en que la sociedad aborda el consumo de drogas es un reto que requiere inversión, educación y un cambio cultural profundo. La salud pública debe estar por encima de cualquier prejuicio y garantizar que quienes enfrentan la difícil realidad de la adicción tengan una verdadera oportunidad de recuperación y bienestar.
Lo invito señor presidente a que conozca esta ley, a que adopte su implementación como prioridad de política pública. Serán miles de beneficiarios en los que puede estar usted. El acceso a tratamiento, señor presidente, es gratuito y lo cubren integralmente las EPS.
