Dos años duró el Senador Iván Darío Agudelo patinando en el Congreso el proyecto de ley para la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Un año duraron los ajustes jurídicos e institucionales para la transformación de Colciencias en Ministerio. Después de todo ese tiempo se esperaba que el Presidente nombrara al Ministro/a de Ciencias y, pese a todos los pronósticos, empezó nombrando a sus viceministros antes que a la cabeza del Ministerio. Finalmente, el 30 de diciembre del 2019 anunció que la bioquímica Mabel Torres, miembro de la Misión de Sabios, había sido escogida como la primera Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia.
La llegada al Ministerio de Ciencias de la doctora Torres no viene sin críticas fuertes. El pasado 10 de enero, por ejemplo, el periodista Pablo Correa publicó en el diario El Espectador una columna titulada “La ministra de Ciencia y su dudosa promesa contra el cáncer”. La columna se centró en hacer una crítica a la forma como Mabel Torres, hoy Ministra de Ciencias, ha implementado su conocimiento científico en pacientes con cáncer. En efecto, el artículo comenta que la hoy Ministra de Ciencias “se saltó todos los pasos del desarrollo de un producto farmacéutico a partir de plantas medicinales, porque, según ella, “había una sola manera de probarlo, y era ver cómo funcionaba en pacientes”. Lo anterior a pesar de que los protocolos científicos establecen implementar múltiples pruebas clínicas con el fin de probar su idoneidad e inocuidad, antes de suministrarle a pacientes dichos productos .
Al respecto, la ministra Torres reconoce que sí se le presentaron en el camino dilemas éticos, pero que su intuición y ganas de ayudar, prevalecieron sobre su deber científico de seguir un protocolo. Sin embargo, tratándose de pruebas con humanos la decisión no es del científico. En efecto, en Colombia la Resolución 2378 de 2008 establece que “No se podrán iniciar proyectos de investigación clínica con medicamentos en seres humanos, que no estén aprobados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, o que no hayan obtenido visto bueno previo por parte de dicho Instituto”.
En este sentido, me surgen varias preguntas: ¿Estaba la Ministra Torres haciendo investigación clínica? ¿Puede un científico darle una bebida a un enfermo de cáncer sin seguir el protocolo de la Resolución 2378? ¿Constituye o no un medicamento, una bebida a base de la extracción del hongo ganoderma elaborada por un científico?
Si la doctora Torres hubiera pedido financiamiento de Colciencias para realizar investigación sobre el efecto del ganoderma en pacientes de cáncer, uno de los requisitos exigidos por dicha institución habría sido el aval de un comité de ética. Lo anterior también en línea con lo establecido en la Resolución 2378 de 2008 que establece que “Toda investigación que recaiga sobre seres humanos debe ser evaluada y aprobada por el Comité de Ética Institucional”.
Este requisito no es simplemente un trámite más de los requeridos, es una valiosa oportunidad para que los pares de un científico revisen la idoneidad de la labor llevada a cabo por un investigador. Por ejemplo, es la ocasión para verificar si el investigador ha previsto que los pacientes firmen un consentimiento informado a través del cual notifica de manera clara y explícita a los pacientes, antes de practicar cualquier procedimiento, sus posibles riesgos y el uso que dará a los datos que obtenga con las pruebas. Lo anterior, con el fin de garantizar transparencia y confidencialidad del proceso y de los resultados de la investigación, así como, de evitar posibles abusos de los investigadores.
En ese orden de ideas, la Ministra entra a liderar el sistema de ciencia, tecnología e innovación con una decisión de darle prioridad a su intuición y su necesidad de usar su conocimiento para curar, frente a su obligación como científica de seguir estrictamente los protocolos establecidos en el marco de la investigación con seres humanos.
Como abogada, considero que la disyuntiva de la Ministra genera una fisura en la interpretación de los principios éticos que todo científico debe seguir, y abre la puerta a inquietudes que es relevante analizar: ¿cómo va la Ministra a exigir que los investigadores sigan protocolos como los establecidos en la Resolución 2378, sí ella misma es de la opinión que no es necesario seguir ese camino?, ¿seguirá el Ministerio de Ciencias la buena práctica de Colciencias de exigir que un Comité de Ética avale cualquier proyecto, previa la obtención de financiación pública?, o ¿promoverá la actual Ministra una nueva Resolución que permita que los científicos experimenten ciertos procedimientos, sin haberles informado previamente sobre las características del procedimiento y los posibles riesgos del mismo? ¿cómo presentaremos ante las instancias internacionales la nueva visión de la ética en la investigación de Colombia, teniendo en cuenta que los estándares éticos de la investigación no son solo Colombianos sino internacionales?
En conclusión, el nombramiento de la doctora Torres como Ministra de Ciencias generó una gran acogida por su energía, vitalidad y por su vínculo como científica. Sin embargo, estas declaraciones de su “rebeldía” con la ciencia me generan serias preguntas sobre el liderazgo que quiere imprimir en su paso por el Ministerio.
Ha sido mucho el esfuerzo realizado por el Senador Iván Darío Agudelo y por Diego Hernández, como Director del Departamento Administrativo Colciencias para generar unos cimientos sólidos para el nacimiento del Ministerio de Ciencia, pero es crucial que este esfuerzo siga su evolución exitosa a través de una política de promoción científica clara. De lo contrario, puede quedar en un intento fallido de fortalecer la ciencia en Colombia, con las consecuencias que esto puede tener en el uso del conocimiento científico para el desarrollo económico y social del país.
La ministra de Ciencia y la ética
Mié, 15/01/2020 - 10:26
Dos años duró el Senador Iván Darío Agudelo patinando en el Congreso el proyecto de ley para la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Un año duraron los ajustes jurídic