Mucha tristeza, profunda y dolorosa, fue lo que sentí al ver cómo nuestro territorio generoso y silente se cansó de ser maltratado. Atendí la invitación de World Wildlife Fund (WWF) Colombia para visitar el bajo Cauca Antioqueño y ver los efectos de la minería ilegal en El Bagre.
Llegamos el sábado en la mañana a uno de los territoritos más biodiversos de Colombia, lo primero que encontramos a nuestro paso fueron dragas y retroexcavadoras, máquinas impresionantes que, según las autoridades, superan un inventario de 2 mil. Estamos frente a grandes organizaciones que utilizan equipos costosos y metales altísimamente contaminantes como mercurio y arsénico. Quienes explotan oro ilegalmente no son pobladores que ciernen manualmente la tierra mojada hasta que brille su destino.
Mineros S.A. es la empresa que opera hoy en El Bagre; en la región dicen que allí se hace explotación minera desde la época de la colonia, sí ¡desde la época de la colonia! Mineros S.A. es el dueño del subsuelo en esta región.
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Foto: Katherine Miranda[/caption]
El doctor Julio Robayo, profesor de derecho constitucional y administrativo, en la Universidad del Rosario hubiera sufrido un infarto con esta información; que una empresa privada sea dueña absoluta del subsuelo colombiano y pueda explotar, bajo manto de legalidad, recursos como el oro que hace parte de nuestras montañas es terrible.
Ellos, quienes extraen oro ilegalmente, explotan sin compromiso, sin corresponsabilidad con los más de 50 mil pobladores de El Bagre, quienes han heredado forzadamente una deprimida calidad de vida.
A medida que avanzamos, en nuestro recorrido, fue creciendo nuestra indignación con la información que nos ofrecían: el 87% de la minería en El Bagre es ilegal, con esta actividad se vierten miles de toneladas de mercurio al río Nechí para alterar el curso de los afluentes de los ríos, facilitando así la remoción y posterior extracción de la tierra que contiene el oro, con la operación de los “dragoneantes” (retroexcavadoras).
Es urgente implementar un proceso de transición para salir del modelo permisivo y extractivista que desplaza, de nuevo, a campesinos que se encuentran atrapados entre las facciones del clan del golfo, el ELN y los grupos de traficantes internacionales que están monopolizando el negocio de la minería ilegal, auspiciados por la mano negra del narcotráfico.
Triste, muy triste el panorama social y ambiental de este sector del territorio antioqueño.
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Foto: Katherine Miranda[/caption]
Foto: Katherine Miranda[/caption]
Nuestra visita duró dos días que sirvieron para entender plenamente la situación de sus pobladores. Pasé la noche sin dormir, sin atreverme a prender la luz, con los zapatos puestos y la maleta sin desempacar; mientras oía los balazos por los enfrentamientos pensaba en quienes tienen que salir de allí desarraigados y en quienes se quedan y se someten a una vida ilegal. Decisiones que, en ambos casos, se toman para no perder la vida. Un líder ambiental me decía el año pasado: asesinaron a mi mujer y hoy ya no quiero defender el río Nechí porque prefiero la vida de mis hijas y conservar la mía.
¿Por qué en Colombia nos empeñamos en maltratar la vida? Cuando se respeta la vida, se empiezan a respetar los otros derechos y en nuestro país nos alejamos cada vez más de ese principio. Desde el Congreso de la República le exijo al Estado que haga presencia para garantizar la vida y la preservación del medio ambiente de todos los habitantes de El Bagre y del bajo Cauca, no solo para asegurar la vida de los explotadores de la empresa Mineros S.A.. También es prioritario revisar temas como la licencia otorgada por el gobierno colombiano a Mineros S.A. ya que no entrega algo significativo al municipio, urge que el Estado haga presencia en la región.
En próximos días radicaré un proyecto de ley ante el Congreso de la República que busque prohibir por completo el uso del mercurio y el arsénico para evitar que esos elementos pesados lleguen a nuestros ríos, contaminándolos, envenenando toda la vida que allí habita, que complementará la ley 1658 de 2013.
Celebro el fallo del Consejo de Estado que decide que los municipios sí pueden prohibir actividades mineras, es decir, los gobiernos locales tienen competencia en los asuntos mineros, ambientales y energéticos; y deben coordinar el ejercicio de sus funciones.
El alto tribunal también dice que “si no se logra una concertación, entonces prima la competencia de las autoridades municipales. y asegura que las consultas posibilitan el derecho de participación ciudadana”.
Es tiempo que los gobernantes locales asuman una verdadera responsabilidad frente a su territorio y a la población que representan, lejos de los intereses políticos y económicos e íntimamente comprometidos con el cuidado del agua y del ambiente. Ya es hora de reivindicar todo el daño que se ha causado a nuestra Nación.
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Foto: Katherine Miranda[/caption]
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Para cerrar con “broche de oro”, a propósito del tema que nos ocupa, el gobernador de Antioquia empezó este fin de semana el control de los cultivos de coca con glifosato. Dolorosamente, Luis Pérez está condenando a su departamento, entregándolo a manos de los explotadores del oro y dejándolo a merced de las nefastas consecuencias del glifosato.
Foto: Katherine Miranda[/caption]
El doctor Julio Robayo, profesor de derecho constitucional y administrativo, en la Universidad del Rosario hubiera sufrido un infarto con esta información; que una empresa privada sea dueña absoluta del subsuelo colombiano y pueda explotar, bajo manto de legalidad, recursos como el oro que hace parte de nuestras montañas es terrible.
Ellos, quienes extraen oro ilegalmente, explotan sin compromiso, sin corresponsabilidad con los más de 50 mil pobladores de El Bagre, quienes han heredado forzadamente una deprimida calidad de vida.
A medida que avanzamos, en nuestro recorrido, fue creciendo nuestra indignación con la información que nos ofrecían: el 87% de la minería en El Bagre es ilegal, con esta actividad se vierten miles de toneladas de mercurio al río Nechí para alterar el curso de los afluentes de los ríos, facilitando así la remoción y posterior extracción de la tierra que contiene el oro, con la operación de los “dragoneantes” (retroexcavadoras).
Es urgente implementar un proceso de transición para salir del modelo permisivo y extractivista que desplaza, de nuevo, a campesinos que se encuentran atrapados entre las facciones del clan del golfo, el ELN y los grupos de traficantes internacionales que están monopolizando el negocio de la minería ilegal, auspiciados por la mano negra del narcotráfico.
Triste, muy triste el panorama social y ambiental de este sector del territorio antioqueño.
[caption id="attachment_966201" align="alignnone" width="1280"] Foto: Katherine Miranda[/caption]
Es tiempo de impulsar el cambio
Mientras veo las pequeñas lagunas de agua en una zona de incipiente recuperación recordé lo sucedido en Bodie, en Estados Unidos, una población a 580 km de Las Vegas. Bodie llegó a ser la segunda ciudad más grande del estado de California después de Los Ángeles, fue construída rápidamente en 1859 tras conocerse que era rica en oro; menos de un siglo después, tras haber sido saqueada, dejó de ser una próspera ciudad de bonanza dorada para convertirse en casi un pueblo fantasma que vio su lúgubre caída en la década los años 50. En Latinoamérica Humberstone y Santa Laura en Chile corrieron con la misma suerte. Cómo duele pensar que poblaciones ricas en biodiversidad y en recursos minerales puedan correr la misma suerte de los casos de Estados Unidos y Chile, en verdad duele el bajo Cauca antioqueño. El 70% de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país ocurren en municipios mineros y petroleros y, según Francisco Ramírez Cuellar líder sindical de la minería, en estos mismos territorios se presenta el 87 % de los desplazamientos forzados. Desafortuandamente, coinciden en el mismo espacio, la intervención minera, los atentados contra las libertades y los derechos de carácter civil y político y los crímenes que atentan contra la dignidad humana. [caption id="attachment_966203" align="alignnone" width="960"] Foto: Katherine Miranda[/caption]
Nuestra visita duró dos días que sirvieron para entender plenamente la situación de sus pobladores. Pasé la noche sin dormir, sin atreverme a prender la luz, con los zapatos puestos y la maleta sin desempacar; mientras oía los balazos por los enfrentamientos pensaba en quienes tienen que salir de allí desarraigados y en quienes se quedan y se someten a una vida ilegal. Decisiones que, en ambos casos, se toman para no perder la vida. Un líder ambiental me decía el año pasado: asesinaron a mi mujer y hoy ya no quiero defender el río Nechí porque prefiero la vida de mis hijas y conservar la mía.
¿Por qué en Colombia nos empeñamos en maltratar la vida? Cuando se respeta la vida, se empiezan a respetar los otros derechos y en nuestro país nos alejamos cada vez más de ese principio. Desde el Congreso de la República le exijo al Estado que haga presencia para garantizar la vida y la preservación del medio ambiente de todos los habitantes de El Bagre y del bajo Cauca, no solo para asegurar la vida de los explotadores de la empresa Mineros S.A.. También es prioritario revisar temas como la licencia otorgada por el gobierno colombiano a Mineros S.A. ya que no entrega algo significativo al municipio, urge que el Estado haga presencia en la región.
En próximos días radicaré un proyecto de ley ante el Congreso de la República que busque prohibir por completo el uso del mercurio y el arsénico para evitar que esos elementos pesados lleguen a nuestros ríos, contaminándolos, envenenando toda la vida que allí habita, que complementará la ley 1658 de 2013.
Celebro el fallo del Consejo de Estado que decide que los municipios sí pueden prohibir actividades mineras, es decir, los gobiernos locales tienen competencia en los asuntos mineros, ambientales y energéticos; y deben coordinar el ejercicio de sus funciones.
El alto tribunal también dice que “si no se logra una concertación, entonces prima la competencia de las autoridades municipales. y asegura que las consultas posibilitan el derecho de participación ciudadana”.
Es tiempo que los gobernantes locales asuman una verdadera responsabilidad frente a su territorio y a la población que representan, lejos de los intereses políticos y económicos e íntimamente comprometidos con el cuidado del agua y del ambiente. Ya es hora de reivindicar todo el daño que se ha causado a nuestra Nación.
[caption id="attachment_966205" align="alignnone" width="1280"] Foto: Katherine Miranda[/caption]
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Para cerrar con “broche de oro”, a propósito del tema que nos ocupa, el gobernador de Antioquia empezó este fin de semana el control de los cultivos de coca con glifosato. Dolorosamente, Luis Pérez está condenando a su departamento, entregándolo a manos de los explotadores del oro y dejándolo a merced de las nefastas consecuencias del glifosato.
