La represa represada

Dom, 09/09/2018 - 07:38
Desde que tengo uso de razón he estado oyendo hablar del 'Proyecto de la Represa del Ranchería' en La Guajira, un sueño largamente acariciado y aplazado indefinidamente que tiende a convertirse en
Desde que tengo uso de razón he estado oyendo hablar del 'Proyecto de la Represa del Ranchería' en La Guajira, un sueño largamente acariciado y aplazado indefinidamente que tiende a convertirse en una pesadilla por cuenta del desdén y la desidia de los sucesivos gobiernos. Estamos hablando de un proyecto multipropósito: irrigar 18.030 hectáreas, generar 7 MW de energía y servir de fuente de abastecimiento de los acueductos de 9 de los 15 municipios que integran el departamento. El mismo, ha servido de caballito de batalla en todas las contiendas electorales, sobre el cual han cabalgado los aspirantes al solio de Bolívar en los últimos 50 años; mal contados, estamos hablando de más de 12 cuatrienios presidenciales y aún sigue siendo una promesa incumplida. La represa de la Ranchería sigue inconclusa y como en el cuento del gallo capón, cuando se pregunta por ella sólo se tienen preguntas por respuestas. Como en el drama de Sísifo, una y otra vez se intentó porfiadamente ir más allá de los estudios sin encontrar eco en el Gobierno Nacional, sin cuyo concurso es imposible su realización, dada la envergadura del mismo. En uno de esos tantos intentos frustráneos, como presidente del Congreso de la República logramos persuadir al presidente Ernesto Samper, de su importancia e impacto regional y la necesidad de su apoyo. En efecto, en las postrimerías de su gobierno se abrió la licitación para los estudios, diseños y ejecución del Proyecto, pero con tan mala suerte para La guajira que el triunfo en las urnas del Presidente Andrés Pastrana truncó el proceso al declarar desierta la licitación el 11 de octubre de 1999. Pudo  más la revancha contra el Gobierno anterior que los superiores intereses del Estado en este desaguisado. Como Senador no me quedó más que protestar enérgicamente “a propósito de este atropello inadmisible por este golpe bajo” que se le infligió a La Guajira y a los guajiros. ¡Se nos quemó el pan en la boca del horno! A todo señor, todo honor, al ex presidente Álvaro Uribe se le abona su determinación al desengavetar el Proyecto del Ranchería y ordenar los diseños y la ejecución de la primera fase del mismo. En diciembre de 2010 se dio por finalizada la presa El Cercado, con un área inundable de 640 hectáreas y una capacidad de embalse de 198 millones de metros cúbicos de agua, así como las líneas de conducción principal de los distritos de riego Ranchería y San Juan del Cesar. El monto de la inversión fue del orden de los $650.208 millones, de los cuales aportó el Departamento la suma de $69.733, con cargo a sus regalías directas. Y desde entonces a este Proyecto, redentor para la región, ha estado represado y se le ha venido mamando gallo para posibilitar la ejecución de su segunda fase, sin la cual la primera, como lo afirmó el Contralor General Edgardo Maya Villazón, “no cumple con los fines que perseguía la inversión realizada". ¡Esto es inaudito! Con el arribo del Presidente Juan Manuel Santos La guajira abrigaba la esperanza de que se le diera solución de continuidad a este Proyecto, pero fue muy poco lo que se avanzó al respecto. Su primer Ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo fue muy escéptico sobre el mismo, al que calificó como un “elefante blanco a medias”. Llegó a afirmar que este es “un buen caso de mala asignación de recursos fiscales” porque, según él, esta obra terminará costando $1.2 billones y dado que las tierras que serán objeto de riego tienen una extensión de 18.536 hectáreas, el costo del riego por hectárea saldría a $50 millones, diez veces el costo promedio en el país. No obstante, para llegar a esta escandalosa cifra, el Ministro parte de la base de cargarle al costo del riego tanto el valor de la inversión de la primera fase como la que resta, cuando, la verdad sea dicha, lo ya construido debe considerarse un bien público con el que la Nación apenas empieza a redimir una vieja deuda social que tiene con este Departamento. Por lo tanto, dicha inversión debe considerarse como un costo hundido que no se puede trasladar a la tarifa por el uso del agua, si se quiere que este proyecto sea viable y sostenible en el tiempo. Del Gobierno Nacional depende que el Proyecto de la Represa del Ranchería se quede a medio palo. Como lo registró la CGR en su Informe de Auditoría, a pesar de la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la declaratoria del Estado de cosas no constitucional por parte de la Corte Constitucional amparando el derecho al acceso por parte de la población al agua potable, “si bien las obras de ampliación y optimización de la planta de tratamiento de agua potable de METESUSTO están muy avanzadas, aún no se ha conectado a la conducción del Distrito Ranchería”. Huelga decir que no obstante que el uso del agua para consumo humano es la primera prioridad, el aprovisionamiento de la misma a partir de la Represa del Ranchería, dado su carácter integral, depende de la ejecución de la segunda fase de este Proyecto. ¡Así de claro!
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