A paso de tortuga

A paso de tortuga. A ese ritmo avanza, si la palabra aguanta, la implementación del componente zonal del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá SITP. O los llamados “buses azules”. Y ello ocurre, no solo por el trauma de nacimiento que significó el tipo de contratos celebrados en el 2010 por la Administración de Samuel Moreno con los operadores privados seleccionados en una traumática licitación. Ocurre también por una seguidilla de equivocaciones e improvisaciones del actual gobierno distrital, y en particular, de la Secretaría de Movilidad. La afortunada decisión de dotar a la capital de un Sistema Integrado de Transporte Público que articule distintos modos de movilidad, unifique la tarifa y el mecanismo de acceso al sistema y sustituya por completo el transporte tradicional, viene desde hace rato. Fue planteado en el plan de movilidad formulado por la agencia de cooperación japonesa JICA en la primera administración Mockus. Y luego fue reiterado en el Gobierno Peñalosa cuando en tiempo record se concibió y puso en marcha el sistema Transmilenio, y en el Plan Maestro de Movilidad decretado en tiempos de Lucho Garzón. Solo que Moreno, a quien le tocó licitar su operación, modificó, al calor de un paro de transportadores, el modelo financiero e incorporó una lógica rentista a favor de los propietarios de buses y busetas, que tiene en riesgo de quiebra a todo el servicio de transporte público de la ciudad. Quiebra que empezó con los consorcios Egobus y Coobus que agrupan,sobre todo, a los pequeños transportadores. En su momento distintas voces le suplicaron al Alcalde Petro no arrancar la implementación del SIPT hasta que no estuvieran listos todos sus componentes. La unificación de las tarjetas, la infraestructura de parqueaderos y paraderos, la plataforma tecnológica y la pedagogía ciudadana. Hubo quienes pidieron una revisión y ajuste de los contratos de operación. Pero pudo más el desesperado “ímpetu reformador” del Alcalde que la aconsejable planeación en la ejecución de decisiones y políticas públicas. Para completar, enmedio de otro paro de los transportadores, el 22 de octubre de 2014, el Alcalde se comprometió a pagar con recursos de la ciudad, las rentas a los propietarios de Egobus y Coobus por sus vehículos tradicionales entregados. Y como si fuera poco, asumió directamente la chatarrización de los 1.853 buses viejos pendientes por sacar de circulación de estos dos operadores y  que según los contratos es responsabilidad de los mismos. Mientras que la chatarrización de los buses antiguos del resto de los operadores, elemento clave para eliminar el paralelismo de rutas y buses tradicionales y para presionarque los ciudadanos se suban al SITP, solo llega al 39%. A ese ritmo, nos demoraríamos 26 meses más para lograr el 100% de su implementación. Por eso sorprendió el anuncio del Alcalde de que el 1 de junio dejarían de circular más de 4.000 buses y busetas tradicionales. Sobre todo porque la propia Secretaría de Hacienda del Distrito reconoció que no se ha ejecutado un solo peso de los doscientos mil millones aprobados por el Concejo en el Presupuesto 2015 para la chatarrización comprometida en el Paro. Y porque estamos en riesgo de que los demás operadores pidan un trato igualitario en la chatarrización de sus vehículos. Ello nos costaría cuatrocientos mil millones de pesos adicionales que no están presupuestados. Pero más sorpresa produjo la orden para que la empresa Transmilenio opere los cuatro mil buses viejos, ante su imposible chatarrización en la fecha anunciada. Sorpresa porque Transmilenio se ha revelado como ineficiente en la operación de las troncales y buses rojos. Pero sobre todo, porque Transmilenio fue creada para sustituir el transporte tradicional, no para terminar operándolo. Con estas decisiones y este derroche de improvisación e ineficiencia, en movilidad, seguiremos a paso de tortuga. @AntonioSanguino